Organizaciones civiles demandaron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) reconocer la obligación de acatar las sentencias que emite la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), ya que los compromisos contraídos por el Estado mexicano al firmar y ratificar la Convención Americana de Derechos Humanos (CADH) son vinculatorios para el Poder Judicial de la Federación.

La Red Todos los Derechos para Todas y Todos –conformada por 69 organizaciones–, los centros de derechos humanos Miguel Agustín Pro Juárez y de la Montaña Tlachinollan, la Asociación Nacional de Abogados Democráticos y la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, enviaron una carta a los ministros en la que exponen que el marco jurídico vigente no permite arribar a una conclusión distinta, considerando tanto las normas de fuente nacional como las que provienen del derecho internacional.

El 30 de agosto, la SCJN comenzó a discutir sobre la obligatoriedad de las sentencias de la CIDH, en particular la conclusión por el caso de Rosendo Radilla Pacheco, desaparecido por militares en Guerrero en los años 70 del siglo pasado. En este caso el tribunal internacional encontró que el Estado mexicano violó las garantías del campesino y sus familiares, por lo que demandó una explicación de los hechos, investigación de la desaparición, sanción a los responsables y una disculpa pública del gobierno, entre otras.

Jurisprudencia interamericana

En la misiva, las ONG exponen que la propia jurisprudencia interamericana refiere cuál es el papel del Poder Judicial de los estados parte de la CADH ante los fallos del tribunal: La Corte es consciente que los jueces y tribunales internos están sujetos al imperio de la ley y, por ello, están obligados a aplicar las disposiciones vigentes en el ordenamiento jurídico. Pero cuando un Estado ha ratificado un tratado internacional como la Convención Americana, sus jueces, como parte del aparato del Estado, también están sometidos a ella, lo que les obliga a velar porque los efectos de las disposiciones de la Convención no se vean mermadas por la aplicación de leyes contrarias a su objeto y fin, y que desde un inicio carecen de efectos jurídicos.

Los activistas agregaron que únicamente los regímenes autoritarios son los que cuestionan o desconocen la competencia de la CIDH y la obligatoriedad de sus sentencias, como lo fue el gobierno de Alberto Fujimori (caso La Cantuta contra Perú).