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México en Wikileaks

Ofrece general a Washington mejorar mecanismos legales

Difícil, dialogar con el Ejército sobre los derechos humanos
Armando G. Tejeda
Corresponsal
Periódico La Jornada
Sábado 4 de diciembre de 2010, p. 3

Madrid, 3 de diciembre. En septiembre de 2009, una comitiva de representantes de los departamento de Defensa y de Justicia, así como de la embajada de Estados Unidos en México, se reunió con el general Jaime López Portillo, de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), para hablar sobre los casos y cuestiones que afectan a los derechos humanos, sobre todo en los crímenes contra civiles perpetrados por militares mexicanos en la llamada guerra contra la droga.

Del encuentro, los emisarios de EU se fueron con el compromiso de que se mejorarán los mecanismos y se hará más transparente todo lo relacionado con los derechos humanos.

Los representantes se mostraban alarmados por los dramáticos casos protagonizados por militares mexicanos contra la población civil. Pero sobre todo preocupados ante el creciente malestar de organizaciones de defensa de los derechos humanos nacionales y extranjeras, incluida Human Rights Watch, que instó al Departamento de Estado estadunidense, en el mismo año de la citada reunión, a que cancelara cualquier apoyo financiero y material a México en el marco de la Iniciativa Mérida mientras no se garantizara el respeto estricto de la legalidad internacional.

En este contexto, los emisarios del gobierno de Barack Obama, Linwood Ham y Tony Garcia, mantuvieran la reunión con el citado general López Portillo y con el el director general de derechos humanos y democracia de la cancillería mexicana, Alejandro Negrín. En el informe que resume el encuentro se señala que a pesar de que previamente se había enviado una lista específica de los casos y cuestiones que violan los derechos humanos por parte de los militares, ni en la Sedena ni en la cancillería se tenía conocimiento del documento.

Pero el general compartió una conversación franca sobre los procedimientos internos y la legislación con relación a los militares mexicanos. Nuestro interlocutor estuvo dispuesto a responder a nuestras preguntas y a colaborar en el diálogo, así que hicimos notar nuestro interés en unos casos concretos para entender mejor el procedimiento del sistema jurídico mexicano cuando están involucrados efectivos militares en crímenes contra la población civil.

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Los militares mexicanos no suelen abordar el asunto del respeto a las garantías individuales con extranjeros, concluyeron funcionarios estadunidenses tras una reunión con integrantes de la SedenaFoto La Jornada

Y añade el informe: López Portillo explicó que la Sedena está interesada en continuar en la tarea de mejorar estos mecanismos legales y en establecer una fórmula bilateral que nos permita trabajar juntos para aclarar las alegaciones legales, a lo que propusimos establecer un calendario de varias reuniones al año de funcionarios de alto nivel.

El comentario de conclusiones que hicieron los funcionarios estadunidenses al encuentro fue que establecer un diálogo productivo con el Ejército Mexicano sobre derechos humanos no va a ser una tarea fácil, ya que es un área que los militares no suelen abordarla con nadie de fuera. Mientras que las fuerzas armadas mexicanas han hecho algunos progresos en establecer mecanismos para revisar las alegaciones sobre derechos humanos y promover reformas constitucionales encaminadas a acatar las obligaciones internacionales de México, todavía es un asunto delicado por el que se mueven con cautela y no siempre con habilidad. Nosotros vamos a ofrecer un entrenamiento con expertos en materia para que la Sedena mejore sus mecanismos relacionados con las garantías individuales y lo haga de una manera más transparente.

Cabe señalar que unos meses después, el director nacional de Inteligencia, Dennis Blair, se reunió con el secretario de la Sedena, general Guillermo Galván, en la que éste le explicó al funcionario estadunidense que se estaba planteando apelar al artículo 29 constitucional para decretar el estado de excepción en algunas zonas del país y así poder garantizar a los militares una mejor cobertura legal, al considerar –a diferencia de otros miembros del gabinete mexicano– que la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el fuero militar no era suficiente.