Nextel confirmó que no pagará más de 180 millones 300 mil pesos por el bloque de 30 megahercios (Mhz) al que aspira en la frecuencia de 1.7 gigahercios de la licitación 21, porque iría en contra de las bases del concurso, y anunció en su reporte financiero del segundo trimestre del año que el gobierno mexicano le devolverá 22 millones de dólares que corresponden a cuotas excedentes pagadas por el uso del espectro.

Así, crece la polémica sobre la licitación de la frecuencia de 1.7 gigahercios (Ghz).

El director jurídico de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Sánchez Henkel, señaló que el pleno de la Comisión Federal de Telecomunicaciones es el único que puede dar por válido el concurso en el que Televisa-Nextel pagarán 180 millones de pesos por un bloque de 30 Mhz de cobertura nacional, sin considerar la opinión de todos aquellos que se han pronunciado en contra del proceso y han pedido su suspensión.

Mientras, especialistas nacionales y extranjeros de instituciones educativas, como el ITAM, y empresas, así como organizaciones gubernamentales especializadas en el sector, como la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (AMEDI), insisten en la necesidad de suspender la licitación 21 debido a que el Estado mexicano entregará el espectro a un precio irrisorio, se infligirá un daño patrimonial de aproximadamente cinco mil millones de pesos, y se validará un proceso hecho a modo para beneficiar al grupo Televisa-Nextel.

Ayer Nextel fijó su postura respecto de la intención de Telcel de que se aplique una fórmula de igualación de precios en la licitación 21, con lo que la empresa, que va en sociedad con Televisa, tendría que pagar más por el bloque de 30 Mhz de cobertura nacional al que aspiran. Alega que no es una regla establecida en las bases del concurso y la irretroactividad de las leyes es un principio fundamental de la Constitución.

Acusó a la principal empresa de Carlos Slim de oponerse a la entrada de nuevos competidores y la conminó a ajustarse a las reglas del concurso elaboradas por la Cofetel.

La empresa de origen estadunidense dio a conocer ayer su reporte financiero al cierre del tercer trimestre, en el que destaca que obtuvo ingresos por mil 350 millones de dólares, que representan un crecimiento de 28 por ciento en comparación con el mismo periodo de 2009, y ganancias operativas antes de depreciaciones y amortizaciones por 348 millones de dólares, entre los que se cuentan 22 millones que le devolvió el gobierno mexicano por cuotas excedentes pagadas por el uso de espectro, debido a que estaban pendientes las solicitudes para renovar ciertas licencias de espectro.

La empresa explicó que como resultado de la renovación de licencias durante el segundo trimestre ahora están sujetas al pago de derechos por uso de espectro considerando una nueva estructura de cuotas más reducidas, lo cual dio como resultado esta devolución de montos excedentes pagados con anterioridad al amparo de la nueva estructura de cuotas.

Nextel informó a los inversionistas que participa en la licitación 21 de espectro junto con Televisa, y que la Cofetel calificó su oferta de 180 millones 300 mil pesos como la del mayor postor para obtener un bloque nacional de 30 megahercios y el órgano regulador tiene 30 días para confirmar esos datos. Por lo pronto, la empresa anunció que realizará inversiones para desarrollar su red en todo el territorio mexicano.

La SCT no está en desacato: Sánchez Henkel

El director jurídico de la SCT, Gerardo Sánchez Henkel, dijo que la Cofetel podría declarar desierta la licitación 21 de espectro radioeléctrico si considera que hay elementos suficientes, y puntualizó que eso lo decidirán sólo los comisionados, sin tener que considerar las opiniones de quienes han solicitado detener el concurso.

Sánchez Henkel señaló que si el proceso se detuviera por la diferencia en los montos que pagarán Televisa-Nextel en relación con otros concursantes, entonces la lógica sería dejar el espectro al que tenga más dinero y no a quien represente una opción de competencia.

Rechazó que la SCT o la Cofetel hayan incurrido en desacato de la medida cautelar concedida por el juez tercero de distrito radicado en Guerrero, porque no ha sido debidamente notificada, conforme establece el artículo 102A de la Constitución.

El abogado reconoció que el juez notificó de la medida cautelar concedida a Iusacell en unas oficinas de la SCT ubicadas en Acapulco, pero se trataba de una oficina de expedición de licencias para conductores de transporte federal, por lo que no fue válida, ya que la residencia de los poderes federales está en la ciudad de México y la SCT es una entidad del Ejecutivo federal.

Dijo que a lo largo de la licitación 21 Iusacell presentó alrededor de 60 solicitudes de amparo y que las 60 fueron rechazadas. En el caso de la medida cautelar, puntualizó, no se reclama la actuación de la autoridad, sino prestaciones, y además la demandante afirma que la SCT pretende establecer contratos con los participantes en la licitación y no concesiones, de tal forma que es un planteamiento equivocado.

Sánchez Henkel también defendió el polémico nombramiento de Mony de Swaan como comisionado de la Cofetel, al señalar que si miembros del Senado de la República consideran que fue un acto ilegal tendrán que probarlo en tribunales, pero su designación es eficaz en su contenido, sentido y alcance y se va a sostener por sí misma aunque surjan impugnaciones. Mony de Swaan conoce mejor el sector que muchos de los que se dicen especialistas, y los actores tienen mejor interacción con él que con otros que también se decían especialistas. Mony de Swaan es una gran adquisición de la Cofetel, concluyó el abogado.