Un grupo de manifestantes se reunió ayer al mediodía frente a la representación del gobierno de Chihuahua en el Distrito Federal para expresar su repudio a la violencia que sufren los activistas de derechos humanos en esa entidad, donde las autoridades han sido omisas en el cumplimiento de su trabajo.

En medio de consignas como Chihuahua no es cuartel, fuera Ejército de él, los inconformes señalaron que la impunidad y el derramamiento de sangre, en particular el sufrido por la familia Reyes Salazar, hacen de México un Estado fallido que no garantiza la seguridad de sus ciudadanos.

Julián Contreras, activista de Ciudad Juárez, advirtió que la mayoría del pueblo sólo reaccionará cuando viva en carne propia la pérdida de algún familiar, y aseguró que en dicha urbe van más de 100 mil ejecutados desde que inició la guerra contra el narco, según cálculos extraoficiales que no son reportados por la mayoría de los medios. Luego del fraude electoral de 2006 vino la militarización de la seguridad pública, que nunca ha dado resultados positivos para la sociedad, apuntó.

Todo ello, dijo frente a estudiantes y miembros de organizaciones civiles, configura ya un estado de excepción no declarado oficialmente, lo que convierte al gobierno mexicano en un transgresor de sus propias leyes.

Contreras informó que el próximo sábado el gobierno de Chihuahua realizará una manifestación a favor del fiscal Jorge González Nicolás, y lamentó que las autoridades de dicha entidad sigan acusando a los promotores de derechos humanos de servir al crimen organizado, como se ha sugerido de forma velada con la familia Reyes Salazar.

Por su parte, Daniel Gershenson, del colectivo Alarbo y miembro del grupo de twiteros Contingente México, afirmó que ante la falta de acción del gobierno mexicano para frenar la ola de violencia, es imperativo acudir ante organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.