Celebran el derecho a decidir

NotieSe| El 28 de agosto se cumplieron dos años de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró constitucional la reforma que despenalizó el aborto en el DF, durante las primeras 12 semanas de gestación. De 2007 a la fecha se han realizado 42 mil 283 interrupciones legales del embarazo, según cifras de la Secretaría de Salud capitalina. Con este motivo, decenas de personas marcharon del Ángel de la Independencia al Hemiciclo a Juárez y colocaron a lo largo del recorrido 50 mil figuras femeninas de papel. Recientemente, la SCJN atrajo los juicios de amparo que mujeres de Querétaro y Colima interpusieron contra las reformas estatales que protejen la vida desde la concepción. Todavía está pendiente una respuesta a los recursos de inconstitucionalidad interpuestos en Baja California y San Luis Potosí.

Sentencian a Provida a devolver dinero público malversado

Un juez civil ratificó lo denunciado por organizaciones civiles en 2004, cuando documentaron que la agrupación desvió casi 30 millones de pesos para comprar plumas de diseñador, tangas y ropa para hombre.

NotieSe | El juez decimotercero en materia civil determinó que el Comité Nacional Provida deberá pagar 14 millones 188 mil pesos al erario, al haberse comprobado el desvío de recursos públicos que le fueron entregados durante el sexenio de Vicente Fox. La sentencia se da luego de que le propio gobierno federal interpusiera una denuncia, ratificando lo que organizaciones civiles habían denunciado: Provida desvió parte de los 30 millones de pesos que le fueron entregados en 2003 para la construcción de diez de sus Centros de Ayuda para la Mujer. La resolución dictada por un juez federal en primera instancia no es definitiva y puede ser impugnada, por lo que se prevé que el proceso se prolongue aún más.
Las organizaciones Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad; Fundar, Centro de Análisis e Investigación; Grupo de Información en Reproducción Elegida; Salud Integral para la Mujer, Sipam; Equidad de Género, Ciudadanía, Trabajo y Familia; y Letra S, Sida, Cultura y Vida Cotidiana, documentaron en 2004 una serie de irregularidades en el ejercicio de esos recursos públicos.
El hecho fue denunciado públicamente y ratificado por la Auditoría Superior de la Federación, por lo que la Secretaría de Salud Federal inició un juicio el 25 de octubre de 2005. La resolución de la querella, emitida el 17 de junio pasado, indica que aparte de la malversación, Provida no comprobó el ejercicio de 14 millones 188 mil 663 pesos, mismos que deben ser regresados al gobierno federal. A esta cantidad hay que sumar intereses calculados a partir del 15 de noviembre de 2005, con tasa de 9 por ciento anual, con lo que la deuda asciende a casi 22 millones de pesos.

Proceso de justicia prolongado
En entrevista con la agencia Cimacnoticias, Daphtne Cuevas, directora de Consorcio para el Diálogo Parlamentario y la Equidad, afirmó: “celebramos que un juez nos vuelva a ratificar la razón que teníamos en lo que denunciamos desde hace siete años y aplaudimos que, finalmente, se ratifique que si alguien hizo un mal uso de los recursos públicos malversando fondos, tiene que hacerse responsable y pagarlos”.
Sin embargo, “también nos da la prueba fehaciente de la lentitud con que nuestras instancias de justicia procesan este tipo de casos”, enfatizó Cuevas Ortiz, quien consideró que la suma que señala el juez es inferior a lo establecido por la investigación de las organizaciones de la sociedad civil, ya que se comprobó que 85 por ciento de los 29 millones 999 mil pesos recibidos por Provida, habían sido gastados de manera irregular.
Por su parte, Miguel Pulido Jiménez, director de Fundar, Centro de Análisis e Investigación, señaló a Cimacnoticias que elogian la resolución, pero que falta que se implemente, lo cual, por la propia historia del caso se ve muy lejano, será “muy buena noticia hasta que se cumpla”. Consideró que además de castigar con el pago a quien malgastó los recursos, también debe haber una sanción para quien los asignó, en este caso, el ex diputado federal del Partido Acción Nacional, Luis Pazos.
Entrevistado por NotieSe, Jorge Serrano Limón, presidente de Provida, aseveró que “no hay desvío de fondos y estamos en proceso de comprobación”.

Protegería a parejas homosexuales
Alistan reforma en seguridad social

NotieSe | El 23 de agosto pasado comenzó la discusión de un proyecto de dictamen para reformar las leyes del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) para otorgar, sin discriminación, seguridad social a todos los matrimonios y hogares alternativos que tengan su origen en los Pactos Civiles de Solidaridad, las Sociedades de Convivencia y cualquier otra figura jurídica que pueda crearse en los estados.
La encargada de exponer el contenido de la propuesta fue la diputada federal de la fracción del Partido de la Revolución Democrática, Enoé Uranga Muñoz.
La única solicitud puntual realizada en la sesión fue que como parte de los antecedentes se agregue un resumen en torno a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hecha el 16 de agosto, respecto a la validez de los matrimonios entre personas del mismo sexo y la adopción de infantes por parte de estas parejas.
La Comisión Dictaminadora trabajó en los agregados planteados y el proyecto de dictamen se redistribuirá entre sus integrantes, en la búsqueda de que el tema sea sometido a votación en la próxima reunión ordinaria de la Comisión de Seguridad Social.
En esa lógica, Uranga Muñoz reiteró su empeño en intentar que el tema se resuelva a la brevedad posible e insistió en su inquietud de que los intentos por contraponer “otras propuestas improvisadas, de última hora, con claro fin propagandístico y que nada abonan a la dictaminación sino a la intención de partidizar el tema”, no afecten el curso de la aprobación del dictamen que ya se discute en la comisión responsable.
Por su parte, el director general del IMSS, Daniel Karam, envió a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión un oficio en el que llama a las y los legisladores a efectuar las reformas que consideren pertinentes para que la institución a su cargo pueda afiliar a las parejas del mismo sexo que contraigan matrimonio.

Tras las rejas también hay derechos

La organización Abriendo Camino instruyen a reclusas sobre su derecho a vivir sin violencia

NotieSe | Salir del aislamiento y pensar que no se está en un lugar aparte de la sociedad es uno de los principales puntos a trabajar por parte de la organización civil Abriendo Camino, un Centro para el Desarrollo Familiar y Personal, con las mujeres internas en el Reclusorio Femenil de Santa Martha Acatitla.
Muchas mujeres no saben que dentro del penal viven una situación de violencia ya que lo ven como algo normal, señaló a Letra S Ana Cecilia Sánchez, coordinadora del proyecto “Perspectiva de género y disminución de la violencia en el Reclusorio Femenil Santa Martha Acatitla”.
Con el apoyo de la Fundación Pfizer, este proyecto trabaja en la promoción de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia para que las autoridades carcelarias, las reclusas y sus familiares se sensibilicen en torno a los derechos de las mujeres.

Información y readaptación
Sánchez explicó que mediante un taller interactivo, las internas se acercan a esta Ley y conocen sus artículos más importantes para posteriormente compartir sus vivencias al interior del penal y buscar una solución.
“Se trabaja con aspectos de representación social para saber cómo viven esas mujeres, que asimilan y viven la violencia como una normalidad ya que en muchos casos no la ven como un abuso”, agregó. Este trabajo también se ha realizado con las autoridades del penal.
Sin embargo, añadió la experta, un grave problema es que no es fácil trabajar con los familiares debido a que muchas veces olvidan a la persona y la dejan a su suerte sin entender que su apoyo es muy importante en su proceso de readapatación.
A la primera parte de este proyecto asisten 400 mujeres, una cuarta parte de la población total, y tendrá como resultado un foro sobre derechos humanos que se realizará al interior del penal en este mes de septiembre, con el apoyo de instituciones como el Programa Universitario de Estudios de Género de la UNAM.
“Algunas mujeres han aprovechado el conocimiento para aplicarlo en sus propios casos”, por lo que, asegura Sánchez, la meta es trabajar en todos los Centros de Readaptación Social femeniles de esta ciudad para que no haya más mujeres que desconozcan sus derechos y las agresiones en su contra se dejen de ver como normales.

S U B I R