La Organización del Pueblo Indígena Me’phaa (OPIM) fue distinguida el pasado viernes con el premio anual de derechos humanos que otorga el Consejo General de la Abogacía Española (CGAE), en reconocimiento a la labor que ha realizado desde 1998 en defensa de los pueblos indios de Guerrero y sus recursos naturales, a pesar del clima de hostigamiento que enfrenta desde entonces.

Así lo anunció Vidulfo Rosales, coordinador del área jurídica del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, quien acudió a Madrid a recibir el galardón en nombre de la OPIM, ya que sus dirigentes se encuentran amenazados y prefirieron no salir del país.

En entrevista telefónica desde la capital española, el abogado explicó que dicho reconocimiento fue dado a la organización por su trabajo de denuncia permanente de las injusticias que suceden en el estado de Guerrero.

En la ceremonia se transmitió un video de cinco minutos en el que la dirigente de la OPIM Obdilia Eugenio Manuel envió un mensaje de agradecimiento a los abogados españoles, y aunque celebró el hecho de poder visibilizar el acoso y la represión que se vive en México, también lamentó que el gobierno nacional criminalice a los defensores de derechos humanos, en vez de reconocerlos.

En Tlachinollan estamos muy preocupados porque la situación en Guerrero es alarmante. Por el clima de violencia en todo el país, la lucha por los derechos humanos se ha invisibilizado, pero sigue habiendo amenazas contra los defensores, advirtió Rosales.

Una muestra clara de la actitud omisa del gobierno mexicano frente a ello es que desde 1999 la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenó medidas cautelares a favor de 107 activistas del estado, entre ellos varios de la OPIM, pero las autoridades no las han implementado de manera adecuada, lo cual pone en peligro las vidas de los afectados y anima a sus atacantes a seguirlos hostigando, dijo.

Lo más grave, además de que las quejas por amenazas se han duplicado, es que la clase política de Guerrero no ha recogido este tema en lo más mínimo en sus planteamientos, lamentó.

El abogado recordó que la propia Fundación del CGAE presentó el viernes pasado en Madrid un informe en el que denuncia el clima de impunidad que prevalece en México, y la falta de protección de las autoridades a la labor de los periodistas y los defensores de derechos humanos (La Jornada, 10/12/10).

El panorama es desalentador, pero este reconocimiento sirve para hacer visible en Europa, sobre todo en España, la problemática que estamos viviendo, darle voz a quienes no tienen voz, y demostrar que la OPIM está siendo acosada por defender los derechos de los pueblos indígenas, aseveró.