18 de diciembre de 2010     Número 39

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

El manejo forestal comunitario

León Jorge Castaños M.

Antes de la Revolución de 1910, la tierra agropecuaria y los montes estaban concentrados en pocas manos: 97 por ciento entre haciendas y ranchos, uno por ciento pueblos y comunidades y dos por ciento pequeños propietarios. Aun en los mejores tiempos de la Reforma Agraria y reparto o devolución de la tierra y bosques a ejidos y comunidades, los dueños y poseedores de monte jugaron un papel marginal al impulsarse, durante casi 50 años, políticas públicas de fomento y conservación contrarias a su participación y avance socioeconómico que pisoteaban sus derechos de uso y manejo de sus montes: lo que había eran permisos o concesiones a particulares, empresas privadas y estatales, organismos públicos federales y estatales o parques nacionales y vedas forestales en amplios territorios del país.

Producto de reclamos y movimientos sociales en contra de esas acciones, en 1975 empezó a impulsarse una política pública forestal que reconocía la dominancia de la tenencia ejidal y comunal. La intención era que los campesinos se apropiaran del aprovechamiento maderable del bosque natural y comercializaran directamente sus materias primas. Años después, respaldaron esta estrategia grupos de la sociedad civil, otras dependencias públicas y en los 13 años recientes la Secretaría de Medio Ambiente y la Comisión Nacional Forestal (Conafor) por medio del Programa de Desarrollo Forestal Comunitario (Procymaf). Al generarse ingresos económicos, los ejidatarios, comuneros y propietarios particulares revaloran su recurso natural y empezaron a convertirse en sus mejores guardianes, comprobándose que sin beneficios difícilmente puede conservarse y gestionarse el bosque.

Surgió entonces el Manejo Forestal Comunitario (MFC), llamado también socio producción silvícola, silvicultura comunitaria o forestería comunal; algunos han avanzado hasta el manejo forestal responsable y certificado y otros en la cadena industrial y administrativa han evolucionado a la empresa social forestal o empresa forestal comunitaria.

El país lleva entre 25-35 años de manejo forestal con aprovechamiento maderable continuado en manos campesinas, actualmente en seis a ocho millones de hectáreas de bosque natural –74 por ciento ejidal, 15 de propietarios particulares y 11 por ciento comunal–; se ha mantenido la cobertura vegetal y en varios casos se ha ampliado, y se ha favorecido la economía campesina.

Los bosques naturales bajo MFC sostenible contribuyen a contrarrestar el cambio climático, con mayor captura neta de CO2 por unidad de superficie que otras modalidades de conservación. Si recordamos que en el proceso de fotosíntesis se captura dióxido de carbono (CO2) y emite oxígeno (O2), mientras que en el de respiración se emite CO2 y capta O2; un bosque natural sujeto a manejo y aprovechamiento maderable se dinamiza, se renueva y rejuvenece constantemente, lo que permite en determinados rangos de edad, por un mayor crecimiento en volumen, capturar o secuestrar mucho mayor CO2.


FOTO: Sergio Ávalos

En los bosques de las Áreas Naturales Protegidas (ANP), los vedados, los sujetos a pagos de servicios ambientales o los de las Unidades de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre (UMAs) que no se tocan o aprovechan, aunque estén sujetos a fenómenos naturales, se hacen viejos, dejan de crecer en volumen, capturan menos CO2 y en el proceso respiratorio liberan más CO2. En cambio, en el bosque bajo aprovechamiento se remueven los árboles de la cosecha que han almacenado CO2; al transformarse en celulosa, madera aserrada, triplay, muebles o casas van a seguir reteniéndolo por tiempos variables, excepto la leña combustible que se quema.

Hay entonces que revalorar los bosques naturales bajo MFC por su aportación al cambio climático y considerarlos seriamente en la Estrategia Mundial y Nacional de Reducción de Emisiones de Deforestación y Degradación (REDD+).

En deforestación, ¿cuáles modalidades de desmontes vamos a mitigar?: la de los grupos marginales (sistemas agrícolas ancestrales y tradicionales), las de los grupos de capital e influencias (potreros, aguacate, café, frutales, criaderos de peces y mariscos, enervantes, biocombustibles, desarrollos urbanos y desarrollos turísticos) o el de las instituciones y empresas oficiales (caminos, electrificación, presas, perforación de pozos petroleros). En cuanto a degradación, destacan los incendios, plagas y enfermedades, tala ilegal comercial, corta libre, extracción libre de leña combustible. El MFC es una garantía para frenar la deforestación y degradación y puede ser una opción para algunas modalidades de desmonte.

¿Aprovechar bien o pagar
para que no se aproveche?

Francisco Chapela

En Montreal en 2005, en la Onceava Reunión de las Partes firmantes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático, la COP 11, se dijo que para reducir el cambio climático podrían emprenderse acciones para detener la deforestación y la degradación forestal en los países tropicales. La idea fue bienvenida por muchos, pues representa la posibilidad de reducir entre 12 y 17 por ciento de las emisiones de gases de efecto de invernadero (GEI) que provienen de la destrucción y descreme de los bosques y selvas tropicales.

El canalizar dinero para apoyar proyectos forestales permitiría mitigar los impactos del cambio climático de una manera barata y daría tiempo a otros sectores para transformar sus sistemas productivos.

El 30 de octubre del 2006 se dio a conocer el Informe Stern sobre la economía del cambio climático, hecho por encargo del gobierno del Reino Unido. Este documento estima que para detener el proceso de calentamiento global se necesita el equivalente al uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial. De no hacerse esa inversión, el riesgo es que los efectos del cambio climático sobre la agricultura –por huracanes y otros meteoros, las inundaciones y deslizamientos de tierra– provoquen una enorme recesión global, con pérdidas de hasta 20 por ciento del valor del PIB.

En 2007, durante la COP 13 en Bali, se adoptó el concepto de “reducción de las emisiones de GEI mediante Reducción de la Deforestación y la Degradación Forestal (REDD)”. No se tomó ningún acuerdo obligatorio en este tema, pero se invitó a los países a fortalecer sus acciones de REDD de manera voluntaria, y aprender cómo abordar este tema.

En esta tesitura, en el Día Forestal, en el marco de la COP 16 en Cancún, el presidente Felipe Calderón explicó su estrategia forestal: pagar a los campesinos de las zonas forestales el “costo de oportunidad” de las siembras de maíz; es decir, una cantidad por hectárea equiparable a la utilidad neta de sembrar este cultivo, que es el eje de identidad de las culturas mesoamericanas. ¿Es pertinente y viable esta propuesta?

Si consideramos los informes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) sobre los recursos forestales de México, se estima que en 1980 teníamos 51.5 millones de hectáreas de bosques y selvas. La superficie bajó a 37.5 millones en 1983 y a 34.5 millones en 2002. No obstante, los datos del INEGI indican que cada vez es menor la deforestación, pues hacia 1993 se estaban perdiendo casi un millón de hectáreas anuales y en 2002 unas 337 mil. El presidente Calderón mencionó en su discurso que en 2005 se perdían 155 mil hectáreas y que se estima que en 2010 se pierdan 128 mil. Es decir, estamos ante una reducción continua de la deforestación y podemos prever que en los años próximos se llegue, en efecto, a una tasa cero.

Debemos indagar qué cambió en México en los 20 años pasados que redujo la deforestación. En 1990-1994 se aplicó el “programa de ajuste estructural” a la economía mexicana, el cual enfatizó quitar subsidios a la producción agrícola. Eso significó eliminar los servicios de investigación agrícola, el extensionismo, los créditos blandos, el acopio de cosechas y el desarrollo de infraestructura. En 1994, entró en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y se levantaron los zapatistas. Después de la promulgación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, en 1988, el subsector forestal se incorporó al sector ambiental de la gestión pública.

En este período florecieron los grupos ambientalistas y a favor de los derechos humanos. Se dio impulso a los mercados éticos, incluyendo los esquemas de comercio justo, agricultura orgánica y silvicultura sostenible certificados. En México se logró identificar y certificar 33 unidades de manejo forestal sostenible que cubren más de 800 mil hectáreas. Los proyectos de manejo sostenible en áreas forestales crecieron.

El conjunto de cambios ocurridos en 1990- 2010 dieron también como consecuencia que la población rural dejara de crecer y se estabilizara en poco más de 26 millones de habitantes.

Después del ajuste estructural y del abandono al campo, y considerando que la superficie de bosques y selvas tiende a estabilizarse en 33 millones de hectáreas y que los enfoques y las iniciativas de desarrollo sostenible de la sociedad civil se están multiplicando, estamos ante la posibilidad de hacer un manejo sostenible de nuestros recursos forestales, fortaleciendo la forma de vida de los 26 millones de mexicanos que viven en localidades rurales y haciéndola compatible con la persistencia de los paisajes silvestres y cultivados que alojan la diversidad biológica. Ello implica dar viabilidad económica y social a estas personas.

Para eso haría falta invertir en infraestructura productiva, investigación y formación de capital humano, organización y formación de capital social y en el desarrollo de mercados y sistemas de financiamiento para los productos provenientes de sistemas de manejo forestal sostenible. Pero hoy el presupuesto de cerca de cinco mil millones de pesos de la Comisión Nacional Forestal (Conafor), se destina principalmente a reforestaciones y plantaciones que tienen una sobrevivencia y viabilidad muy pobres.

Si se canalizaran los apoyos económicos, políticos y técnicos hacia lograr que la población rural haga un manejo forestal sostenible y tuviera sistemas agrícolas sostenibles, podríamos al mismo tiempo consolidar el patrimonio forestal del país y detener la depauperación de la población rural.

La propuesta del presidente Calderón de pagar los “costos de oportunidad” no abona a la consolidación de las formas de vida de las comunidades rurales ni a las tendencias de largo plazo de reducción de la deforestación y de estabilización demográfica en México. Podría en cambio terminar de desarticular las economías de las comunidades rurales de México, y nos hace prever que –en caso de que se intentara implementar en serio esa estrategia– una buena parte de los 26 millones de habitantes rurales pasaría a abultar las estadísticas de los desempleados urbanos o incluso algunos se incorporen en las nóminas del crimen organizado.

Programa de Capacitación, Asesoría y Mercados (TREES) de Rainforest Alliance [email protected]

Efectos del calentamiento
global en la caficultura

Fernando Celis Callejas

En marzo del 2010, en una reunión de la Organización Internacional del Café (OIC) en Guatemala, se presentó un diagnóstico de que la producción de este cultivo estaba siendo muy afectada por el cambio climático. El planteamiento decía que sería difícil atender en los siguientes años el creciente aumento del consumo mundial, estimado entonces en 132 millones de sacos (de 60 kilos) para 2009, (se redujo después a 129 por la recesión económica), en comparación con una producción de 124 millones de sacos en el ciclo 2009-2010.

En esa reunión un experto de Brasil advirtió que si se quería tener café a futuro deberían desarrollarse “nuevos esquemas de producción”, aun cuando se sacrificara en parte la calidad; planteó que no tenía futuro la recolección a mano de los granos de café, por la escasez de trabajadores y mayores salarios, y que deberían tenerse plantas de café con modificaciones genéticas para que fueran más resistentes a los cambios climatológicos, que produjeran al segundo año (y no esperar al cuarto, como hoy es habitual), que tuvieran una sola floración y maduración (actualmente son varias) y que permitieran una recolección semi-mecanizada.

Cabe señalar que Brasil produjo 54.7 millones de sacos en 2010, ce rca de 40 por ciento de la cosecha mundial y casi 12 veces más que la de México y este país tiene una fuerte influencia en las tendencias de la cafeticultura mundial. Estas opiniones han generado una fuerte polémica en relación a las medidas de adaptación en el cultivo del café.

En el 2010 han sido constantes las informaciones sobre posibles afectaciones a la producción de café por exceso de lluvias, sequías, mayores fríos, etcétera, en buena parte de los países productores. En dos ciclos, el 2009-10 y el 2010-11, se estiman globalmente pérdidas de alrededor de 4 por ciento de la producción mundial.

Para septiembre de 2010 se estimaba la existencia de 30 millones de sacos de inventarios, los más bajos en varias décadas, equivalentes a un 23 por ciento del consumo anual.

La información sobre afectaciones climatológicas, aunada a la especulación financiera en la bolsa del café de Nueva York, propició entre junio y noviembre un aumento de 50 por ciento en los precios del grano. En noviembre –al mismo tiempo que Colombia sumaba tres ciclos con una producción menor en 35 por ciento– los precios de los cafés arábigos lavados, que son los que se producen en México, llegaron a 240 dólares las cien libras, los más altos en términos nominales al inicio de una cosecha desde 1977. Los cafés mexicanos se vendieron ese mes en un promedio de 225 dólares las cien libras.

En los años recientes la cafeticultura mexicana ha sufrido mayores afectaciones por lluvias, sequías, granizadas y frentes fríos más lluviosos. En el ciclo 2009-10 se presentaron heladas que afectaron las regiones cafetaleras del norte de Veracruz, Puebla, San Luis Potosí e Hidalgo. La cosecha actual también está muy afectada en esos estados por frentes fríos más tardíos y con más lluvia que dañaron las floraciones. En otros estados se tienen afectaciones por mayores lluvias y se debate si esto es coyuntural y cíclico por la presencia de El Niño y La Niña o si será una constante en los próximos años.

Sobre estos problemas, llama la atención la fuerte campaña que impulsan las grandes empresas trasnacionales como AMSA y la Nestlé, de que tienen plantas que son más resistentes a los cambios climáticos y tratan de introducirlas por todas partes.

Los daños climatológicos están generando un fuerte debate entre los productores de café. Se discute sobre cuáles son las medidas más adecuadas de adaptación y se revisa qué tipo de plantas están siendo más resistentes y cuál es el equilibrio adecuado entre arbustos de café y árboles de sombra. México está expuesto al cambio climático por aumento de temperatura, pero también, por la latitud del país, por afectaciones por frentes fríos.

Entre los productores se está generalizando la visión de que las “plantas mejoradas”, que requieren un paquete tecnológico especializado, son las que serían menos resistentes a la variabilidad climática, y que tendrá que recurrirse a los saberes de los cafeticultores para identificar las plantas criollas y semillas que serían más adecuadas para cada región, incluso a escala local.

Se sabe que los cafetales con sombra proporcionan muchos beneficios ambientales: captura de carbono; producción de oxígeno; protección de suelos, cuencas hidrológicas y de la biodiversidad, e incluso belleza escénica.

En los años recientes varios grupos accedieron a apoyos fiscales pequeños (325 pesos por hectárea) hasta por cinco años en el Programa de Mejoramiento del Sistema Agroforestal Café, lo que se considera como pagos por servicios ambientales. Hubo muchas resistencias de la Comisión Nacional Forestal (Conafor) para establecer este programa; argumentaba que el café es un producto de exportación que ya recibía muchos apoyos; que los productores tenían predios muy pequeños y dispersos; que no se haría mucho, ya que sólo se ponía como requisito mantener la cobertura forestal mínima de un 60 por ciento. Los productores han señalado que montos tan pequeños no valoran adecuadamente los beneficios ambientales que proporcionan los cafetales con sombra.

En el caso de los proyectos de captura de carbono, para el caso del café, como sólo se considera la adicionalidad, esto no es significativo, ya que no se pueden meter muchos más árboles en un cafetal porque afectan la producción.

A los cafeticultores les interesaría que se estableciera en México un fondo, principalmente con recursos fiscales, además de aportaciones internacionales, e incluso parte de financiamiento que sea manejado por un organismo público; que se estableciera un programa sencillo que involucrara a la mayoría de los productores y cafetales con sombra, y que se pactara con las comunidades y asociaciones de productores compromisos públicos, mediante convenios sobre las acciones a realizar y un seguimiento conjunto sobre su cumplimiento.

Estarían comprometidas acciones tales como la conservación e introducción de árboles; un manejo más ecológico de la fertilización; protección de suelos, de la biodiversidad y de cuencas hidrológicas, y otras. Los apoyos deberían ser no menores de mil 500 pesos por hectárea.

Las familias cafetaleras pueden ser unos buenos cuidadores de la madre tierra como la llaman los indígenas, pero necesitan tener las condiciones para una vida digna, con ingresos adecuados por la venta de su café, diversificando su producción y otras actividades, pero también recibiendo apoyos por un manejo sustentable de los cafetales con sombra.

Asesor de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC)


Café orgánico, organización social y servicios ambientales en México


FOTO: Niko Santo

Luis Martínez Villanueva

El café orgánico ha sido desde hace poco más de 20 años un baluarte de las organizaciones sociales en México, que genera empleos en el campo y divisas. Su inicio se remonta a la década de los 60s en la zona del Soconusco, en Chiapas, propiamente dicho en la Finca Irlanda, pero se detona cuando la Unión de Comunidades Indígenas de la Región del Istmo (UCIRI) decide –con sus dos mil 500 socios y más de diez mil hectáreas– convertir su forma de producción a orgánica en 1983-84.

Esta decisión de UCIRI surgió a raíz de que inició contactos con compradores de Alemania (GEPA), Austria (EZA) y Holanda, quienes indicaron que gracias a que en la zona no se había aplicado insumos químicos de síntesis artificial (los llamados agroquímicos) y al paradójico “atraso” de la zona respecto a la cafeticultura nacional, sería más factible el cambio tecnológico.

En 1988 UCIRI logra el primer certificado de café orgánico otorgado a una organización de pequeños productores indígenas, reconocimiento que recibió de la empresa Naturland, de Alemania. El café orgánico es aquel que se produce sin agroquímicos, pero que a la vez utiliza abonos orgánicos para la fertilidad y conservación del suelo; es cultivado bajo sombra diversa, y el control de plagas y enfermedades se realiza con métodos biológicos, etológicos, culturales y otros.

Producción orgánica e indígenas. Con el éxito obtenido por UCIRI, otras organizaciones hermanas se interesaron por lograr ese nuevo mercado de café orgánico. Desde un inicio, los grupos indígenas son los que más lo han aceptado, pues en la mayoría de los casos es congruente con su forma de vida y cosmovisión del mundo.

En este 2010 el 82 por ciento de los productores orgánicos de Chiapas son indígenas y el 50 por ciento de la superficie orgánica corresponde a café.

Cafés biodiversos, resumideros de carbono y otros servicios ambientales. Un aspecto destacable de los cafetales orgánicos es su alta biodiversidad. desde los que han sido arreglados para producir más de un producto a la vez como la pimienta, palma camedor, hoja de plátano, naranja, limón, macadamia entre otros, hasta cafetales que resguardan árboles de carácter ceremonial como la ceiba, los voladores y mezquites, o árboles medicinales y maderables. Así los pequeños productores no sólo producen café sino que resguardan la poca biodiversidad que está siendo presionada por la frontera agrícola a favor de la ganadería o de las grandes plantaciones.

Estimaciones de los socios de la Coordinadora Nacional de Organizaciones Cafetaleras (CNOC) dicen que dentro de los cafetales cuando menos se manejan diez especies de árboles de sombra, pero que pueden ser más de cien cuando se trata de manejo de especies de uso antropocéntrico. Por tanto, si un árbol es extraído del cafetal, éste inmediatamente es repuesto pues el cafetal orgánico, por definición, es de sombra.

Así se garantiza también que el carbono que se tiene como stock dentro de los cafetales se mantenga y, en la medida de lo posible –por medio de las obras de conservación de suelo, aplicación de abonos orgánicos y manejo del sotobosque–, se incremente el carbono capturado. Con el paso del tiempo este carbono es mineralizado y de esta forma secuestrado efectivamente por el suelo por medio de los microorganismos y los desechos de las plantas. Así los cafetales absorben más carbono del que desechan las comunidades cafetaleras.

Julio Moguel y Víctor M. Toledo señalan que al menos 40 por ciento de las zonas prioritarias para la conservación se traslapan con las zonas cafetaleras. Entonces son de importancia vital para conservar especies tan distintivas de las selvas o de los bosques mesófilos de montaña como las orquídeas, las bromelias, los tucanes, tigrillos, ceretes, monos y hasta el casi extinto quetzal.

Es por ello que las mismas comunidades han empezado a hacer sus ordenamientos territoriales y han establecido extensas áreas de conservación bajo la figura de reserva comunitaria. Todo el territorio es visto como una unidad y no se ha fraccionado gracias al rechazo de comuneros y ejidatarios al Programa de Certificación de Derechos Ejidales (Procede), por medio del cual la Secretaría de Reforma Agraria vende la falsa idea a los campesinos que “ahora sí van a ser dueños de sus tierras”.

Las tierras cafetaleras también son zonas importantes de recarga de agua. Por estos servicios, las comunidades cafetaleras deberían recibir un pago de parte de las comunidades y ciudades cuencas abajo. Claro, con acuerdos negociados. Pero poco se ha hecho en este sentido y al parecer las actuales políticas gubernamentales no son con el enfoque de acuerdos a nivel cuenca.

Asesor técnico de UCIRI

Vivir con menos

Roberto Escalante

Este texto de reflexiones, retos y propuestas lo escribo no como economista, sino como pensador y ciudadano preocupado por el cambio climático.

*Educación. Dentro de los contenidos educativos se deben crear los valores éticos que propicien actitudes precautorias, ya que no se puede seguir viviendo como si no pasara nada.

*Conciencia, entendida ésta como la suma de actos individuales y colectivos de voluntad que reflejen una nueva manera de relacionarse con la naturaleza y su entorno.

*Toma de decisiones. La sociedad necesita normas, leyes y lineamientos para empezar a resolver los daños que ha causado el accionar de la civilización sobre los recursos naturales y el medio ambiente. Estas decisiones ya no pueden ser privilegio exclusivo de gobernantes. En los ámbitos ambientales y de otro tipo, este estilo de tomar decisiones ha probado ser ineficaz Ahora más que nunca se precisa de hacer la política pública, realmente de los que significa público, es decir, de los ciudadanos y sus comunidades. En lo ambiental hay que ampliar el concepto del Estado y cambiar su orden de causalidad. Ahora es de arriba hacia abajo, y debe ser de abajo hacia arriba y de arriba hacia abajo e infinito, en donde lo de abajo tenga prioridad.

La historia del desarrollo del pensamiento científico se enorgulleció al crear la categoría de homo-economicus, y le atribuyó a ella la calidad de ser la semilla del hacer más para estar mejor. Esta teoría ha convencido a gran parte de la humanidad de que la ganancia es lo bueno, es lo que debe ser. Hay que cambiar esa categoría que ha probado ser catastrófica y no porque la ganancia sea ilegítima per se. Es catastrófica porque ha destruido en la conciencia de los individuos su pertenencia colectiva y, por lo tanto, solidaria. Hoy requerimos al homo-cooperandis, que puede tener lo propio pero entiende que su individualidad es inútil si no tiene una dimensión de los otros, y aquí hay que incluir a los seres humanos y a los otros seres vivos. Basta de pensar, que debemos estar contentos cuando lo que hacemos es rentable, por ejemplo, en el caso de la agricultura que nos alimenta, o si su participación en el PIB es grande y creciente.

Lo mismo puede decirse acerca de la propuesta que dice que el que contamina paga. La teoría no puede autorizar la destrucción a cambio de dinero que, además, está inequitativamente distribuido.

*Vivir con la mitad. José Sarukhán, coordinador de la Comisión Nacional para el Uso y Conocimiento de la Biodiversidad (Conabio), dijo hace algún tiempo que una de las preocupaciones mayores es que seguimos viviendo y consumiendo como si no ocurriera nada. Y no cambia esta manera de vivir a pesar que cada día nos informamos de que en México y el mundo hay lugares donde se inundan territorios, en otros lugares el calor es extremo y en muchas regiones seres humanos mueren y se pierden otros seres vivos que nos alimentan, que tienen el mismo derecho de existir. El capitalismo, pero también el socialismo capitalista, ha convencido a muchos de que valen por su capacidad de compra y de almacenamiento, por el uso de ciertas marcas exclusivas que portan en sus automóviles, relojes, ropa, nublando la conciencia de que casi todas esas cosas son superfluas.

Los hombres del pasado sobrevivieron con cantidades infinitamente menores de lo que hoy tenemos como oferta. En parte eso se debe a la tecnología. En otra parte se explica, ayer y hoy, por el respeto al verdadero sentido común, esa mezcla del conocimiento profundo y la práctica. Igual carga el morral hecho de fibras naturales por los tzotziles de Chiapas que la bolsa de mano marca Vuitro.

*Territorio. Desde hace varias décadas, en las universidades se enseña que mientras más urbana es una sociedad es más moderna, y lo moderno es igual a mayor civilización, mejor entendimiento, más cultura, mayor sustentabilidad. No es extraño que en las escuelas, cuando el maestro les pregunta a los niños de donde proviene la carne de pollo que se comen en su casa, la respuesta sea del supermercado. Ahí los fabrican, los niños creen. De igual manera, cuando uno le pregunta a sus alumnos quiénes son los chichimecas, en dónde viven y a qué se dedican, éstos ignoran las respuestas. El anatema es que lo moderno fue fraguado en lo antiguo, tiempo en el que se forjaron las posibilidades de hoy. Lo trágico estriba en que lo antiguo, que hospeda sabiduría, ha sido olvidado y es ignorado por la modernidad.

La convicción de que el territorio urbano es el moderno y el rural o indígena el retrasado ha arrojado no sólo desprecio, sino graves consecuencias sobre los recursos naturales y el medio ambiente.

El territorio urbano tiene que entender que para tener agua, comida, aire, cultura, necesita de lo rural. Los bosques, por ejemplo, son los padres del agua y a los padres se les respeta, se les cuida, se les honra. En suma, para ser moderno cuando se vive en el territorio urbano, hay que pensar y valorar el territorio que le antecedió.

*El último reto es en realidad el principio. Para paliar los efectos del cambio climático el primer reto es pensar que es posible tomar en nuestras manos todos los retos, los dichos y los que surjan. Y ese principio, el primer reto, es convencernos que la solución no está en la COP de Cancún.

Por ello, hago tres propuestas: 1.-Conformar el consejo ciudadano ambiental de México, que elabore una propuesta para ser socialmente exigible el derecho de preservar el agua y los bosques.

2.-Otorgarle a la autoridad ambiental el derecho de veto a las acciones públicas y privadas que no demuestren sustentabilidad.

3.-Crear el instituto de acceso a la información ambiental, autónomo del Estado, para transparentar el uso de los recursos públicos y privados que afecten bienes públicos ambientales.

Director del Seminario de Investigación de la UNAM sobre los Impactos Económicos y Sociales del Cambio Climático en México