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Su inmediato superior es investigado por el robo de $308 millones entre 2005 y 2006

El actual jefe financiero de la CFE, bajo proceso penal por enriquecimiento ilícito

Otro superior en la misma línea fue acusado en EU por recibir millones a cambio de contratos

Israel Rodríguez
 
Periódico La Jornada
Martes 26 de octubre de 2010, p. 21

El actual jefe de administración y finanzas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Héctor Sánchez Camacho, enfrenta un proceso penal por enriquecimiento ilícito, con lo que su causa se suma a la de otros importantes funcionarios de la paraestatal que recientemente fueron identificados en Estados Unidos por presuntos actos de corrupción.

Desde 2002, Sánchez Camacho enfrenta un litigio por el delito de enriquecimiento ilícito, el cual ha tenido ya dos sentencias culposas (29 de abril de 2009 y 23 de marzo de 2010), por lo que el inculpado volvió a apelar la sentencia y ahora el juicio se desahoga en el unitario donde un magistrado tendrá que dictar la sentencia definitiva.

Héctor Sánchez es subordinado directo de Noé Peña Silva, actual subdirector de transmisiones, a su vez investigado por estar aparentemente involucrado en el robo de 308 millones de pesos a CFE entre 2005 y 2006, por la simulación contable a cuentas de una subdirección de la empresa de clase mundial, cuando en realidad se traspasaban a cuentas bancarias privadas.

Por estos hechos se encuentra encarcelada la cajera María Elena Guerrero, a quien inculparon de los desfalcos, a pesar de que ella descubrió y denunció las desviaciones de dinero de la CFE a cuentas personales.

En tanto, Noé Peña Silva era subordinado de Néstor Moreno Díaz, quien a su vez es acusado por una corte estadunidense de haber otorgado contratos de manera irregular a la empresa ABB, por lo que recibió cantidades millonarias, además de un yate y un Ferrari, entre otros.

De acuerdo con la causa penal 128/ 2002 que sigue el juez tercero de distrito de procesos penales federales en el Distrito Federal, Sánchez Camacho fue encontrado culpable de enriquecimiento ilícito, por lo que el Ministerio Público Federal, por conducto de Verónica Román de los Santos, solicitó que se le suspendieran sus derechos políticos y civiles y se le amonestara pública y enérgicamente.

Sin embargo, el todavía funcionario de CFE, actualmente jefe de administración y finanzas de la empresa –con sede en Don Manuelito 32, esquina Toluca, en la colonia Olivar de los Padres–, después de que en segunda instancia volvió a enfrentar una sentencia de culpabilidad solicitó un amparo, por lo que ahora el juicio lo tendrá que resolver un magistrado para dictar la sentencia definitiva.

Antes de ingresar a la CFE, Héctor Sánchez laboró en el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de noviembre de 1979 a octubre de 2004, después de acogerse a un programa de jubilación anticipada.

De acuerdo con testimonios de trabajadores de la CFE –que pidieron permanecer en el anonimato para evitar represalias laborales–, Héctor Sánchez Camacho ingresó a la CFE por recomendación del actual director de finanzas, Francisco Santoyo, a pesar de arrastrar un litigio penal por enriquecimiento ilícito.

Pese a que el órgano interno de control de la CFE, dependiente de la Secretaría de la Función Pública, la dirección general de CFE, a cargo de Alfredo Elías Ayub, y todo el personal que labora en las instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía (Cenace) conocen sus antecedentes, nada se ha hecho para investigar e inhabilitar al funcionario que aún sigue en su cargo.

Según las primeras conclusiones del juez tercero de distrito de procesos penales en el Distrito Federal, Héctor Sánchez Camacho es penalmente responsable de la comisión del delito de injusto de enriquecimiento ilícito... por lo que además de proponer que se le impongan las penas que determina el Código Penal Federal correspondiente, se solicita se amoneste pública y enérgicamente al acusado, a fin de prevenir su reincidencia y conminándolo a efecto de no volver a cometer ilícito alguno.

Además, con base en la Constitución y el Código Penal Federal se solicita se le suspenda al acusado el ejercicio de sus derechos políticos y civiles.