Nada de lo que hagan dará marcha atrás al decreto de extinción de Luz y Fuerza del Centro (LFC), advertía en diciembre pasado el secretario del Trabajo, Javier Lozano, medio año antes de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitiera su fallo sobre la constitucionalidad de esa medida.

A un año de la toma de las instalaciones del organismo en un operativo de las fuerzas federales, el funcionario reitera que la medida fue legítima, oportuna, necesaria y congruente, supuestamente por los altos costos de la operación de LFC.

El Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) identifica al funcionario como el más reacio dentro del gabinete presidencial para hallar una salida negociada a este conflicto que tuvo origen, precisamente, cuando la dependencia encabezada por Lozano negó la toma de nota a Martín Esparza, una semana antes del cierre de LFC.

Por ello se desató la protesta masiva del SME, movilizaciones en las que la imagen de Lozano es el principal blanco de crítica de los trabajadores. Estas diferencias han pasado de los ataques verbales a choques tanto en público como en las reuniones privadas en las que han participado.

La confrontación es un juego de vencidas, una medición de fuerzas que aún no concluye.

Lozano ha llevado la defensa a ultranza del decreto y todo lo que éste significa a las discusiones en el primer círculo del presidente Felipe Calderón. Las diferencias de criterios afloraron primero con el ex secretario de Gobernación Fernando Gómez Mont, y ahora con Francisco Blake. El nuevo responsable de la política interna impulsa, a diferencia de Lozano, opciones para avanzar en la negociación con los trabajadores en resistencia. Pese a ello, las minutas de acuerdo, redactadas en el Palacio de Cobián, tienen la firma de Lozano.

Luego, ante la prensa, el secretario del Trabajo vuelve a sus argumentos de que no hay vuelta atrás en el fin de las relaciones laborales del SME con LFC. Ante la tanda de acusaciones, ha optado por responder –como lo hizo en marzo pasado– que Esparza y sus seguidores sólo se hacen las víctimas.

Y advierte que no habrá contratación colectiva de quienes rehúsan aceptar la indemnización.