La apertura de Petróleos Mexicanos (Pemex) al capital privado con la asignación de contratos incentivados desató el debate en los sectores político y académico. La mayoría calificó la medida de inconstitucional y como un paso hacia la privatización de la paraestatal. En sentido contrario se colocó, entre otros, el senador Francisco Labastida (PRI), para quien dichos convenios son constitucionales y buenos para la empresa.

El legislador consideró que son convenientes para las finanzas de la petrolera, la cual no pierde el control de la empresa ni el petróleo cambia de propiedad. Es decir, no se privatiza, afirmó.

En cambio, el abogado constitucionalista Raúl Carrancá y Rivas aseguró que no existe diferencia entre los conceptos exploración y explotación de campos maduros en el Golfo de México. Si se permite la participación de empresas privadas será una violación gravísima a la Carta Magna, sostuvo.

Elisur Arteaga, profesor de derecho constitucional de la Universidad Autónoma de México, sostuvo que si se trata de exploración, sí hay la posibilidad de ese tipo de contratos, siempre que una vez hecha la exploración se entregue la llave del pozo explorado a Pemex.

El también constitucionalista Jorge Carpizo definió que los hidrocarburos son propiedad de la nación y sólo Pemex debe explotarlos. Ya hay varios ejemplos de bienes estratégicos que han sido privatizados y sólo han enriquecido a unos cuantos. Uno es el sistema financiero, destacó.

Gregorio Vidal, catedrático de la UAM y especialista en política económica, aseguró que la participación del capital privado en Pemex es contrario al marco legal y a cualquier intención de utilizar el petróleo para impulsar el desarrollo de la economía nacional.

El senador del PRD Pablo Gómez, sostuvo que estos contratos son ilegales. La ley de Pemex no menciona una figura de contrato incentivado; al contrario, impide que la contraprestación se entregue al contratista y que dependa del valor del producto como lo están haciendo.

En la Cámara de Diputados, legisladores del PRI y PRD coincidieron en que el proceso de privatización de los bienes nacionales es irreversible en tanto permanezca en el poder el Partido Acción Nacional.

Jorge Rojo García de Alba, coordinador de los priístas por el estado de Hidalgo, expuso que en los últimos diez años los gobiernos panistas se han encargado de llevar a la ruina a la empresa más rentable de los mexicanos.

En cambio, el senador Labastida sostuvo que esos contratos son “el fruto un poco tardío –porque se llevaron más de dos años en elaborarlos– de la reforma energética que fue aprobada por el Congreso. Recordó que hace más de cuatro años él mismo planteó que en lugar de ir a aguas profundas debieron licitar los contratos de pozos maduros. Ahí está el petróleo más fácil, más rápido y más barato.

A su vez, el senador panista Juan Bueno Torio, de la Comisión de Energía, subrayó que la nueva ley de Pemex le permite estos contratos para actuar con mayor celeridad en el desarrollo de sus actividades. No hay ningún inicio de privatización, ese debate ya lo dimos cuando se modificó la ley de la paraestatal”.