a ceremonia de investidura de Juan Manuel Santos como presidente de Colombia, que se celebró ayer en la Plaza Bolívar de Bogotá, transitó entre llamados a transformar ese país y asumir un positivo protagonismo en el escenario internacional; a privilegiar la diplomacia y la prudencia y a vivir en paz con nuestros vecinos. Con el ineludible telón de fondo de la ruptura de relaciones con Caracas, el mandatario entrante resaltó: uno de mis propósitos fundamentales como presidente será reconstruir las relaciones con Venezuela y Ecuador; y, en alusión apenas velada al presidente venezolano, Hugo Chávez –ausente en la ceremonia—, dijo que así como no reconozco enemigos en la política nacional, tampoco lo hago en ningún gobierno extranjero.

Ciertamente, la salida de Álvaro Uribe Vélez del Palacio de Nariño es por sí sola una buena noticia y un factor de relajación para las tensiones que se habían configurado en la región en semanas y meses recientes. El militarismo desbocado con que el ex mandatario se condujo durante su gestión tuvo el efecto de exacerbar el nacionalismo colombiano e incrementar, de esa forma, la popularidad de su gobierno y las posibilidades de triunfo electoral del que es hoy su sucesor. En contraparte, esa beligerancia se convirtió en un factor de riesgo para la estabilidad y la paz en la porción norte de Sudamérica, y en una amenaza constante a los vecinos de Colombia, principalmente Ecuador y Venezuela.

En esa medida, el giro discursivo que presentó ayer Santos –quien se reivindicó como diplomático antes que como soldado– representa un gesto positivo, pero cabe preguntarse por el alcance que tendrá en los hechos. Respecto de esto último, no puede pasarse por alto que el nuevo mandatario representa a una clase política que es, en buena medida, responsable de la violencia que afecta a Colombia y, por añadidura, de las tensiones crecientes con las naciones vecinas. El hoy gobernante arrastra una responsabilidad principal por el caso de los llamados falsos positivos: la presentación, a instancias de las fuerzas de seguridad, de víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales como guerrilleros y paramilitares muertos en combate. Por lo que hace al ámbito externo, no puede omitirse que Santos desempeñó un papel central, siendo ministro de Defensa de Uribe, en el bombardeo a la localidad de Sucumbíos, en Ecuador, en el que murió el líder rebelde Raúl Reyes en marzo de 2008, así como en la suscripción del acuerdo por el cual avaló el establecimiento de bases militares de Estados Unidos en su territorio, medida que es, hasta la fecha, un componente principal del descontento y la desconfianza de las naciones vecinas hacia el gobierno de Bogotá.

En la circunstancia presente, el nuevo mandatario enfrenta el reto de acabar con una guerra que se ha extendido por más de cuatro décadas en su país –y lograr con ello una paz efectiva y merecida para la población– y de atenuar los conflictos derivados del empeño uribista por internacionalizar los problemas internos de la nación sudamericana. Dichas tareas, sin embargo, no parecen posibles en la medida en que el gobernante no planteé una ruptura, o al menos un viraje, respecto de las políticas de su antecesor. Fue desalentador, en esa medida, no haber escuchado en el discurso de ayer mención alguna a la necesidad de depurar una clase política infiltrada por los paramilitares, el narcotráfico y otras expresiones de la mafia; de abandonar la doctrina neoliberal y atenuar las desigualdades sociales como vía para lograr la tan anhelada paz y seguridad interna, ni de modificar la postura de alineamiento sistemático de Bogotá a las directrices de la Casa Blanca y el Pentágono, a fin de garantizar la concordia con las naciones vecinas.

En suma, para lograr la plena vigencia del estado de derecho en Colombia y redimensionar la proyección de ese país ante la región y ante el mundo, Juan Manuel Santos deberá adoptar medidas mucho más profundas y trascendentes que las esbozadas ayer en su discurso de investidura. La más importante, y acaso la más complicada, consiste en desprenderse de la herencia ideológica y política de su antecesor.