ojarasca

 

Tzawata, Amazonía ecuatoriana

Tres comunidades unidas

por su territorio ancestral

 

Compañeros y compañeras del país y el mundo. Invitamos a todos a conocer más sobre nuestra lucha. Somos napurunas de la comunidad kichwa Tzawata, Amazonía del Ecuador y estamos en pie de lucha por la recuperación de nuestro territorio ancestral. La tierra no se vende CARAJO.

Ni la persecución de la transnacional minera Merendon, ni la pretendida e ilegítima venta de nuestras tierras, ni el círculo de secuaces alineados a la minera nos detienen; luego de ocho meses, la lucha continúa.

Luchamos contra los intereses mineros transnacionales: la empresa Merendon envuelta en fraude multimillonario.

Para nadie es desconocido cómo los intereses económicos transnacionales, así como la voracidad minera y de las instituciones burguesas que la protegen, no tienen fronteras. Veamos algunos hechos que corroboran lo expresado.

La compañía Merendon del Ecuador sa es una filial de la transnacional Merendon Mi­ni­ng Corporation Ltd. de Canadá que tiene presencia en seis países de América. En el Ecuador, Merendon sa tiene en su poder 24 mil hectáreas divididas en 6 concesiones en la provincia de Napo, una de las cuales (Hacienda Ila, de 627 hectáreas), se ubica en el cantón Carlos Julio Arosemena Tola, donde desde hace ocho meses la comunidad kichwa Tzawata está en pie de lucha por la recuperación de su territorio ancestral, que les fue arrebatado hace más de cien años a través del régimen hacendatario.

De acuerdo a fuentes del diario El Hoy del 13 de octubre de 2010, la matriz de Merendon estaría involucrada en una gigantesca estafa por alrededor de 300 millones de dólares, que tiene entre sus afectados a cerca de 3 mil supuestos inversionistas a los cuales se les habría ofrecido altos intereses de entre el 18 por ciento y 36 por ciento. En la realidad, el dinero era “movido” a través de cuentas localizadas en Estados Unidos, Canadá, Bahamas, Belice, Bermudas, Ecuador, Honduras, Ma­la­sia, Panamá, Perú, Portugal y Venezuela. Este jugoso negocio funciona para los intereses particulares de los magnates Borst y Sorenson, dueños de la Merendon y se habría usado para que adquirir cuantiosos bienes inmuebles.

Estas irregularidades le valieron a la empresa una demanda (incluida una multa de 50 mil dólares) por parte de la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos, quien investiga el fraude. Desde 2006 el estado canadiense investiga lo que se ha tildado como “la estafa más grande de la historia de Canadá”.

 

Ya en el terreno local, la filial Merendon sa operó por más de tres años en la hacienda Ila, en cuya área de incidencia se asientan varias comunidades indígenas kichwas que históricamente fueron desplazadas de su territorio originario por el régimen hacendatario. Durante las actividades de extracción de oro a cielo abierto con el empleo de minerales altamente tóxicos como el mercurio, serios impactos ambientales afectaron a las familias locales, y a pesar de que actualmente se está documentando la magnitud de estos impactos para la salud humana y del ecosistema, funcionarios de la empresa han desmentido continuamente esta realidad, pretendiendo apelar a la amnesia popular para borrar del mapa las secuelas de su irresponsable modo de operar.

Ante las arremetidas del poder minero, ante los disuasivos intentos de la Merendon por dividir a las comunidades de la zona para vender las tierras a sus propios y legítimos dueños, el pueblo kichwa responde con organización y unidad, una bofetada política a quienes en vano intentan maquillar en la legalidad la política extractivista del Estado y la inequidad social que genera, a nombre del desarrollo, arrasando con nuestra Pachamama y con nuestra organización.

A partir del mes septiembre del presente año, la comunidad Tzawata retomó los diálogos con las comunidades vecinas San Clemente y Bajo Ila, las cuales habían sido anteriormente amedrentadas por la minera, generando la división y desunión inter-comunitaria, al mejor estilo del vandalismo extractivista de moda en otras zonas del país. Sin embargo, los nuevos acercamientos para demostrar a las comunidades vecinas las magnitudes del problema, han logrado sus frutos.

Es así que, en asamblea realizada el 25 de Septiembre y con la participación de las comunidades Tzawata, San Clemente y Bajo Ila, y comisiones de la Conaie, Confenaie y Conakino, se llegó a importantes acuerdos con miras a fortalecer la lucha por la tierra. Esta decisión fue ratificada en reuniones de trabajo posteriores, entre las cuales se destacan las resoluciones de la asamblea del 14 de octubre de 2010, donde se fijaron compromisos y acuerdos concretos con miras al fortalecimiento de la lucha antiminera, brindando las otras comunidades su apoyo incondicional en todas las acciones estratégicas y creando además un nuevo frente de resistencia ubicado en San Clemente.

Entre los principales acuerdos, se destaca la adhesión formal de la comunidad San Clemente (70 familias) y Bajo Ila (20 familias) a la lucha, con lo cual son ya tres las comunidades que luchan por su territorio y más de 300 las personas sumadas a esta causa, bajo la figura de una coalición de organizaciones que agrupa a las 3 comunidades representadas legalmente, como “Pueblo Kichwa de Tzawata-Ila-Chu­capi”.

Además del respaldo político con el que contamos desde julio de 2010 por parte de la Co­na­kino, Confenaie y Co­naie, otras organizaciones hermanas se han sumado al respaldo político de nuestra lucha. Este es el caso de la Coordinadora Nacional por la Defensa de la Vida y la Soberanía cndvs, quienes nos visitaron y respaldaron realizando un taller anti-minero. La Red de Líderes Ángel Shingre de Orellana se solidarizó facilitando un taller sobre cultivos orgánicos en nuestra comunidad. Con estos nuevos respaldos, son ya más de cien los compañeros que han visitado Tzawata para conocer y ser parte activa de la lucha, representando a 10 organizaciones de base de distintas partes del país.

Ni la persuasión infame y oculta de la transnacional minera Meren­don —pretendiendo amedrentar a nuestros dirigentes y colaboradores—, o la pretendida e ilegítima venta de nuestras tierras —facilitada por los banqueros alineados a intereses económicos a la minera— ni el círculo de secuaces alineados a la minera, pueden detenernos.

 

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Castigando al abusivo, 1994. Taller de Fotografía Social, Perú. Foto: Toribio Mendoza, Archivo Tafos/PUCP