a radioemisora comunitaria Tierra y Libertad alcanza, con los 20 vatios que le fueron concedidos por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel), un perímetro de 5 kilómetros y su volumen es apenas audible por la baja frecuencia con que opera. En esta zona habitan trabajadores de la construcción, fabriles, comerciantes en pequeño, prestadores de servicios por lo general no establecidos. Tres generaciones han hecho aquí su vida desde la madrugada del 28 de marzo de 1973, cuando un grupo de 30 jefes de familia liderados por un puñado de universitarios decide invadir un predio al norte de Monterrey buscando satisfacer su urgencia de vivienda. Hacia las cinco de la tarde de ese día el número de aspirantes a colonos había crecido a 900. En corto tiempo llegan a sumar mil 200. Tierra y Libertad, y otras colonias semejantes, si bien menores, se transforman así en el movimiento de colonos precarios más importante de América Latina, al decir de Manuel Castells.

Entre las necesidades de la colonia Tierra y Libertad, una de todos los días era la de comunicación. Pero debieron pasar tres décadas antes de que su organización pensara en una radio comunitaria para resolverla. En 2002, uno de los dos sectores en que se dividió la colonia a principios de los años 80 gestionó ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes el permiso para poder difundir sus mensajes. Pasaron meses y años sin que el trámite obtuviera respuesta. Se decidió iniciar las actividades de la radioemisora. El Estado, empeñado en hacer feliz a su pueblo, envió en junio de 2008, sin orden de cateo, una fuerza aparatosa de entre 120 y 150 policías de la Policía Federal Preventiva a que asaltara con gran eficacia la Radio Tierra y Libertad, destruyera y ¿confiscara? parte de su equipo. Como señala Eje central en una nota sobre el tema: Las comparaciones son detestables, pero ilustrativas. Hace casi ocho años un personaje muy ligado a los negocios en Nuevo León se apropió por la fuerza de las instalaciones transmisoras del Canal 40 de la ciudad de México. Aquel delito era ostensible, pero el gobierno federal, lejos de tomar medidas contra Ricardo Salinas Pliego, lo ayudó a adjudicarse esa frecuencia de televisión. Ahora, en Monterrey, un luchador social que ha llevado la radiodifusión al servicio de un movimiento popular se encuentra en riesgo de ir a la cárcel.

Después de siete años, en 2009, el gobierno otorgó el permiso de transmitir a la Radio Comunitaria Tierra y Libertad. Pero, a la vez, el médico Héctor Camero, uno de los líderes de la asociación civil del mismo nombre y dueña de la concesión, era citado para comparecer en torno al desmantelamiento del equipo de la radioemisora en 2008. En el acto se le convirtió de testigo en indiciado de violar el artículo 150 de la Ley General de Bienes Nacionales. A partir de ese momento, la condena de pagar multa y purgar cárcel pende sobre Camero.

La transición regresiva que padece México lo mantiene en la condición de país reglamentario y de normas secundarias y le impide, por tanto, convertirse en un país constitucional –el paso mínimo que los modernizadores no se han atrevido a dar. Los tratados internacionales tienen mayor jerarquía que las leyes secundarias, pero políticos y malos intérpretes de la ley, como son numerosos jueces, no hacen sino lo que cualquier abogado chicanero. El de Radio Tierra y Libertad es un caso elocuente.

La Asociación Mundial de Radios Comunitarias-México aportó argumentos y pruebas legales para que le fuera retirada la acusación. Un fundamento esencial de su defensa es el Pacto de San José de Costa Rica, al que México se adhirió en 1981: en su artículo 13 establece específicamente que no se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios indirectos, tales como el abuso de controles oficiales o particulares de papel para periódicos, de frecuencias radioeléctricas, o de enseres y aparatos usados en la difusión de información o por cualesquiera otros medios encaminados a impedir la comunicación y la circulación de ideas y opiniones.

Pero no hay que ir demasiado lejos: el artículo 6º constitucional establece con toda claridad que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, con las salvedades que la propia norma fundamental consigna y en cuyas hipótesis no se inscribe la Radio Tierra y Libertad. Esta radio comunitaria se halla bajo el amparo de la garantía de libertad de expresión. Y ya se sabe, las garantías que otorga la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos no podrán restringirse ni suspenderse, sino en los casos y con las condiciones que ella misma establece. (Es de primaria citar lo que todo mexicano debería saber de memoria, pero el Estado mexicano, hoy, se halla en tal nivel.)

Con todo, el 3 de noviembre el juez quinto de distrito en materia penal ratificó la sentencia, emitida cinco meses antes, y condenó a Camero a dos años de prisión, el pago de una multa mayor a 15 mil pesos y la inhabilitación de sus derechos ciudadanos.

El delito de que se lo acusa es de uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico sin autorización previa. Pero como lo ha dicho el propio Camero, no es una radioemisora con finalidades de lucro. Si lo fuese tendría todo a su favor: desde zalemas hasta sobornos disfrazados de publicidad y otras canonjías que el poder otorga bajo el apotegma de José López Portillo: No pagamos para que nos peguen; ergo, sí –y muy bien– para que nos adulen. El actual Estado capitalista no parece conocer otras reglas en México, y a ellas escapan las radios comunitarias, entre ellas Radio Tierra y Libertad. Escapa, por la misma razón, a la felicidad de Nuevo León, declarado por el optimista escritor de Nacional Geografic Dan Buettner el cuarto lugar más feliz del planeta, después de Dinamarca, San José Obispo, California y Singapur.

Triste condición la que le asigna Buettner a Nuevo León. ¿Se puede ser feliz sin pensar en la suerte, y la muerte, el silencio, la inquisición de los otros?