uando hablamos de migrantes parecería que se trata de una especie humana distinta de aquella que permanece en sus lugares de origen, y por tanto pueden ser sujetos, con mayor facilidad, de violación de sus derechos humanos, sobre todo si son indocumentados. Se pasan por alto los preceptos derivados del derecho internacional de los derechos humanos, que establece y proporciona a todos los individuos, independientemente de su nacionalidad, la protección que deben hacerse valer ante cualquier Estado.
La mayoría de los estados receptores de migrantes limitan el goce pleno de esos derechos sólo a sus nacionales, lo cual convierte a los migrantes en seres humanos extraordinariamente vulnerables. Se echa a andar un poder enmarcado en la llamada soberanía, bajo la cual serán los países los que decidan quién circula y quién no en el marco de sus fronteras. Sin embargo, a través de las fronteras –que son porosas porque así conviene a los países receptores– llegan muchos migrantes indocumentados y los países se rehúsan a otorgar los papeles correspondientes, aun cuando son utilizados muy productivamente en sus economías. Y bajo estas estrategias tienen el derecho
de aplicar la ley pasando por encima de sus derechos humanos cuando así lo requieren, y alcanzan expedientes tan dolorosos como las deportaciones.
Pero el mundo ha cambiado mucho desde las propuestas de soberanía de Jean Bodin (1576) y Thomas Hobbes (1651), y hasta del propio Jean Jacques Rousseau (1762), quien por cierto incorporó un concepto central al considerar que la soberanía radica en el pueblo. A partir de la globalización, los países se han interconectado como nunca y la migración se ha convertido a partir de los años 1990 en un elemento integral de la economía mundial
(Organización de Naciones Unidas). Si bien estos movimientos responden a intereses económicos de los países receptores y de las necesidades de los expulsores, sus flujos se han visto obstaculizados como nunca, favoreciendo con ello la violación de sus más elementales derechos humanos, y no se les reconoce sus extraordinarios aportes tanto al país de destino como al de origen.
El capitalismo siempre se ha sostenido en los desequilibrios y desigualdades entre las naciones, y son precisamente estas las condiciones las que han favorecido el fenómeno migratorio. Sin embargo, bajo la globalización, estas desigualdades se han profundizado como nunca, con graves consecuencias para la mayoría de los seres humanos. La falta de protección tanto de sus países de origen como de recepción los han convertido en una reserva mundial que puede ser explotada según lo requieran las economías mundiales. El concepto que daba Fernando Claudín a la migración como el cuarto mundo
es perfectamente correcto, pues ahora como nunca los derechos humanos están en el papel, pero han desaparecido de la escena para estos trabajadores.
Los casos de Estados Unidos y México son paradigmáticos en lo que a la violación de los derechos humanos corresponde.
Estados Unidos, el más importante receptor de trabajadores en el mundo, ha violado gravemente los derechos humanos de jóvenes que habían llegado de pequeños con sus padres indocumentados, al prohibir que pudieran continuar con sus estudios en la universidad, o bien que sirvieran a las fuerzas armadas por dos años. Este país se considera paladín de los derechos humanos, y sin embargo viola uno central, que es la educación, la cual está consignada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos (artículo 26,1), que señala entre sus objetivos el pleno desarrollo de la persona humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos; favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y los grupos étnicos
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Estados Unidos, al violar un derecho fundamental como es el de la educación, se está asegurando una mano de obra barata y vulnerable, pues, al no otorgar a los indocumentados papeles para regularizar su situación les impide escalar a mejores condiciones de vida y de movilidad social. Ha incrementado en forma extraordinaria las deportaciones, alcanzado 365 mil personas, según diferentes fuentes, sin importar que lleven 10 o 15 años trabajando en el país, creando una serie de beneficios que no se les reconocen. Para colmo, en la mente de algunos republicanos está la idea de cancelar la ciudadanía de los hijos nacidos en Estados Unidos de padres indocumentados, aun cuando esto sería contrario a la enmienda 14 de la Constitución.
México también está en el banquillo de los acusados, pues no puede seguir justificando las tragedias que están pasando los migrantes centroamericanos y lavarse las manos simplemente culpando a la delincuencia organizada, cuando tambien hay autoridades involucradas. El Estado tiene la responsabilidad de cuidar de todos aquellos que pasan por su territorio, sean documentados o no, y castigar a los culpables, cosa que está muy lejos de suceder. Tal como queremos que suceda con los mexicanos que sufren gran cantidad de percances en Estados Unidos.
Superar las graves situaciones que viven los migrantes nos obliga a todos como sociedad a formarnos en el respeto por la dignidad humana y de los derechos humanos y obligar a los estados a que actúen en esa direccion, situacion que lamentablemente sigue siendo una asignatura pendiente.
