El Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) evaluará este miércoles si procede la reserva que la Policía Federal (PF) impuso a la información relacionada con el ejercicio de mil 192 millones 792 mil 400 pesos que le asignaron en 2008 para gastos de seguridad pública y nacional. En tanto, la Secretaría de la Función Pública reservó la auditoría 30/2010 que practicó por irregularidades en Pemex Refinación, la cual derivó en juicios ante tribunales.

A su vez, la Secretaría de Gobernación declaró inexistente cualquier información sobre el monto de la pensión vitalicia, indemnización o apoyo económico que haya recibido o reciban la viuda (Mari Gely Escalente Castillo) y la familia del ex titular de la dependencia, Juan Camilo Mouriño, fallecido en un accidente aéreo.

A pesar de que la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública señala que todo gasto ejercido por las 290 dependencias y entidades del gobierno federal es de carácter público, la PF sostuvo que revelar en qué y cómo se gastó en 2008 generaría un daño presente, probable y específico, porque la delincuencia organizada tendría conocimiento de los recursos destinados a la adquisición de armamento, equipos especiales, vehículos y otros, así como el desempeño de funciones oficiales de carácter estratégico y programas especiales.

Señaló que se revelaría información específica de la capacidad estratégica de reacción con equipo utilizado en el combate de acciones delictivas como secuestro, narcotráfico, asalto en carreteras, tráfico de indocumentados y de armas, en Zoperativos en los que la PF participa con autoridades de seguridad de los tres niveles de gobierno.