A pesar de las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en contra del Estado mexicano por el caso Campo algodonero, el país aún no ha desarrollado los mecanismos para cumplir dichas resoluciones, por lo que la impunidad y los agravios siguen vigentes.

Esta es una de las conclusiones a las que llegaron los asistentes al foro La lucha contra el feminicidio en México, realizado ayer en el auditorio Isidro Fabela, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México, por las organizaciones Contracorriente y Pan y rosas.

David Peña, jurista encargado del caso ante la CIDH, explicó que luego del descubrimiento de una fosa común con los cuerpos de ocho mujeres, el 6 y 7 de noviembre de 2001 en el paraje conocido como Campo algodonero, en Ciudad Juárez, la actitud de los tres niveles de gobierno ha sido de una indolencia total.

Además de no brindar los mecanismos necesarios para prevenir, investigar y sancionar los asesinatos de mujeres por causas de género, las instituciones de justicia en México han responsabilizado a las propias víctimas de propiciar las agresiones en su contra, denunció el abogado.

No es que en el país no haya estructuras de seguridad e investigación, sino que éstas no funcionan, señaló, y por tal motivo los feminicidios han ido en aumento de forma exponencial, ayudados por el clima de violencia cultural contra las mujeres, que permanece todavía muy enraizado.

Al estar dirigida la sentencia contra el Estado mexicano en su conjunto, aseveró Peña, todos los organismos involucrados pretenden evadir su responsabilidad, por lo que uno de los retos principales en este tema es hacer que las autoridades cambien las actitudes y estereotipos misóginos de sus funcionarios.

Por su parte, Alma Gómez, integrante del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, hizo una revisión histórica y conceptual del feminicidio y recordó que luego del caso Campo algodonero, y orillado por la presión internacional, el gobierno de México pretendió ofrecer respuestas que nunca cumplieron las necesidades de justicia de las víctimas y sus familiares.

La sentencia de la CIDH, afirmó, es un logro importante, pero no el principal, ya que el cumplimiento de todos sus puntos sigue pendiente.

De su lado, Alejandra Sepúlveda, del colectivo feminista Pan y rosas, anunció que el 8 de marzo iniciará una campaña internacional para denunciar la persistencia de los feminicidios, y sostuvo que dicho fenómeno ha sido creado por la militarización de la seguridad pública, la impunidad y la indiferencia de las autoridades del país.