il 289 muertes sobre 72 mil 546 casos confirmados al 29 de junio. Porque desde agosto de 2009 la Secretaría de Salud (Ssa) instruyó que sólo se realizaran pruebas de laboratorio al 10 por ciento de los casos sospechosos presentados en las 560 unidades centinela dispuestas en el país.

Independientemente de las fallas estructurales en la detección oportuna del virus –sólo más de un año después, mayo de 2010, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológica (Indre) dispone de un laboratorio de bioseguridad nivel 3– y del colapso del proceso de descentralización, la epidemia mostró tres grandes constantes que atraviesan el sistema nacional de salud entero tecnocráticamente reformado desde Soberón hasta Frenk.

Hasta Armando Ahued, secretario de Salud del Gobierno del Distrito Federal, debió reconocer que la epidemia puso a prueba los servicios de la ciudad y del país, exhibiendo sus fallas y debilidades.

Primera. A pesar de los colosales recursos que se destinan al incoherente Seguro Popular foxista y su modalidad petit: el Seguro Médico para una Nueva Generación de Calderón –sólo 53 mil millones de pesos en 2010–, ellos no lucen en el frente de operación: en la trinchera de los servicios, para decirlo con el lenguaje del doctor Córdova, secretario de Salud.

A pesar de su ya remoto diagnóstico de diciembre de 2006: las quejas se originan en la falta de recursos y sobredemanda; a que los médicos tengan que ver muchos pacientes en un tiempo corto, sin incentivos y con un salario apenas digno; es imposible pedirles que den todo cuando trabajan en situaciones tan complejas, la epidemia confirmó que aun en situaciones de extrema emergencia se sigue atendiendo una demanda acrecentada con los mismos o menores recursos.

El doctor Rogelio Pérez Palacios, director del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias (INER), lo expresó así: La epidemia significó habilitar camas de terapia intensiva en pabellones normales, y eso es muy pesado para el personal y para los recursos del instituto. Es una situación anómala que no se puede sostener indefinidamente.

Segunda. A pesar de que México suma más de una centena de escuelas y facultades de medicina y con una Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para la Salud (CIFRHS) que –entre imparables protestas y justificadas sospechas de los jóvenes estudiantes– sólo raciona el acceso a las especialidades médicas del Examen Nacional de Aspirantes a Residencias Médicas (ENARM), las políticas sanitarias federales llevan ¡44 años! –desde la publicación del trabajo pionero El médico que el país necesita, de Pedro Daniel Martínez (1966)– sin pronunciarse explícitamente y con la fuerza de su rectoría sobre el perfil de ese médico que el país necesita. Esta extravagancia gubernamental soslaya la formación actualizada del médico general y, por tanto, la adecuada atención médica en el primer nivel.

Para decirlo, nuevamente, en los términos del doctor Pérez Palacios: el sistema de atención primaria requiere reforzarse. En medio de la epidemia no era posible resolverlo. Ella era muy importante para evitar que los enfermos se pusieran muy graves y llegaran al hospital. Se hicieron cursos de entrenamiento a los médicos generales. Pero seguimos recibiendo pacientes que vienen con antibióticos, que ya fueron consultados en más de una ocasión y no reciben el antiviral ni están vacunados.

Y esto sucede en una de las 12 joyas de la corona: los Institutos Nacionales de Salud. Además del temor a la saturación, relata Pérez Palacios, el personal mostraba miedo, pues tenía contacto con los pacientes más graves. Conforme pasaron los meses, el cansancio y la fatiga fueron lo más relevante.

Pero las políticas federales, respondiendo inercialmente más a la dinámica del mercado médico, sólo privilegian los 47 Consejos de Especialidades Médicas, a través del Comité Normativo Nacional de Consejos de Especialidades Médicas, y su absoluta neutralidad frente a las decisiones de la Academia Nacional de Medicina y la Academia Mexicana de Cirugía, que apenas agrupan 90 mil médicos especialistas de un universo nacional que puede ya alcanzar los 300 mil graduados.

Para el doctor Córdova esta segunda lección muestra que hubo una lenta respuesta de los médicos familiares o generales, y tampoco existía un mecanismo de comunicación entre éstos y los hospitales.

Tercera. Entonces, ¿dónde están los cuantiosos recursos para la salud prodigados por Fox y Calderón? Están en poder de una burocracia que los 32 gobernadores del país han empoderado a través de los 32 Regímenes Estatales de Protección Social en Salud que operan el incoherente Seguro Popular y su modalidad petit en las 32 entidades federativas. No están en el frente ni en la trinchera de la atención, como hubiera querido, hace ya cuatro largos años, el doctor Córdova. Están al servicio de los procesos electorales en calidad de programas que dan salud y para nutrir invariablemente al alza las encuestas de aprobación presidencial.

Como gusta decir Calderón: el gobernador Sabines y yo nos vamos a encargar de que antes que concluya su administración y la mía, vamos a tener cobertura universal de salud en Chiapas. ¿Tolerará esta clara anomalía antisanitaria el próximo Presidente de la República?

En este cuadro poco prometedor el doctor Córdova levantó el 29 de junio –un año y dos meses después– la alerta que declaró la administración de Felipe Calderón el 23 de abril de 2009, respuesta mexicana que, para Julio Frenk, fue ejemplar. Los gobiernos del mundo le deben mucho a México.

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco