Elementos de la Armada de México iniciaron la búsqueda de narcofosas en las inmediaciones del ejido El Huizachal –ubicado en el municipio de San Fernando, Tamaulipas–, donde el martes pasado fueron hallados 72 migrantes asesinados, confirmaron fuentes oficiales. Explicaron que los marinos peinarán el área para asegurarse de que no hay más cadáveres en la zona.

Trascendió que el agente del Ministerio Público que inicialmente tomó conocimiento de la matanza amaneció decapitado ayer en los alrededores de San Fernando; se presume que fue emboscado por sus agresores cuando regresaba de realizar las primeras pesquisas en el lugar de los hechos. Funcionarios federales confirmaron lo anterior, aunque no se dio a conocer el nombre de la víctima.

Ayer ni autoridades federales ni locales informaron sobre el desarrollo de las investigaciones.

Las fuentes comentaron que se presume que el funcionario estatal fue asesinado por el mismo grupo criminal que ejecutó a los migrantes, es decir, Los Zetas.

En la misma zona se encontró el cuerpo de un comandante de la policía local –también decapitado–, pero ni las autoridades locales ni la Procuraduría General de la República (PGR) han establecido algún vínculo entre este agente y la matanza.

Por otra parte, este jueves arribaron al lugar de la masacre representantes diplomáticos de Honduras, El Salvador, Ecuador y Brasil, con el propósito de colaborar con las autoridades mexicanas en la identificación de los cadáveres, porque, de acuerdo con el testimonio del único sobreviviente –un joven ecuatoriano–, la mayoría de los 58 hombres y las 14 mujeres (una de ellas embarazada) asesinados eran originarios de esos países.

Mientras, en Ciudad Victoria, capital del estado, las autoridades enfrentan el problema de que la morgue es insuficiente para realizar las autopsias a las víctimas y para efectuar los estudios periciales y de criminología necesarios para identificar los cuerpos, lo que ha retrasado los trabajos.

El personal de la PGR sólo apoya a las autoridades locales, ya que éstas son las encargadas de realizar las necropsias y la entrega de cadáveres.

Fuentes oficiales apuntaron que el único sobreviviente –un joven ecuatoriano de 17 años, cuyo nombre se omite por razones obvias–, fue trasladado al hospital del sector naval en Matamoros para bridarle seguridad.

En círculos oficiales federales fue evidente la molestia porque algunos medios de comunicación publicaron el nombre del joven ecuatoriano, cuyo testimonio fue clave para dar a conocer uno de los hechos más sangrientos en la historia del país. Además de que de manera irresponsable pusieron en riesgo su seguridad y la de su familia.

Por la noche, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos solicitó a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) federal que aplique medidas cautelares para el joven sobreviviente de la matanza de los 72 migrantes.

Mediante un comunicado, la CNDH manifestó a la SSP que se debe garantizar la integridad y el respeto a las garantías del ciudadano ecuatoriano, testigo de los hechos en que fueron ejecutados 72 migrantes. También solicitó a la Procuraduría General de Justicia del Estado de Tamaulipas medidas cautelares con la finalidad de preservar las pruebas y los datos que permitan la identificación de las víctimas.

En otro orden, ante el temor de que la banda de secuestradores tome represalias y con el propósito de intensificar la búsqueda de los responsables de la masacre, elementos del Ejército Mexicano fueron desplegados en la zona norte de Tamaulipas, según reportó Reuters.

La agencia aseguró que soldados fuertemente armados transitaban en la zona fronteriza con Texas, mientras helicópteros realizaban sobrevuelos. Señaló que las víctimas fueron maniatadas y vendadas de los ojos al momento de su ejecución en una bodega del ejido El Huizachal.