Opinión
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Desafíos de la crisis boliviana
Raúl Zibechi
A

finales de diciembre se produjo un hecho sin precedente en la historia reciente de América Latina: el primer levantamiento popular contra un gobierno de izquierda, provocado por el aumento del precio de los combustibles decidido por el gobierno de Evo Morales. Es posible que sea el hecho político cualitativamente más importante generado por los de abajo desde el caracazo de febrero de 1989 contra uno de los primeros ajustes neoliberales en la región. Si esto fuera así, se abriría una nueva etapa en las luchas sociales en un periodo caracterizado por el alza generalizada de los alimentos.

La importancia histórica del caracazo es que fue la primera insurrección popular contra el modelo impuesto por el Consenso de Washington. Un paquete de medidas antipopulares fue respondido por cientos de miles en las calles, abriendo un foso infranqueable entre los de arriba y los de abajo. La insurrección de Caracas mostró que se podía derrotar el modelo si se desbordaban los cauces establecidos para la protesta social, entre ellos los sindicatos, convertidos en muros de contención de la rebeldía.

El nuevo periodo histórico fue seguido por decenas de levantamientos populares, empezando por el de Ecuador en 1990, que marcó una ruptura en las luchas sociales al instalar la agenda indígena de autogobiernos territoriales en el centro del escenario político. Desde ese año se sucedieron más de media docena de erupciones populares forzando la caída de tres presidentes. Los gobiernos de Rafael Correa y Hugo Chávez son consecuencia del nuevo protagonismo popular.

En Bolivia, tres grandes insurrecciones (2000, 2003 y 2005) jalonaron un ciclo de luchas que culminó con la elección de Evo Morales. Desde el subsuelo de las sociedades nacieron potentes movimientos que modificaron el mapa político latinoamericano.

Lo sucedido ahora es diferente. La reacción popular al aumento de la gasolina (72 por ciento) y el diesel (82 por ciento), difundida un domingo 26 de diciembre de noche, debió ser suspendida porque la creciente movilización amenazaba convertirse en estallido social. Fue en las regiones más evistas, aquellas donde el presidente cosechó más de 80 por ciento de los votos, las que se movilizaron contra la decisión del gobierno. El Altiplano aymara y las zonas cocaleras del Chapare fueron testigos de acciones colectivas que enfocaron la ira de la población contra los mismos que se habían beneficiado de un apoyo casi unánime un año atrás, cuando el presidente fue relegido con 64 por ciento de los votos.

Lo sucedido en El Alto es, tal vez, lo más importante. La ciudad aymara fue epicentro de la rebelión de 2003 y allí Evo obtuvo 81 por ciento de los votos. El 30 de diciembre la multitud atacó las sedes de las organizaciones que se pronunciaron en favor del alza de los combustibles, entre ellas la Federación de Juntas Vecinales, que protagonizó el levantamiento de 2003 contra Gonzalo Sánchez de Lozada, y la Central Obrera Regional (COR). También atacaron la alcaldía de la ciudad e incendiaron las casetas de peaje El Alto-La Paz, quemaron una bandera venezolana y retratos de Evo.

A finales de enero el instituto Ipsos difundió encuestas que muestran fuerte descenso del apoyo al gobierno. La popularidad de Evo cayó de 84 por ciento en 2007 a 36 por ciento en enero de 2011, y 56 por ciento de la población rechaza su gestión. El vicepresidente Álvaro García Linera, cuyo nivel de aprobación cayó de 46 por ciento en noviembre de 2010 a 29 por ciento, cosecha 71 por ciento de reprobaciones.

La rebelión contra el gasolinazo muestra cinco hechos significativos. El primero es que el movimiento popular no ha sido cooptado y mantiene su autonomía, pese a que hubo consistentes esfuerzos del gobierno por domesticarlo con políticas sociales que se resumen en transferencias monetarias. Lo que consiguió fue atraer a unas cuantas dirigencias, pero al precio de separarlas de sus bases, que han mostrado que no son simple masa electoral.

La segunda es que el ciclo de luchas se está relanzando contra los límites que impone el extractivismo. El intento de aumentar precios a los combustibles muestra que la nacionalización de los hidrocarburos fracasó, porque se quedó en mera negociación de contratos con las multinacionales. Pero enseña además que el salto industrial que difunde el gobierno no ha pasado de las declaraciones y que no se discute un modelo económico alternativo.

No haber consultado a la población y a los movimientos y el modo en que se emitió el Decreto 748, demuestra que no existe ni refundación ni descolonización del Estado, ya que se aplicó una medida neoliberal con métodos neoliberales. Ésta es la tercera conclusión, que coloca todo el proceso boliviano ante una disyuntiva: o se reconduce rápidamente o tiene los días contados.

En cuarto lugar, es una seria advertencia a todos los procesos de la región, ya sean los tibiamente progresistas o los que se inscriben en el socialismo del siglo XXI. Hemos ingresado en una fase más aguda de la crisis del sistema-mundo, caracterizada por la tendencia al desgobierno y al caos que genera la combinación del alza de las materias primas y la desarticulación geopolítica global. Los sucesos de Bolivia y los del sur de Chile se van a repetir y pueden arrasar cualquier gobierno, aun aquellos que tienen fuerte apoyo popular.

Por último, es necesario hacer una opción ética. Cuando los de abajo atacan y destruyen los locales de sus organizaciones es porque los diques de contención de la protesta social están rotos, o son tan frágiles que no pueden impedirla. ¿De qué lado nos vamos a colocar cuando las multitudes arremetan contra gobiernos y dirigentes de izquierda? En este punto no puede haber el menor cálculo en el sentido de a quién beneficia o perjudica la insurrección en curso. Estar con los de abajo es la única brújula en medio del caos.

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