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Autoridades federales confunden gratuidad con precariedad, acusa

Desprecio oficial para padres con hijos en escuelas públicas: Gil Antón
 
Periódico La Jornada
Martes 22 de marzo de 2011, p. 35

El mobiliario destrozado con el que trabajan los niños de escuelas públicas es un signo del desprecio con el que este gobierno trata a quienes envían a sus hijos a las escuelas públicas y del enorme aprecio que tiene hacia quienes mandan a sus niños a los planteles privados, consideró Manuel Gil Antón, experto en educación de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) .

Subrayó que mientras los paterfamilias de las escuelas públicas tienen que hacerse cargo del mantenimiento y llevarse a su casa las bancas para repararlas –como lo evidenció este diario– el gobierno de Felipe Calderón apoyará con 13 mil millones de pesos en exención de impuestos a las familias de planteles de paga.

Entrevistado sobre las deplorables condiciones en que toman clases los niños en escuelas públicas, el especialista destacó que este desastre no es por falta de recursos del Estado. Las autoridades tienen el dinero, pero lo canalizan al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), encabezado por Elba Esther Gordillo, o a rubros injustificados de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Lo que queda claro, añadió, es que la administración calderonista está en favor de apoyar a las clases medias que votan por Acción Nacional. Si un padre de familia tiene que llevarse a casa la silla averiada de la escuela para repararla, es todavía más oprobioso que el gobierno esté apoyando con exención de impuestos a las familias que mandan a sus hijos a los planteles privados.

Esto, sin darse cuenta que el esfuerzo más fuerte que se realiza es en las escuelas públicas. Y me temo que aquellos casos en los que la infraestructura escolar mejore será por medio de las anticonstitucionales cuotas voluntarias, externó.

Este tipo de realidades demuestra que lo que la autoridad entiende por gratuidad de la educación pública básica es más bien precariedad. Con esa concepción, las escuelas de gobierno pueden estar exentas de realizar las inversiones necesarias para tener planteles dignos.

¿Acaso será necesario agregar en la Constitución que la educación pública básica debe ser gratuita y digna?, cuestionó.