Ciudad Juárez, Chih., 4 de enero. Los tres jueces del nuevo sistema de justicia penal oral Rafael Boudib, Netzahualcóyotl Zúñiga y Catalina Ochoa, quienes dejaron en libertad a Sergio Rafael Barraza Bocanegra, homicida de la menor Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo, quien fue asesinada el 16 de diciembre pasado afuera del palacio de gobierno de la capital, fueron notificados formalmente que están sometidos a un proceso por el Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), por omisiones en el juicio al asesino confeso.

El primer visitador de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH), Gustavo de la Rosa Hickerson, consideró al respecto que el STJE viola las garantías de Boudib, Zúñiga y Ochoa, pues la ley interna del organismo fija un plazo de 15 días para sancionar a los jueces por cualquier error o acto indebido en un procedimiento; si tras ese lapso no pasa nada, quiere decir que todo estaba bien.

Añadió que es absolutamente inoportuno abrir este juicio ahora, ocho meses después de que Barraza Bocanegra fue liberado y luego de la tragedia de Marisela. Destacó que en derecho, cuando las acciones no se apelan a tiempo se entiende que hay un consentimiento del superior; si éste no ejercita la acción, quiere decir que el superior está conforme con lo que resolvió el juez inferior.

Esto, porque todos los días se revisan cientos de expedientes, y cuando el superior encuentra una irregularidad de inmediato puede aplicar una sanción privada o por escrito; o si localiza una conducta indebida tiene 15 días para iniciar una investigación al juez, al que se le permite defenderse, y ya después al pleno decidir si aplica la sanción.

Recordó que la sentencia absolutoria para Sergio Rafael Barraza fue revocada por un tribunal de casación, que le dictó pena de 50 años por homicidio calificado; en ese caso, cuando un tribunal de casación resuelve en sentido contrario, lo que sucede todos los días, en ese momento el tribunal de casación podría haber aplicado una sanción a los jueces, o iniciado un procedimiento de investigación contra ellos.

Así, si el tribunal de casación no aplicó sanción alguna a Boudib, Zúñiga y Ochoa, ni abrió un procedimiento de investigación en su contra en los siguientes 15 días, quiere decir que el tribunal de casación estaba de acuerdo en que el único problema era de interpretación de la ley, y los jueces habían interpretado la ley de una manera y el tribunal de casación de otra, agregó De la Rosa.

Javier Ramírez, presidente del STJE, dijo que los jueces citados fueron notificados personalmente del proceso, y les entregaron copia de las supuestas omisiones en que incurrieron.

Indicó que durante la notificación, les entregaron las observaciones de una mesa de carácter interinstitucional que evaluó el veredicto que emitieron en abril de 2010, cuyo alegato principal es que hubo una valoración indebida de la prueba presenta- da en torno a la culpabilidad del homicida.

Esa prueba es el testimonio, no grabado en audio o video, que el acusado ofreció ante dos agentes de la policía municipal de Ciudad Juárez, un agente de la Policía Ministerial Investigadora, y su padrastro. En esa declaración, Barraza Bocanegra dijo haber asesinado a Rubí Marisol Frayre por encontrarla con otro hombre, y narró que la golpeó hasta provocarle la muerte, la descuartizó, calcinó los restos y los enterró en un basurero de Juárez.