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BC: ascensos a policías torturadores
Fernando Camacho Servín
 
Periódico La Jornada
Jueves 9 de diciembre de 2010, p. 39

Pese a haber participado en decenas de actos documentados de tortura contra policías y civiles en el cuartel militar de Aguaje de la Tuna en 2009, los agentes Julián Leizaola y Gustavo Huertas fueron nombrados subsecretario de Seguridad Pública de Baja California y director de policía y tránsito de Tijuana, respectivamente.

Así lo denunció el presidente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste (CCDHN), Raúl Ramírez Baena, quien ha dado seguimiento a ambos personajes desde los abusos que perpetraron en el contexto de la guerra contra el crimen organizado, y en los cargos que les asignaron el 5 de noviembre.

Los dos están acusados ante el Ministerio Público y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de ser torturadores. Entre marzo y septiembre del año pasado detuvieron sin orden judicial y trasladaron al cuartel de Aguaje de la Tuna a decenas de civiles y policías, donde los torturaron, como demuestra el resultado del Protocolo de Estambul aplicado a todas las víctimas, sostuvo.

En esas instalaciones de la segunda Zona Militar, en la ciudad de Tijuana, permanecieron detenidas más de 70 personas acusadas de ser narcotraficantes, aunque no se descarta que haya habido más casos.

Muchas de las víctimas, explicó Ramírez, fueron torturadas aprovechando que estaban arraigadas en el hotel Real Inn, donde los agentes del Ministerio Público estaban listos para registrar las confesiones. Leizaola y Huertas participaron en esas acciones, según los testimonios.

Abusos impunes

El nombramiento de los dos en sus nuevos cargos refleja un claro menosprecio de las autoridades locales por los derechos humanos y un anuncio de que se seguirán cometiendo excesos en la lucha contra el crimen organizado sin que alguien sea castigado, consideró.

Estos casos, que podrían ser presentados en breve ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, son una alarma roja para todo el país, porque el gobierno local quiere presentar a Tijuana como un modelo de combate al crimen organizado, cuando se siguen cometiendo este tipo de irregularidades, pese a lo cual se han cometido 800 asesinatos en lo que va del año, alertó.