l pasado martes, Petróleos Mexicanos (Pemex) inició el proceso de asignación de los llamados contratos integrales de servicios –aprobados por el consejo administrativo de la paraestatal en noviembre pasado–, mediante los cuales se permite a empresas particulares participar en tareas de exploración y explotación de campos petrolíferos en el territorio nacional.

Como se consignó ayer en estas páginas, el mecanismo ha sido objeto de críticas diversas de especialistas en la materia y de miembros del propio consejo de administración de la paraestatal: desde aquellas que consideran que los citados contratos están en los márgenes del nuevo marco legal aprobado en 2008, hasta las que los consideran abiertamente inconstitucionales.

Más allá de puntos de vista particulares, la literalidad del marco legal vigente no deja mucho margen para la interpretación: la actual ley reglamentaria del artículo 27 constitucional afirma que sólo la nación podrá llevar a cabo las distintas explotaciones de los hidrocarburos, que constituyen la industria petrolera, y señala que ésta abarca la exploración, la explotación, la refinación, el transporte, el almacenamiento, la distribución y las ventas de primera mano del petróleo y los productos que se obtengan de su refinación, entre otras modalidades. Por su parte, la Carta Magna consagra en el numeral referido que tratándose del petróleo y de los carburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos o de minerales radioactivos, no se otorgarán concesiones ni contratos y que la nación llevará a cabo la explotación de esos productos.

Es decir, la modalidad de contratación recién lanzada por Pemex es contraria al espíritu y la letra de la Constitución y de la ley reglamentaria correspondiente. Es inevitable concluir, pues, que la aplicación de esos mecanismos constituye una violación abierta y deliberada de la legalidad –si ha de apegarse al estricto contenido de las normativas citadas– o, en el mejor de los casos, producto de una inconsistencia jurídica inaceptable que busca dar cobertura a una circunstancia a todas luces inconstitucional y que, por tanto, debe ser corregida.

Sea como fuere, con el otorgamiento de los contratos integrales queda exhibida una continuidad y un avance en el designio de reducir la participación pública en la industria petrolera nacional y de entregar a particulares cuanto se pueda de la actividad prospectiva y extractora. Ciertamente, ese designio no es privativo de la actual administración –ha sido un hilo de continuidad entre las presidencias de Miguel de la Madrid y Felipe Calderón–, pero en el actual sexenio ha adquirido una configuración particularmente burda, pues se ha hecho acompañar de una actitud turbia y sibilina de la autoridad: así, en lugar de actuar de frente y poner sobre la mesa un proyecto de reformas constitucionales, que sin duda serían rechazadas por la mayor parte del país, el gobierno se ha valido de subterfugios en su empeño por privatizar el sector energético, ha actuado de espaldas a la población, le ha mentido abiertamente sobre sus intenciones y ha alimentado con ello un importante factor de división política y social.

Por lo demás, cabe preguntarse por la postura de los principales partidos opositores ante el arranque formal de un mecanismo que, a juzgar por los elementos referidos, da cobertura legal a una práctica ilícita. No está de más recordar que, a decir de las autoridades de Pemex, los también denominados contratos incentivados se desprenden del marco legal aprobado en la reforma energética de hace casi tres años, y a cuyo aval se sumaron, con entusiasmo y orgullo, las cúpulas priísta y perredista.

Frente al carácter por lo menos ambiguo y peligroso de la circunstancia descrita, es deseable y necesario que los sectores de la sociedad que se opusieron a la iniciativa abiertamente privatizadora presentada en 2008 por Felipe Calderón se mantengan alertas y rechacen este nuevo intento por escamotear a la nación propiedades y potestades que le pertenecen por mandato constitucional. Tal perspectiva, cabe recordar, pone en juego no sólo los recursos del país, sino sus posibilidades de desarrollo, su soberanía e incluso su viabilidad.