Chilpancingo, Gro., 10 de abril. En mayo próximo se cumplen cuatro años de la desaparición de Edmundo Reyes Amaya y Gabriel Alberto Cruz Sánchez, militantes del Ejército Popular Revolucionario (EPR), y si para entonces no se resuelve el caso, el grupo rebelde pondría fin a la tregua que anunció en 2008 para facilitar las investigaciones.

José Enrique González Ruiz, miembro de la Comisión de Mediación (Comed) entre el EPR y el gobierno federal, dijo que las autoridades tienen una última oportunidad, pues en caso de incumplimiento, los familiares de los desaparecidos acudirán a instancias internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), con sede en Costa Rica.

El EPR dijo en un comunicado que la tregua no es eterna, y a falta de resultados el caso se denunciará en el extranjero, adonde la Comed los acompañaríamos pero concluiría el papel de mediadores que asumimos el primero de mayo de 2008, indicó el académico que integra la comisión, junto a Miguel Ángel Granados Chapa, Gilberto López y Rivas, Rosario Ibarra de Piedra y Juan de Dios Hernández Monge, entre quienes también figuraron los finados Carlos Montemayor y Samuel Ruiz.

González Ruiz, ex rector de la Universidad Autónoma de Guerrero, expuso que la Procuraduría General de la República inició una pesquisa, pero no por desaparición forzada sino por secuestro, que es un delito común y no de lesa humanidad ni de Estado, pese a lo cual es posible que los cambios recién anunciados en la dependencia faciliten resolver el caso y evitar que el gobierno sea denunciado internacionalmente como violador de los derechos humanos.