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Narcoviolecia

Fracaso total, la estrategia contra la delincuencia, aseveran

Senadores alertan sobre tentación autoritaria de militarizar México
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Militares exhiben a presuntos delincuentes y armas incautadas en un rancho de Santiago, Nuevo León, hace tres semanasFoto Reuters
Alonso Urrutia
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de septiembre de 2010, p. 5

A excepción del PAN, todas las fuerzas políticas representadas en el Senado advirtieron que es un fracaso total la estrategia del gobierno de Felipe Calderón en materia de combate al crimen organizado, y alertaron sobre tentaciones autoritarias de avanzar a la militarización del país.

Los legisladores determinaron además citar a comparecer a los secretarios de la Defensa Nacional, de Seguridad Pública y de Gobernación, con el fin de que expliquen los vacíos e inconsistencias en el reciente Informe presidencial y por qué a pesar del enorme incremento en el presupuesto para la lucha contra el narcotráfico, que llegó a 90 mil millones de pesos, la violencia crece.

A más recursos, más muertos, señaló el petista Ricardo Monreal, mientras el perredista Máximo García Zalvidea dijo que de acuerdo con proyecciones de expertos, este año podrá cerrar con 70 mil ejecutados.

Durante la glosa del cuarto Informe presidencial en materia de política interior, que llevaron a cabo las comisiones de Gobernación, Reforma del Estado, Derechos Humanos, Defensa Nacional, Marina, Justicia y Seguridad Pública, la fracción del PRI, por conducto de Pedro Joaquín Coldwell, enumeró las fallas de un gobierno que, recalcó, en cuatro años no tiene aún políticas de Estado.

Expuso que el decomiso de drogas ha disminuido en relación con otros sexenios. Expresó que en 2009 se aseguraron 21.7 toneladas de cocaína, menos de la mitad de lo que se confiscó en 1991, durante el gobierno de Zedillo. El consumo de ese enervante se duplicó en el país, pero sólo se destina la cifra ridícula de 20 millones de pesos a la prevención de las adicciones.

Agregó que no se percibe un crecimiento histórico del número de delincuentes detenidos, como la propaganda gubernamental nos pretende hacer creer, sólo 25 por ciento de los capturados fueron llevados a proceso judicial, y de ellos se sentenció a 15 por ciento.

Además, después de cuatro años de gobierno Calderón envió al Congreso las iniciativas en materia de lavado de dinero, para afectar los activos económicos y los circuitos financieros de la delincuencia organizada.

El priísta añadió que otro indicador para determinar la gestión gubernamental en contra de la inseguridad es el respeto a los derechos humanos, tema en el cual es una pena que Estados Unidos nos diga que no estamos haciendo la tarea.

Se refirió, no sin cierta vergüenza, al reporte reciente de la Oficina de Democracia y Derechos Humanos del Departamento de Estado del país vecino, en el que se da cuenta de “asesinatos, desapariciones forzadas, secuestros, torturas, castigos inhumanos y arrestos arbitrarios cometidos por agentes de seguridad pública y las fuerzas armadas, dentro y fuera de sus atribuciones, contra civiles, menores de edad, migrantes, grupos subversivos y presuntos miembros de las fuerzas organizadas, entre muchos otros.

Es un problema gravísimo y no puede el gobierno federal reducir estas denuncias, con el muy lamentable calificativo de que son cantaletas.

El petista Ricardo Monreal resaltó que se ha expuesto al Ejército, al que Calderón sacó de sus cuarteles, ante la debilidad y falta de rumbo de su gobierno, y las denuncias ante la CNDH por abusos de militares se han incrementado en 400 por ciento. Las fuerzas armadas son ahora juzgadas en Estados Unidos.

El senador del PRD Silvano Aureoles señaló que 15 por ciento de los recursos de la Iniciativa Mérida, 25 millones de dólares, están retenidos por Washington, ya que pretende certificar al Ejército precisamente por las muertes de civiles durante operativos contra el narco y por otras violaciones a los derechos humanos.

Es inadmisible la muerte de un niño y su familia a manos de soldados, supuestamente por no obedecer la señal de pararse en un retén, señaló el senador del Partido Verde Jorge Legorreta.

Ante las muchas críticas, senadores del PAN exigieron no hacer descalificaciones. Alejandro Zapata Perogordo sostuvo que hacer frente a la delincuencia organizada no es tarea exclusiva del Ejecutivo y puso en duda las cifras esgrimidas por la oposición.

Las cifras que cité las tomé del anexo estadístico del cuarto Informe, que nos entregó el gobierno federal, aclaró Pedro Joaquín Coldwell.

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