La mayoría de la Cámara de Diputados, con la oposición del PAN, ordenó a la mesa directiva presentar en tiempo y forma, ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), una controversia constitucional contra las disposiciones publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 2 de septiembre pasado, acerca de las acciones que deberá emprender la administración pública federal para concretar la transición a la televisión digital terrestre, conocidas como apagón analógico.

El priísta Alfonso Navarrete Prida señaló que por acuerdo de PRI, PRD, Panal, PT, Convergencia y PVEM, la Cámara de Diputados presentará la controversia con el propósito de que la SCJN clarifique las competencias constitucionales en materia de telecomunicaciones, porque el presidente Felipe Calderón decretó la transición analógica ignorando las atribuciones de la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel).

A juicio de estas fracciones parlamentarias, el Ejecutivo invadió la competencia de un órgano al que la ley otorgó el carácter de autónomo e independiente, que es la Cofetel, y se arrogó facultades que no le son propias en el decreto publicado el 2 de septiembre, explicó.

Agregó que esta acción tiene un antecedente: cuando se emitió el reglamento interior de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), que otorgaba a esa dependencia facultades que son propias de la Cofetel, la Corte resolvió que se vulneraba la autonomía del organismo y se invadía la competencia de lo que se denomina reserva de ley. Se trata de esclarecer las competencias originales de un órgano autónomo, porque el Ejecutivo federal ha invadido la esfera de competencia del mismo.

En respaldo a la propuesta del PRI, Jaime Cárdenas, del PT, reiteró que la SCJN, al resolver la controversia 7/2009, determinó que el Ejecutivo –en este caso la SCT– no tiene competencia en la regulación de esta materia, facultades que son exclusivas de la Cofetel, de acuerdo con los artículos 9-A y 36, fracción XVI, de la Ley Federal de Telecomunicaciones.

Aseguró que la invocación del Ejecutivo federal al artículo 89, fracción I, como fundamento para emitir ese reglamento, que establece el apagón analógico, es una atribución que escapa a sus competencias. Un reglamento no puede vulnerar una jurisprudencia de la Suprema Corte. Tampoco puede vulnerar las competencias del Congreso ni las de la Cofetel.

Francisco Hernández Juárez, del PRD, consideró que adelantar el apagón analógico es una medida adecuada, pero la forma en que la instrumenta el gobierno federal pasa por alto las competencias de los diferentes organismos. De manera que no puede uno dejar de sospechar que la manera en que lo están haciendo es para incidir en el proceso electoral, ya que los recursos que se utilizarán para emprender ese proceso se van a canalizar a la Secretaría de Desarrollo Social, para que los aparatos que se utilizarán en el cambio tecnológico puedan ser empleados en el transcurso del año próximo.

Roberto Gil, del PAN, intentó restar importancia a los motivos políticos de la decisión de Calderón. No es ésta una discusión sobre la valía, la importancia, los fines, los objetivos, los propósitos de la transición digital, y parece que existe un importante consenso en que es una política pública que este Congreso debe impulsar. Advertimos que el diferendo se centra en el asunto de las competencias que el propio acuerdo, suscrito por el Presidente de la República en ejercicio de sus facultades, asigna para la implementación de la transición digital.

Aseguró que desde la propia fundamentación y motivación del acuerdo del Ejecutivo federal se razona que la transición digital no es sólo una cuestión de radio y televisión. En el fondo se trata de una reordenación integral de las telecomunicaciones. Y en esta materia la ley es clara al señalar que la SCT y la Cofetel comparten atribuciones.