La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF) se congratuló por la localización, por parte de la Procuraduría General de la República (PGR), de dos de los 14 niños desaparecidos del albergue Casitas del Sur que se encontraban con familias que no eran las suyas, pero instó a la dependencia federal a investigar la legalidad de las tutelas y determinar si existe el delito de trata de personas en dichos casos.

Asimismo, la CDHDF urgió a la PGR, que desde abril de 2009 atrajo la investigación, a que le informe sobre el avance de la misma, pues consideró que es preocupante que a la fecha no haya atendido las solicitudes que al respecto le ha hecho en el marco de sus facultades de dar seguimiento a la recomendación que emitió sobre ese caso.

El organismo subrayó que quienes entregaron y acogieron a esos infantes no pueden ser vistos como salvadores de niños pobres o maltratados si se demuestra que violaron la ley para obtener su custodia, por el contrario, se debe proceder conforme a derecho.

Mediante un comunicado, el organismo agregó que pese a que los niños hayan recibido buenos tratos con esas familias, no es razón para desestimar un acto ilegal y violatorio de los derechos de los afectados y sus familias.

De allí que, agregó, se deben deslindar responsabilidades de quienes participaron en los supuestos procesos de adopción, sobre todo si se involucran a autoridades que hubieran resuelto los mismos de forma inapropiada.

La CDHDF destacó que en las resoluciones judiciales sobre el nuevo destino de los niños localizados deberá atenderse su interés superior y tomarse en cuenta su opinión, que prevea la superación de las posibles secuelas de prácticas de adoctrinamiento extremo que pudieran afectar el libre desarrollo de su personalidad.

Asimismo señaló que deben brindarse todas las condiciones necesarias para que los niños localizados y sus familias de origen puedan actuar como testigos protegidos que ayuden a determinar el paradero del resto de los infantes, que aún se desconoce.

El pasado 13 de octubre, una pareja entregó al Ministerio Público Federal a un adolescente, al cual, aseguraron, adoptaron legalmente y que presuntamente es uno de los desaparecidos. Dos días más tarde, en un operativo realizado por la Policía Federal Ministerial en la colonia Santa Cruz Atoyac, delegación Benito Juárez, fueron detenidos dos mujeres y un hombre, que tenían a otro de los menores desaparecidos.