El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó ayer (con nueve votos contra dos) el derecho que tienen los matrimonios gays a adoptar menores en el Distrito Federal. La decisión mayoritaria se basó en el derecho constitucional a la igualdad y a la no discriminación, además del propósito de contribuir a un cambio hacia una sociedad más tolerante, más equitativa y más solidaria.

El ministro Arturo Zaldívar aseveró que de haber prohibido que las parejas homoparentales adoptaran, la Corte habría constitucionalizado la discriminación. Es precisamente en aras del respeto al interés superior del niño que debe aceptarse que toda familia, sea como fuere que se forme, merece respeto y protección de la ley y trato igual, señaló.

Además, llamó a que las autoridades pongan atención en el estándar de los procedimientos de adopción en México, que están muy debajo de los internacionales, a efecto de que garanticen que miles de niños que hoy se quedan en albergues u orfanatos puedan tener una familia.

En la cuarta y última sesión en que los ministros analizaron la acción de inconstitucionalidad que presentó la Procuraduría General de la República (PGR), en la que solicitó la invalidez de los artículos 146 y 391 del Código Civil del Distrito Federal que permite los matrimonios gays y que éstos puedan adoptar, la mayoría de ministros rechazó la petición de Aguirre de que antes de votar el tema se analizaran estudios sobre los efectos que tiene en el menor el ser adoptado por familias homosexuales.

José Ramón Cossío dijo que el simple hecho de discutir si los niños que viven en familias en que la pareja es del mismo sexo afecta al interés superior del menor permitiría meter por detrás de la puerta que estos matrimonios son diferentes, lo que daría lugar a su estigmatización y discriminación.

En respuesta a los señalamientos de Aguirre –quien junto con el ministro presidente Guillermo Ortiz Mayagoitia votó en contra–, en el sentido de que los menores que vivan en matrimonios gays serán discriminados por otros niños o por la misma sociedad, Margarita Luna Ramos comentó: puede habe cierto rechazo para alguno de los niños, no lo podemos dejar de reconocer, pero estos son fenómenos de transición que tienen que darse dentro de nuestra sociedad y son precisamente producto de su misma evolución, y toda evolución tiene un comienzo que se da por lo regular a través de una ley que reconoce una realidad.

Ante la mayoría en su contra, Aguirre acotó: faltará a la verdad quien afirme que cualquiera de los 11 que estamos sentados en este hemiciclo ha aducido cuestiones de carácter religioso. Para mí no ha existido invocación alguna o dogma alguno.

Ortiz Mayagotia reiteró en su última intervención que, al igual que Aguirre, sostenía que el matrimonio, según la Constitución, exige como elementos esenciales su composición heterosexual, hombre y mujer, que se unen permanentemente con la voluntad de hacer vida común, de ayudarse voluntariamente, de guardarse fidelidad y de procrear especie.

Añadió que la alteración de esa figura con el artículo 146, que permite las adopciones entre personas del mismo sexo, es inconstitucional.

En cambio, Valls, Cossío, Luna Ramos, Olga Sánchez Cordero, Fernando Franco, Juan N. Silva Meza, José de Jesús Gudiño Pelayo, Arturo Zaldívar y Luis María Aguilar coincidieron en que las sociedades son dinámicas y en que así como en su momento las parejas interraciales, los hijos de padres divorciados, de madre soltera o los adoptados eran discriminados, con el pasar del tiempo ese tipo de familias fueron aceptadas socialmente.

Luna Ramos añadió que normalmente esta evolución de la sociedad comienza con una legislación que reconoce una realidad, con lo que se da la posibilidad de una futura integración.

El problema de la adopción no es problema de género, sino de personas idóneas para la integración de los menores, indicó Luna Ramos. Zaldívar añadió que con decisión de la SCJN no se está dando un cheque en blanco para que todas las parejas homosexuales puedan adoptar, como tampoco lo tienen las heterosexuales, ya que la decisión depende de un proceso administrativo y de la decisión de un juez de lo familiar.

Fernando Franco añadió que el juez debe tomar todas las previsiones para tener la certeza, al momento de conceder una adopción, de que la pareja o persona que lo solicita en lo individual es apta para adoptar y que garantiza de la mejor manera posible el desarrollo integral del niño y su dignidad.

Olga Sánchez Cordero dejó en claro que la Corte no puede fundar sus resoluciones en posiciones sociales, religiosas o de conciencia individual. Debe analizarse el asunto desde la perspectiva de un Estado laico que funda sus decisiones en el reconocimiento de que todas las convicciones tienen la misma dignidad, sobre todo cuando se tratan asuntos que tienen que ver con la dignidad humana.

Luis María Aguilar agregó que para vergüenza de nuestro país, hay instituciones como algunas escuelas, que no mencionaré, que siguen menospreciando a los hijos de divorciados y siguen impidiéndoles el ingreso e incluso expulsándolos de sus claustros. Pero ya es muy claro que nuestra sociedad ha avanzado, que en mayor grado ha superado esas discriminaciones.

Cuando el ministro presidente dio por concluida la votación, unos jóvenes presentes en el salón aplaudieron y corearon: ¡matrimonio y adopción para toda la nación!