roducto del avanzado grado de desnutrición que registra la justicia en México, queda claro que todo el peso de la ley, la frase predilecta de la clase política autóctona, ni de lejos roza, ya no se diga aplasta, a quienes cotidianamente atracan y humillan a la nación. No pasa día sin que alguno de los integrantes de la clase gobernante amenace con ese pomposo enunciado, ni otro para que se le olvide, o, de plano, proceda en estricto sentido contrario (más lo segundo que lo primero). Infinidad de casos se acumulan, mientras la dama de la espada y la balanza muestra una figura cada vez más escuálida.

Para no ir más lejos, de la guardería ABC y los 49 niños muertos, pasando por los 72 migrantes asesinados en Tamaulipas, hasta el asesinato de Marcela Escobedo y el reciente caso de Diego Fernández de Cevallos (sin dejar a un lado el narcotráfico y cada uno de los muchos daños colaterales) el inquilino de Los Pinos ha sido fiel usuario del cliché: “se aplicará todo el peso de la ley…” Los puntos suspensivos los utiliza para anotar el nombre del ilícito en turno, tal cual procedió tras la terrible explosión en San Martín Texmelucan, Puebla, que ya ha cobrado 29 vidas, amén de haber destrozado buena parte de la ciudad. Luego de conocer éstos últimos hechos, el susodicho velozmente amenazó: se aplicará todo el peso de la ley sobre los responsables de la citada explosión, producto, según la aún más veloz conclusión, de la extracción clandestina de combustible, por lo que se realizará una investigación a fondo para depurar responsabilidades. Como apunte, vale mencionar que las mismas frases se utilizaron en 1984 –Miguel de la Madrid– tras la explosión en San Juanico, y en 1992 –Carlos Salinas de Gortari– luego de la explosión en Guadalajara. Nada se hizo. Lamentablemente, ha reventado otra ciudad más, San Martín Texmelucan, por la extracción clandestina, a la que también se combate con todo el peso de la ley. ¿Cuántas más?

En este contexto, si la memoria no falla al autor de estas líneas, desde cuando menos tres lustros atrás se vienen escuchando las dos historias, una real otra ficticia: la primera, sobre la ordeña ilegal de los ductos de Petróleos Mexicanos; la segunda, sobre el decidido combate gubernamental en contra de quienes ilegalmente clavan el popote –por decirlo así– a las tuberías de la paraestatal. Lo primero se ha convertido en un jugosísimo negocio para unos cuantos, a costillas de la nación; lo segundo en parte de los cada vez más famélicos resultados de los llamados aparatos de justicia y de seguridad del Estado.

En el discurso se utiliza la frase (aplicaremos todo el peso de la ley) como sinónimo de acción y de excelentes resultados, aunque el decidido combate a la citada ordeña parece reproducir (como los panes bíblicos) el números de tomas clandestinas existentes en el país, no obstante que están en funcionamiento (cuando menos así lo aseguran oficialmente) la Mesa Interinstitucional de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles y el Programa de Combate al Mercado Ilícito de Combustibles. Detectan una toma clandestina, y otras diez están en operación; descubren cien, y aparecen mil en plena producción.

En su más reciente informe de labores, Pemex reporta que se identificaron y clausuraron 439 tomas clandestinas en el Sistema Nacional de Ductos de Pemex-Refinación, con el apoyo de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Marina. Por entidad federativa, se localizaron 113 tomas clandestinas en Veracruz, 66 en Nuevo León, 57 en el estado de México y 31 en Tamaulipas. Ni una sola referencia a la ordeña en Puebla, donde se localiza San Martín Texmelucan, por mucho que la paraestatal subraye que ese estado de la República se cuenta entre los de mayor presencia de la industria petrolera.

En la última década, Pemex descubrió más de 2 mil tomas clandestinas en sus ductos, que son de la nación. Lo que antes tardaba tres años en detectar, ahora le lleva uno, lo que aparentemente documentaría lo bien que va el programa de combate a la ordeña, de no ser por un hecho contundente: el negocio de la venta ilegal de combustible va viento en popa, y la impunidad de quienes lo hacen llega a tal grado que nada les significa sacrificar a la población, como la de San Martín Texmelucan, siempre que las ganancias estén garantizadas.

En su informe de labores correspondiente a 2008, Pemex lo resume así: “pese a las acciones realizadas para detener y ubicar las tomas clandestinas en el Sistema Nacional de Ductos, el volumen sustraído de producto aumentó 10 por ciento… La detección de tomas resulta cada vez más difícil, debido a que el mercado ilícito ha evolucionado y coloca túneles y derivaciones de hasta 3 kilómetros hacia bodegas. Una mayor vigilancia y la aplicación de equipo instrumentado permiten detectarlas, pero no impiden la colocación de nuevas tomas”. El reporte de 2007 revela: del total de tomas clandestinas identificadas en ductos de Pemex-Refinación, 150 se encontraron en oleoductos, siendo la primera vez que los ilícitos cometidos en ductos de este tipo son mayores a los realizados en poliductos y combustoleoductos, (lo que) evidencia las adecuaciones que los grupos delictivos realizan en respuesta a los controles implantados por Pemex-Refinación en la cadena de distribución de gasolina y diesel. Y el de 2001: “de las fugas y derrames ocurridas en Pemex Refinación se atribuye el 42.5 por ciento a tomas clandestinas y/o terceros…”. En síntesis, el cuento de nunca acabar.

Cuando menos cinco lustros de ordeña a los ductos de Pemex, y todo el peso de la ley parece ser útil en sentido contrario: cada día hay más tomas clandestinas, igual a pingües ganancias. Todo el peso de la ley que no ha servido, ni por aproximación, para evitar explosiones como la de San Martín Texmelucan ni el atraco a la nación. Eso sí, garantizado está que en la siguiente tragedia lo primero que dirá el inquilino de Los Pinos o alguna de las eminencias que lo rodean será lo relativo a todo el peso de la ley, en un país en el que la justicia muy cerca está de morir de inanición.

Las rebanadas del pastel

Muchos se fueron con la finta, porque ayer Felipe Calderón habló de rollo e hipocresías. Creyeron escuchar la primera autocrítica del inquilino de Los Pinos, pero no, una vez más se equivocaron: el inquilino de Los Pinos se refería a los presuntos plagiarios de La Ardilla.

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