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Las versiones de que el gobierno estatal persigue a esas mujeres, puros dichos, asegura

Reta Oliva Ramírez a probar que en Guanajuato hay presas por aborto
Enviado
Periódico La Jornada
Miércoles 28 de julio de 2010, p. 17

Dolores Hidalgo, Gto., 27 de julio. El gobernador de Guanajuato, el panista Juan Manuel Oliva Ramírez, retó este martes a que le demuestren que existen presas por abortar.

No hay ninguna en la cárcel por abortar, y diría que nos demuestren lo contrario, sostuvo el funcionario, durante una conferencia de prensa que encabezó junto con la secretaria de Turismo, Gloria Guevara Manzo, tras el lanzamiento de las Rutas carreteras del Bicentenario en esta ciudad.

Expresó: Las versiones sobre la persecución del gobierno estatal hacia mujeres que han abortado son puros dichos, pero respeto esas declaraciones aunque no comparto sus contenidos.

Durante la conferencia, periodistas preguntaron al goberna- dor por qué en Guanajuato, don- de se inició la lucha por la Independencia, se persigue a muje- res que abortan, en vez de a los delincuentes.

El funcionario contestó al principio que respondería a ese tema al final de la conferencia por respeto a la investidura de la secretaria de Turismo, pero la insistencia de los reporteros lo obligó a dar una declaración.

Quiero expresar que en Guanajuato no existe esto (mujeres encarceladas por aborto) y lo digo así, de frente, no existe, refirió el gobernador, quien añadió: Hay mujeres que tienen que ver con la muerte de los niños que parieron vivos. Le pido a la prensa que investigue cómo ocurrió la muerte de estos niños, que de ninguna manera se trata de abortos.

Hace dos semanas, la organización feminista centro Las Libres consiguió la liberación de Alma Yareli Salazar Saldaña, quien abortó en forma espontánea, aunque fue sentenciada a 27 años y seis meses de prisión, debido a que la Procuraduría de Justicia estatal la acusó de homicidio en razón de parentesco.

Según la organización, de 2000 a la fecha 160 mujeres fueron procesadas penalmente por abortar; 43 enfrentan proceso judicial, nueve recibieron sentencia condenatoria y seis purgan penas hasta de 30 años de cárcel.