a región de San Quintín se localiza a 300 kilómetros de la frontera con el estado de California, EUA, lo que permite a las más de 14 empresas agroexportadoras ventajas en la comercialización con otros productores no sólo nacionales sino estadunidenses, lo que conlleva reducir los costos en el proceso productivo. No sólo estamos hablando del insumo del transporte, sino también del costo del agua y, por supuesto, del pago de salarios y prestaciones de los miles de hombres y mujeres que contratan las empresas, desde la siembra, limpieza, fertilización y cosecha.

San Quintín cuenta con una superficie menor de 10 mil hectáreas susceptibles de riego, mientras que el estado de Sinaloa lo supera por 10 veces más en tierras de cultivo. Ambas zonas productivas compiten relativamente entre sí, aunque se insertan en el mercado con algunos productos en temporadas agrícolas diferentes. Por las características de los productos que se cosechan en ambos lugares, como tomate, calabaza, cebolla, fresa, brócoli, pepino, entre otros, requieren de grandes contingentes de mano de obra, que tradicionalmente provienen de las comunidades indígenas más pobres del país, de Oaxaca, Chiapas, Veracruz, Guerrero, etcétera.

En este rubro de la producción las estrategias son diferenciadas; por ejemplo, en el caso de San Quintín para la mano de obra implica el traslado de más 3 mil kilómetros y para Sinaloa resulta la mitad. La preocupación de garantizar la mano de obra en Baja California y tener mayor control en la regulación del mercado de trabajo llevó a propiciar asentamientos de las familias jornaleras, que al paso de más de 20 años llevan al valle de San Quintín a contar con más de 45 asentamientos con cerca de 20 mil jornaleros como reserva de mano de obra entre hombres, mujeres, niños y niñas. De ahí que si bien es cierto la población asentada no es suficiente y se requieren flujos de mano de obra, éstos cada vez resultan menores: de las 35 a 40 mil personas que se requerían hace 30 años, su número se ha reducido a cerca de la mitad, de ahí que de los 40 albergues o campamentos que existían ahora son menos de 15.

Para esta fuerza de trabajo, la salud se enmarca en el ámbito de la seguridad social, en donde constitucionalmente, en la Ley Federal del Trabajo y en la Ley del Seguro Social, se enuncia como un derecho irrenunciable de los trabajadores; en donde se garantiza la prevención y atención en los riesgos y accidentes de trabajo, de enfermedades, de la gratuidad en el costo de medicamentos, de la atención especializada de segundo y tercer nivel y de prestaciones sociales como la atención de las mujeres trabajadoras antes, durante y después del embarazo, el derecho a todos estos servicios por la familia, esposa e hijos, y de aquellos dependientes económicamente como pueden ser los padres y personas discapacitadas.

La demanda por parte de los trabajadores ha sido, sigue y será el de ser afiliados al régimen permanente del Seguro Social. Institucionalmente la responsabilidad recae en el gobierno federal, y es ahí donde el Poder Legislativo debe actuar.

La última modificación al reglamento de los trabajadores eventuales del campo de la Ley del Seguro Social (2007) resultó un retroceso porque se alcanzara la afiliación al Seguro Social, desde la concepción de lo que se entiende por eventualidad del trabajador agrícola (…) aquel que no labora más allá de 3 meses continuos, y la subrogación de servicios, tanto en el ámbito de la atención a la salud como en la prestación del servicio de guarderías. Estos cambios violentan la relación laboral, los patrones en la mayoría de los casos, con el afán de no asumir compromiso alguno y jugando al ciego las inspectorías del trabajo de la Secretaria del Trabajo del estado y los supervisores del Seguro Social, al trabajador se le descuenta su cuota del seguro, aunque en muchos de los casos se simula que la empresa los haya dado de alta.

La infraestructura de salud está rebasada por el alto crecimiento demográfico que tiene la región, la tasa es arriba de 5.6 por ciento. ¿Con que se cuenta? Existen dos servicios de atención médica que están encaminados a la atención a población abierta del valle de San Quintín y que brindan atención de primer y segundo nivel, uno por parte de Isesalud, del gobierno del estado y otro por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, los cuales se ubican en la delegación municipal de Colonia Vicente Guerrero, en donde sólo se trabaja de lunes a viernes, y las guardias que se establecen poco o en nada resuelven la demanda.

No existe en la región un hospital con especialidades, que responda a las necesidades de la población, y esto es más preocupante, pues si consideramos que no existe infraestructura médica en la región, mucho menos existe en la región Sur-Sur del municipio de Ensenada, es decir, más de 170 mil ciudadanos no obtienen servicios de tercer nivel, por lo que los traslados de pacientes y familiares se tiene que dar, si es del valle de San Quintín, a más de 200 kilómetros, y si es de las delegaciones de la Sur-Sur, les resulta más económico viajar por avión al estado de Sonora.

El gobierno estatal en sus planes de desarrollo y bienestar ha considerado esta problemática, y dentro los mismos está la construcción de dos hospitales, uno de atención general y otro de especialidades, lo que por razones de los recortes presupuestales se ha pospuesto, excluyendo a la población de la región de los servicios requeridos.

Las alternativas a esta situación no pueden encuadrarse solamente en el ámbito de la infraestructura; aunque es de alta prioridad, la salud debe concebirse tomando en cuenta las características de la población. Debe observarse que en los programas de prevención y atención no existe un enfoque de interculturalidad, en donde las acciones de fomento tomen en cuenta los valores, usos y costumbres de la diversidad indígena que existe en la región. La tarea recae en todos los niveles de gobierno, pero quien es el responsable directo es el Ejecutivo estatal. Éste debe convocar a todos los actores involucrados en la revisión de las políticas públicas que se ejecutan, sin seguir postergando la demanda de los pueblos indígenas en materia de justicia y seguridad social.

Nota: Agradezco la colaboración del compañero Juan Malagamba Zentella, un profundo conocedor de San Quintín, para la elaboración del presente artículo.