El presidente del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE), Leonardo Valdés Zurita, anunció que el ciudadano Andrés Manuel López Obrador tiene a salvo sus derechos políticos y puede aparecer en los mensajes de radio y televisión  de aquellos partidos que lo incluyan en las pautas y tiempos que el Estado les otorga.

En la Cámara de Diputados, refirió que el Consejo General está en espera de la auditoría que realiza la contraloría interna para, una vez conocida, determinar el destino de los 348 millones de pesos que tiene el instituto por ahorros y economías.

Consideró que si el resultado de la fiscalización les fuera adverso, el IFE estaría dispuesto a reintegrar ese dinero a la Tesorería de la Federación.

Si este último fuera el caso, el IFE solicitaría a la Secretaría de Hacienda una ampliación presupuestal para resolver el problema de los inmuebles que renta, debido a que se requieren casi 400 millones de pesos anuales.

Al reunirse con diputados federales de la comisión especial encargada de vigilar el correcto uso de los recursos federales, estatales y municipales en los procesos electorales, Valdés Zurita hizo un llamado a los partidos a crear conciencia entre sus precandidatos para que éstos esperen los tiempos legales (de precampaña y campaña), con la finalidad de que se permita una elección con mayor orden en 2012.

A la pregunta de Armando Corona, diputado del PRI por el estado de México, acerca de qué está haciendo el IFE para saber de dónde saca (recursos económicos) López Obrador para pasearse por todo el país, Valdés Zurita expuso que en cuanto comience la campaña presidencial de 2012 el instituto realizará una investigación sobre el financiamiento de los aspirantes.

Si detectamos recursos de procedencia ilícita o que se rebasen los topes (previstos en la ley), se aplicarán las sanciones que correspondan. Vamos a ser muy rigurosos para que no se viole la ley, sostuvo.

Al abundar sobre el tema López Obrador, dijo que en el caso de los mensajes del PT donde éste apareció, el Consejo General espera que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación resuelva la impugnación del PAN por la decisión de los consejeros, quienes determinaron que López Obrador no realizó actos anticipados de campaña.

Acerca de las sanciones que se aplican por realizar actos de campaña anticipados, consideró que hay algunas definiciones en el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales (Cofipe), pero el déficit es mayor en las legislaciones locales: Ahí sí sería importante que los congresos de los estados hicieran, por lo menos, la homologación con la ley federal.

Asimismo, indicó que el Consejo General del instituto esperará el resultado de la auditoría que elabora el contralor interno del IFE, Gregorio Guerrero Pozas, para emitir una postura sobre los ahorros por 348 millones de pesos en disputa.

–¿Quienes politizaron el tema del ahorro se ensañaron con el prestigio del IFE? –se le dijo a Valdés.

–No. Yo diría que siendo el presupuesto un tema sensible para la población y siendo el IFE una institución muy transparente del Estado mexicano, hubo debate público.

“El IFE está acostumbrado a que los asuntos se debatan públicamente; nuestras sesiones de Consejo General, las de la Junta General Ejecutiva, son públicas para cualquier ciudadano que quiera acudir a presenciarlas y, por supuesto, nosotros estamos dispuestos al escrutinio público porque somos una institución comprometida con la transparencia.

Los diputados de la comisión especial insistieron en señalar los riesgos que conlleva el sistema electoral si se encontraran casos de participación de dinero ilícito. Valdés Zurita se pronunció en favor de que se realice una reforma al Código Penal Federal para que estas conductas puedan perseguirse de oficio y castigar a los culpables. El propósito de una medida legislativa de esa naturaleza será la persecución de quien use recursos de procedencia ilegal.

Defendió el llamado programa inmobiliario, integrado con una bolsa de 348 millones de pesos: Consideramos que fueron ahorros legítimos apegados a derecho, que están destinados a una actividad para disminuir el costo del presupuesto inmobiliario de la institución en el futuro.