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Calderón sigue criminalizando la protesta, dice Édgar Cortez

Ahora la violencia viene del gobierno y de la delincuencia, señalan ONG
 
Periódico La Jornada
Domingo 31 de octubre de 2010, p. 6

El ataque sufrido el viernes por estudiantes de Ciudad Juárez a manos de la Policía Federal, mientras realizaban una marcha pacífica, demuestra la tendencia del actual gobierno a criminalizar la protesta social y pone a los jóvenes entre los fuegos del crimen organizado y el de las autoridades, lamentaron defensores de derechos humanos.

Édgar Cortez, investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia, señaló en entrevista con La Jornada que los disparos realizados por los agentes, que dejaron un herido grave, son muestra de cómo las manifestaciones de descontento social son criminalizadas por las autoridades.

En vez de reconocer el derecho a disentir como una forma de la democracia, el gobierno de Felipe Calderón lo ve como una amenaza o un intento de subversión, y en esa medida trata a los ciudadanos como delincuentes, en vez de enfocar sus energías contra los verdaderos criminales.

Tenemos un Estado que usa la violencia con mucha facilidad, y lo que en esta ocasión lo hace un símbolo de mayor alerta es que ahora esta violencia es múltiple: viene del gobierno y también de la delincuencia, advirtió.

En la escalada de agresiones ocurridas en los últimos días –afirmó– es probable que influya la lógica que Calderón mismo ha dado al tema de la inseguridad, al calificarlo como una guerra, porque en todo enfrentamiento armado quienes sufren las peores consecuencias son los civiles.

Este ya es un escenario de abierta confrontación, y si el gobierno federal sigue empecinado en una política que no ha dado resultados, las cosas no van a cambiar, lamentó.

Por su parte, Andrés Díaz, abogado del área de defensa integral del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, consideró inaudito que una marcha pacífica de estudiantes sea baleada, tomando en cuenta el clima de violencia que de por sí ya se vive en Ciudad Juárez y el resto del país.

Es urgente –dijo– que el gobierno investigue a profundidad la agresión de los policías y, sobre todo, que modifique su estrategia de seguridad para que los civiles, quienes son vistos como simples daños colaterales, dejen de pagar las consecuencias de una guerra que nunca pidieron.