ojarasca jornada

Carretera financiada por el Banco Mundial en tierras nambikwara,
Brasil. Foto: Marcos Santilli

 

 

Bolivia

Movilización nacional

contra el gasolinazo de Evo

 

Las movilizaciones decembrinas en todo el territorio boliviano en contra del alza de los combustibles, lograron que el presidente Evo Morales derogara el decreto de lo que ya se conoce como el gasolinazo, medida impopular que se quiso imponer sin consultar a nadie.

Evo Morales acudió a la frase zapatista de “mandar obedeciendo” para explicar la abrogación de la medida. Sin embargo, señalan organizaciones sociales bolivianas, el “mandar obedeciendo” es antes y no después de tomar una decisión.

El gobierno de Bolivia pretendía incrementar los precios de los combustibles (la gasolina para autos 72 por ciento, el diesel 84 por ciento y la gasolina para aviación, 99 por ciento), con el argumento de que la economía se veía afectada con el subsidio mientras las finanzas se desangraban por el contrabando a Perú, Chile, Brasil, Argentina y Paraguay.

La presión en las calles no se hizo esperar. Después del anuncio navideño la gente se manifestó como antes lo hizo durante la Guerra del Agua, en el 2000, y en la Guerra del Gas, en 2003, logrando el anuncio de la derogación justo el 31 de diciembre, en lo que fue considerado como la primera gran derrota política del gobierno de Morales.

Apenas un día antes, el 30, circuló una carta pública firmada por las organizaciones sociales, dirigida al presidente y al vicepresidente Álvaro García: “¿Dónde está tu “mandar obedeciendo” que es propiedad de los zapatistas? ¿El pueblo te mandó a pactar con la derecha en la Asamblea Constituyente?... ¿El pueblo los mandó a imponer un gasolinazo tan brutal, irracional, soberbio, neoliberal, que va a empobrecer mas a la gente que apenas sobrevive, si es que tiene la suerte de tener un puesto en el comercio o un empleo?”

Oscar Olivera, portavoz de la Coordinadora del Agua, es uno de los firmantes. Posteriormente, en entrevista publicada en Anarquismo.net, Olivera explica que “el gobierno definitivamente quiso convencer a la población con números, diciendo que este proceso iba a generar un aumento de ingresos a las arcas fiscales, que iba a ser redistribuido para mejorar la calidad de vida, sobre todo en áreas rurales, pero la gente se sintió muy agredida, defraudada y salió a la calle a decir que esas medidas no pasan. Lo más indignante es que el gobierno responsabiliza al contrabando de carburantes para castigar al pueblo, pero los responsables de este contrabando son principalmente la policía y el ejército”.

La gente, relata el dirigente social desde Cochabamba, “de manera muy organizada, pero muy autónoma, salió a las calles a protestar, a oponerse a esta medida. No sólo salió en los lugares tradicionales de rebelión popular, como son los sectores mineros de Oruro y Potosí, El Alto y Cochabamba, sino que salió en todo el país. Incluso en el Chapare, el bastión de Evo, los pobladores bloquearon las carreteras. Yo creo que iba a haber una respuesta popular muy seria, que pondría en riesgo la estabilidad del gobierno.”

La derogación, advierte Olivera, no significa que el presidente haya renunciado a la medida, pues “escuchamos una declaración de Morales en una concentración campesina en Patacamaya, La Paz, donde dijo que sí o sí la subvención se tiene que levantar, y que lo hará con el consenso de las organizaciones sociales”.

Lo positivo, dice, “es que se está generando otra vez un proceso de reflexión, discusión y movilización de los sectores populares, y la gente ha ido generando espacios para retomar la palabra y la acción”.                                   

GMR