Ixtapan de la Sal, Méx., 26 de noviembre. La 24 asamblea de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia concluyó este viernes aquí con el consenso de los procuradores del país para presentar en breve propuestas de ley novedosas encaminadas a homologar diversos tipos penales, a nivel estatal y federal, y a darle a la figura del arraigo mayores posibilidades de aplicación en las entidades de la República.

El acuerdo fundamental al que llegaron los responsables de procurar justicia en los estados del país es buscar las reformas necesarias para que los fiscales de cada entidad cuenten con herramientas jurídicas modernas que les ayuden a combatir secuestro, narcomenudeo, migración, lavado de dinero, trata de personas, entre otros delitos de alta incidencia nacional.

Al dar lectura al documento de conclusiones, durante una rueda de prensa que se efectuó al final de la reunión de dos días, el procurador de Justicia del estado de México, Alfredo Castillo Cervantes, anfitrión del encuentro, destacó: los integrantes de esta conferencia nos pronunciamos por exhortar a las instancias competentes para llevar a cabo una reforma constitucional sobre la figura del arraigo, de suerte que no sólo opere en casos de delincuencia organizada, sino que sea también aplicable a ciertos delitos del fuero común.

Los procuradores designados por sus homólogos para dar la cara a los medios de comunicación (Abel Murrieta Gutiérrez, de Sonora; David Sotelo, de Guerrero, además del subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Jorge Alberto Lara, y el mexiquense Alfredo Castillo) fueron cuestionados sobre las críticas que organizaciones defensoras de los derechos humanos y legisladores de oposición han hecho en diversos foros por el abuso de la figura del arraigo.

“Hoy la sociedad quiere más seguridad y menos impunidad. Ya debemos dejar de abonar en el debate sobre si el arraigo viola o no los derechos humanos. (…) Es una figura que contempla nuestra Constitución federal y lo que estamos pidiendo es que se amplíe su utilización para delitos graves del orden común”, sostuvo Murrieta Gutiérrez.

En reuniones anteriores, las procuradurías han convenido en que esta medida precautoria (arraigo), en principio, la puedan utilizar en delitos de homicidio, violación sexual y secuestro.

El subprocurador de PGR aseguró que el tema del lavado de dinero recibió especial interés entre los procuradores, sobre todo en lo que respecta a combatir la figura del testaferro o prestanombres.

Buscamos técnicas de investigación novedosas, ligarlo (el lavado de activos) con otros tipos penales, entre ellos los del orden fiscal y financiero, y buscar adecuar la concurrencia entre los delitos del orden común y los federales, refirió.

Alberto Lara dijo que una propuesta de ley que se sumará a la figura de la extinción de dominio es la posibilidad de crear un mecanismo jurídico denominado inteligencia patrimonial, que otorgará a los estados de la República facultades de investigación sobre la evolución económica de personas morales y físicas consideradas sospechosas de tener presuntos vínculos con el crimen organizado.

De acuerdo con el procurador de Guerrero, David Sotelo Rosas, en este momento 12 estados de la República tienen legislaciones que mencionan algún tipo o modalidad de operaciones con recursos de procedencia ilícita, pero no son homogéneos. Las otras 20 entidades carecen de estos instrumentos legales.

En el cierre de esta reunión, los procuradores dieron a conocer que llegaron a un acuerdo para explorar la posibilidad de establecer puntos de control en la frontera con Centroamérica, que no dependerán directamente de las autoridades federales. Esta propuesta deriva de la preocupación ante el incremento del delito de tráfico de indocumentados y abusos a migrantes, de acuerdo con la PGR.

Además, las procuradurías también aprobaron iniciar la instalación de un modelo de Redes de Alerta Temprana y buscar el establecimiento de una base nacional de genética forense.