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Cumbre México-Estados Unidos

Se desconoce si se realizaron en su totalidad las transferencias de equipo, tecnología y entrenamiento en 2009, establece

ASF: una incertidumbre, aplicación de acuerdos de la Iniciativa Mérida
 
Periódico La Jornada
Viernes 4 de marzo de 2011, p. 6

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) advirtió que el sistema de control interno de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) muestra debilidades en la coordinación, supervisión y seguimiento de los compromisos derivados de la Iniciativa Mérida, por lo cual no es confiable y dificulta conocer en términos generales el estado real del cumplimiento de los acuerdos establecidos entre los gobiernos de México y Estados Unidos para el combate del narcotráfico y la delincuencia trasnacional.

El órgano fiscalizador del Poder Legislativo advirtió que no hay certeza de que las transferencias acordadas respecto a equipo, tecnología y entrenamiento se realizarán en su totalidad en 2009.

Esto, porque de 36 transferencias hechas a cuatro dependencias, en 24 se fijaron fechas de entrega en las minutas de las reuniones del grupo bilateral de seguimiento (GBS) de la Iniciativa Mérida, y sólo en 14 casos se recibieron en la fecha señalada; en dos, anticipadamente; en tres, hubo atraso, y en cinco casos no se recibieron. Otros 12 casos no estaban programados por el GBS, pero se destinaron a la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Respecto a los mil 400 millones de dólares comprometidos en la Iniciativa Mérida para las transferencias, indica que 280 millones de dólares no habían sido aprobados por el Congreso estadunidense a finales de 2009.

La ASF indicó que no identificó que en alguna de las siete reuniones del GBS de la Iniciativa Mérida, la SRE, como representante del gobierno de México, asentara el tema de los atrasos, y la no entrega de las transferencias acordadas.

En el Informe del Resultado de la Fiscalización de la Cuenta Pública 2009, que audita a las 10 dependencias federales involucradas en la Iniciativa Mérida, la ASF advierte que se constató que, por insuficiencia presupuestaria de Estados Unidos, las transferencias a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se redujeron respecto a lo originalmente acordado.

La Sedena solicitó ocho helicópteros, 87 equipos de escáneres de iones y un vehículo de rayos gamma, pero las transferencias se redujeron a cinco helicópteros, 43 equipos de escáneres de iones, y en cuanto al vehículo de rayos gamma, se pospuso su entrega por atrasos en los trámites adquisitivos del gobierno de Washington.

Asimismo, 85 elementos del Ejército Mexicano recibieron el entrenamiento acordado para la operación, uso y mantenimiento de los helicópteros (que se destinaron a la Fuerza Aérea Mexicana), y de los escáneres, 30 se asignaron a seis puntos estratégicos de Baja California y Sonora.

El equipo, tecnología y entrenamiento lo recibió la Sedena al concluir 2009, y se usaron hasta 2010. Ante ello, la ASF iniciará la revisión de resultados al término de este año.

Por su lado, la SSP solicitó 15 camionetas, 17 equipos de cómputo, equipo para entrenamiento canino, de protección personal, equipo diverso y 17 cursos de capacitación.

Se constató que el equipo de protección personal, cinco camionetas y ocho cursos de capacitación se entregaron e impartieron en las fechas establecidas por el GBS, pero 10 camionetas se entregaron con dos meses de atraso.

Además, se recibieron siete equipos de cómputo, material para entrenamiento canino, equipo diverso y se impartieron los nueve cursos de capacitación restantes. Las transferencias no se programaron en las minutas de las reuniones del GBS, por lo cual no fue posible determinar si se recibieron en la fecha establecida, indica.

Sobre la capacitación en 17 cursos, se involucraron 5 mil 309 elementos. La ASF revisó 360 expedientes de quienes participaron en cuatro cursos impartidos en la ciudad de México, y se constató que en todos se cumplieron los criterios de selección para el adiestramiento.

A diferencia de la Sedena y la SSP, la Procuraduría General de la República (PGR) no construyó mecanismos de control para identificar los cursos y evaluar el impacto en el uso del equipo y tecnología recibido al amparo de la iniciativa. Sin embargo, recibió dos equipos de investigación criminalística siete meses después, y el de protección personal en el lapso acordado.