uevamente se colocó Andrés Manuel López Obrador en el ojo del huracán. La más reciente concentración en el Zócalo de la ciudad de México demostró, una vez más, que el persistente trabajo político a lo largo y ancho del país lo convierte en el referente obligado para considerarlo como una opción que puede abrir espacio a la posibilidad de que se termine con la lógica de más de lo mismo y un tanto peor que significó el arribo del panismo a la Presidencia de la República. No es tarea fácil la que se anunció el 25 de julio pasado, con todos los factores de poder en contra. Sin embargo la fortaleza y capital político reside en el apoyo popular que pese a todo ha logrado mantener y organizar. Los sectores medios o lo que queda de ellos después de la crisis, en general se inclinarán en el último momento por quien aparezca con más fuerza.

Ojalá se lograra dialogar en serio con los movimientos sociales, ya se vio el costo que ha significado lidiar con el foxismo y el calderonismo después de 70 años de partido de Estado.

Un factor clave en todo este proceso es la elaboración de la propuesta o proyecto alternativo. El grupo de mujeres y hombres que trabajaron en la elaboración del proyecto tienen solvencia profesional, política y moral suficiente, además de que congregan los más diversos campos de conocimiento. Se entiende que se requiriera un punto de partida para la construcción de una propuesta. Sin embargo, de la manera y los tiempos en que se organice la discusión depende la legitimidad de la misma. Lamentablemente aún no se conoce el planteamiento detallado y el enunciado tan lacónico de los 10 puntos no arroja suficientes luces. Hay muchas preguntas que responder para reorientar el rumbo y se supone que habrá apertura para generar un debate sobre los grandes problemas nacionales para decirlo en términos de don Andrés Molina Enríquez.

Me interesó analizar el tratamiento que se da a la transformación del Estado en lógica de inclusión y congruencia con el México pluricultural que somos. No me quedó buen ánimo con los escasos y muy dispersos referentes que se perfilan.

En el punto cuatro, Por una ética republicana y el combate a la corrupción, se menciona acabar con la exclusión social y política: “en tanto que el sistema político no le da suficiente voz y representación a sectores como los pueblos indígenas, las mujeres, jóvenes, y ‘minorías’, como los homosexuales, proponemos un sistema político que garantice los derechos humanos de todos y el acceso efectivo de los ciudadanos a los cargos públicos mediante un sistema de acciones afirmativas”.

De acuerdo con ello. Sin embargo, en el siguiente apartado, Crear una nueva economía, entre otras cuestiones se plantea: Todas las políticas de desarrollo y proyectos económicos tendrán en cuenta sus impactos ambientales y serán sustentables desde el punto de vista ecológico. Hoy, los recursos naturales y la calidad del aire, suelos y agua, han sido objeto de agudos procesos de deterioro. Ello es especialmente notable en los casos de la minería, el turismo, la extracción petrolera, la expansión urbana, y las modalidades industriales de agricultura, pesca, ganadería y producción forestal. Justamente ahí radica uno de los problemas estructurales que están afectando gravemente la sobrevivencia de los pueblos indígenas cuyo enfoque ambientalista, como aparece en el documento, sin el énfasis del impacto sociocultural es, por decir lo menos, la prueba de fuego para un proyecto que realmente se interese en respetar los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Por algo se han organizado los últimos años las redes de afectados ambientales, la de defensa del maíz, la de afectados por represas y en todas ellas está presente la participación de pueblos indígenas y campesinos.

La inclusión en el punto nueve, El campo y la soberanía alimentaria, del planteamiento Reconocer los derechos autonómicos de los pueblos indígenas podría tener el orden inverso, pero no eran el punto central pese a su correcta argumentación: Porque durante cinco siglos los indígenas han sido oprimidos casi hasta la extinción, no puede haber cambio profundo sin abatir el colonialismo interno. Esto significa reconocer sus derechos políticos, socioeconómicos y culturales, lo que incluye formas específicas de autogobierno en sus territorios, derechos colectivos al usufructo de los recursos naturales ubicados en sus ámbitos de dominio, aplicación de normas consuetudinarias de convivencia, preservación y desarrollo de su cultura. Sólo que junto a estos postulados se requiere articulación con el conjunto del proyecto y eso atañe a la consabida propuesta de reforma del Estado más allá de las que así se han llamado siendo sólo electorales. El desafío está en romper el gueto conceptual en que suele colocarse a los pueblos indígenas. Entre otras formas, promoviendo su participación directa desde la elaboración de las propuestas.