Ante el pleno, senadores de PRI, PRD, PT y Convergencia demandaron a la Suprema Corte de Justicia acelerar su resolución en torno al caso Radilla, a fin de confirmar la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en torno a juzgar a los militares que cometan delitos contra civiles en tribunales del fuero común.

Es un asunto delicado, como la propia Suprema Corte lo ha dicho, porque se trata nada más y nada menos del fuero militar, de pasar los asuntos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos de la ciudadanía a los de carácter civil, señaló el senador Rubén Arce.

Hizo notar que desde 1998 México reconoció la competencia de la CIDH y se debe cumplir la sentencia en torno a Rosendo Radillo, desaparecido hace 36 años en un retén militar de Guerrero. No se trata, dijo, de vulnerar al Ejército como institución, sino de juzgar a los elementos militares que cometan esos delitos, que sepan que serán juzgados.

Al respecto, el senador del PT Ricardo Monreal advirtió que hay que frenar la impunidad que se escuda en el fuero militar.

La propuesta, presentada por el PRD, fue signada por legisladores de todas las demás fuerzas políticas, entre ellas la ex canciller Rosario Green.

Durante la sesión de ayer se planteó solicitar al titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) un informe pormenorizado en torno a la muerte de dos personas baleadas por soldados el pasado 5 de septiembre en la carretera Monterrey-Nuevo Laredo.

Los senadores Pablo Gómez y Silvano Aureoles, del PRD, los priístas Fernando Castro Trenti y Ricardo Pacheco y el panista Alejandro González Alcocer, presidente de la Comisión de Justicia, señalaron que en los hechos están involucrados elementos de la séptima Zona Militar , que realizaban tareas de seguridad pública.

Las versiones en torno a la muerte de Vicente de León Ramírez y su hijo Alejandro Gabriel son contradictorias, resaltaron, ya que se señala que el vehículo en que viajaban junto con otros familiares intentó rebasar a un convoy militar, desde el que abrieron fuego contra ellos, sin mediar motivo o razón aparente.

En tanto, la Sedena sostuvo que el ataque se produjo por equivocación, cuando ignoraron la indicación de detenerse en un retén militar. Independiente de las versiones difundidas, lo cierto es que ello se suma a otros hechos que involucran la actuación del Ejército nacional en la pérdida de vidas de ciudadanos ajenos por completo a actividades delictivas.

Durante la próxima sesión, el grupo parlamentario del PRD propondrá que se formule un severo extrañamiento al titular de la Sedena, Guillermo Galván, por esos hechos.

Por otra parte, el Senado autorizó ayer la salida de territorio nacional a un contingente militar que participará en los festejos por el bicentenario de la República de Chile y de su ejército.