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Narcoviolencia
Zetas ejecutaron por la espalda a los 72 migrantes; no pudieron pagar rescate

Los centro y sudamericanos, que iban en grupo cuando los sicarios los interceptaron, se negaron a participar en el cártel

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Rancho San Fernando, Tamaulipas, donde elementos de la Marina hallaron el martes 72 cuerpos de migrantes ejecutadosFoto Ap
Jesús Aranda
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de agosto de 2010, p. 2

Ayer se informó oficialmente que los 72 cadáveres encontrados el pasado martes en el ejido El Huizachal, del municipio de San Fernando, Tamaulipas, son de migrantes provenientes de Centro y Sudamérica, a quienes ejecutaron por la espalda. Muchos de ellos presentaban también el tiro de gracia. Los cuerpos estaban apilados y a la intemperie. Se presume que los autores son pistoleros del cártel de Los Zetas.

Los crímenes ocurrieron 24 horas antes de que elementos de la Armada de México realizaran el hallazgo en una bodega.

De acuerdo con los mismos informes, el único sobreviviente de la masacre llegó el martes en busca de ayuda a un retén instalado por la Marina, donde denunció los hechos. Dijo ser de Ecuador y, según su testimonio, salvó la vida al fingirse muerto. Inicialmente los marinos no le creían, y sólo porque estaba malherido, con un tiro en la espalda, decidieron enviar elementos al lugar.

Informantes de este hecho dijeron a La Jornada que los agresores son integrantes de Los Zetas, y que asesinaron a los migrantes –a quienes tenían secuestrados– porque no les entregaron el dinero exigido para dejarlos libres y porque se negaron a formar parte de ese grupo delictivo.

Las primeras indagatorias revelan que los 58 hombres y 14 mujeres fueron ejecutados con uno o dos tiros.

Información proporcionada por funcionarios que participan en el gabinete de seguridad nacional establece también que los indocumentados viajaban en grupo y se presume que fueron capturados en la carretera que va de Ciudad Victoria a Matamoros para, desde este municipio, cruzar a Estados Unidos.

En ese trayecto, en un punto que aún no se determina, fueron interceptados y llevados a una construcción apenas en obra negra ubicada en el ejido El Huizachal, a 22 kilómetros de San Fernando, población ubicada en la zona norte-centro de Tamaulipas.

Al tener conocimiento de los hechos, la Armada desplegó alrededor de 200 elementos, pero se desconoce el número de personas que custodiaban el lugar, quienes agredieron a los infantes de Marina a su llegada.

En conferencia de prensa realizada en la Secretaría de Gobernación, el vocero del gabinete de seguridad, Alejandro Poiré, declaró que este asesinato masivo de posibles migrantes indocumentados de diversas nacionalidades (mencionó El Salvador, Honduras, Ecuador y Brasil) ocurre en el contexto de una lucha encarnizada y sumamente violenta entre los cárteles del Golfo y Los Zetas, que anteriormente operaban de manera coordinada y cuya lucha interna, desde finales del año pasado, ha traído consigo un incremento sustancial de la violencia en el noreste del país.

Puntualizó que “algunas organizaciones criminales han participado en el secuestro y extorsión de indocumentados centro y sudamericanos, y en algunas ocasiones, incluso, en el intento de su reclutamiento para formar parte de las bandas criminales.

“El hecho de que la delincuencia organizada esté recurriendo a la extorsión y al secuestro de migrantes como mecanismo de financiamiento, y en ocasiones de reclutamiento, sugiere –como han señalado algunos expertos– que algunas organizaciones están enfrentando una situación muy adversa para abastecerse de recursos y para reclutar voluntarios”, añadió.

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El titular de la Sedena, Guillermo Galván, encabezó ayer la ceremonia de retiro de 21 generalesFoto Yazmín Ortega Cortés
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Poiré apuntó que la violencia es resultado de la pugna entre los diferentes cárteles por el control de plazas en el territorio nacional, y también es muestra de que la actividad del Estado para combatirlos merma significativamente su capacidad de operación y sus recursos.

Es por ello que la acción del Estado debe hacerse aún más firme, a fin de poder reducir al máximo sus capacidades para evitar actos lamentables como el que hoy nos convoca, y construir con el esfuerzo de los tres órdenes de gobierno y los tres poderes del Estado, las instituciones policiacas, ministeriales y judiciales que garanticen la seguridad de los mexicanos y todos quienes viven en territorio nacional.

En la misma conferencia de prensa, representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) y de las secretarías de Gobernación y de Marina externaron su condena a lo sucedido en Tamaulipas y se comprometieron a ir hasta las últimas consecuencias en la investigación.

Poiré pidió también la condena unánime de la sociedad y de las autoridades ante lo sucedido.

El contralmirante José Luis Vergara Ibarra, vocero de la Secretaría de Marina, refirió que el pasado lunes 23, personal naval que realizaba operaciones en las inmediaciones de San Fernando repelió una agresión de presuntos integrantes de la delincuencia organizada, y posteriormente, al filo de las 7:00 horas, una persona de sexo masculino, que presentaba una herida de arma de fuego, informó sobre la ejecución de aproximadamente 70 personas por el grupo delictivo de Los Zetas.

El herido fue trasladado a la cabecera municipal de San Fernando para recibir atención médica, y a las 10:00 horas se ordenó la salida de un grupo de infantería de Marina y el despegue de un avión para proporcionar cobertura aérea al dispositivo de reconocimiento.

Casi cinco horas más tarde se enviaron dos helicópteros con la finalidad de apoyar el operativo, tras haber sido agredido el avión con disparos de arma de fuego y haberse iniciado una serie de enfrentamientos con el personal de infantería de Marina.

Poco después de las 16:00 horas se informó de la baja de un elemento de la Armada de México y la muerte de tres presuntos delincuentes, así como el aseguramiento de arsenal y cuatro camionetas, entre las que destaca una clonada, con matricula apócrifa de la Secretaría de la Defensa Nacional”.

Hasta el momento las autoridades mexicanas no han acreditado la nacionalidad de los ejecutados, por lo que se ha solicitado a las naciones de donde presuntamente procedían los fallecidos participen en su identificación.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos informó que empezó una investigación de los hechos y envió visitadores a Tamaulipas para verificar que se indague a fondo lo sucedido.

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