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La España republicana

Luis Perujo Álvarez*

“España es una República de trabajadores de toda clase, que se organiza en régimen de Libertad y Justicia.” Con estas palabras que dan inicio a la Constitución Española, quedaba definido el espíritu y la naturaleza de la II República, cuyo triunfo, que ya se anunciaba en las elecciones municipales del 11 de febrero de 1931, obligó de inmediato al país a ocuparse de los graves problemas seculares que en todos los órdenes habían desde siempre dominado su existencia; el programa social, el problema regional y el sucederse de fracasos políticos, de juntas militares, de directorios convertidos en dictaduras, y de intentos parlamentarios de una monarquía incapaz.

Las elecciones de abril dieron la victoria abrumadora a los partidos republicanos en las grandes ciudades y en los centros industriales, pero en las regiones más atrasadas del campo, dominado por grandes extensiones de terratenientes y caciques, había triunfado el rey, la monarquía, apoyada en el voto obligado de jornaleros manipulados. No obstante, la abrumadora crisis política y la ingobernabilidad del país por el camino de más represión, aunados al creciente entusiasmo por el triunfo republicano, hicieron abdicar al rey que tomó el camino del exilio: la realeza tuvo que ceder a la realidad.

Fueron días intensos de gran entusiasmo popular, la izquierda más avanzada triunfaba en todas partes. La mañana del 14 de abril de 1931, los concejales republicanos de Eibar, por primera vez en España, izan la bandera republicana, le siguen Madrid y Barcelona, y, para las cinco de la tarde, ya se había proclamado la República en Sevilla, Valencia, San Sebastián, La Coruña, Zaragoza, Huesca y Salamanca entre muchas otras ciudades. La Guardia civil ya no garantiza la vida del régimen, y la monarquía, obligada por los acontecimientos, cede su lugar a un pueblo cansado del atraso y de la ineptitud, anhelante de justicia social y de libertad.

Ante una incruenta revolución democrática, intelectuales y viejos republicanos creen que España ha llegado al más alto grado de madurez política. Los obreros, el pueblo, todo pide libertad y justicia, ilusionado con la esperanza de que un régimen republicano emanado del mismo pueblo lograría la transformación de España.

Madrid, fotos: archivo Luis Perujo Álvarez

Con asombro el mundo veía un cambio de régimen con un ejercicio democrático ejemplar, como ejemplar fue su primera organización de gobierno; las Cortes Constituyentes, elegidas en junio de 1931, presentaban una mayoría republicana y socialista muy coherente que, integrada por intelectuales, juristas y viejos políticos, se preocupó, en primer término, por los problemas de la Constitución, la escuela, la Iglesia y el Ejército, cuestiones que habían dominado la historia del siglo XIX.

En diciembre España tenía una nueva Constitución, creada sobre el modelo de la República de Weimar, la más democrática de Europa. El parlamentarismo puro triunfó con la cámara única. Un gobierno permanentemente responsable y el sufragio universal que se extendió a las mujeres y a los soldados. Sin embargo, contra todo lo que luego ocurrió, la idea de “poder moderador” fue predominante. El presidente de la República podía disolver dos veces la cámara, si bien quedaba obligado a justificar su decisión: el primer presidente, Niceto Alcalá Zamora, cuidaría con esmero esta función de equilibrio. Un Tribunal de Garantías juzgaba toda irregularidad constitucional y las regiones tenían el derecho de pedir un estatuto de autonomía, aunque la palabra “federalismo” aún no apareciera. España renunciaba también a la guerra y se adhería orgánicamente a la Sociedad de Naciones. En fin, un salto modernizador cuya evolución y puesta en práctica habría de conducirla a una guerra civil cuyas consecuencias aún hoy están vigentes y esperando la justa reparación.

La labor que tenían que hacer los sucesivos gobiernos republicanos era inmensa, la urgencia y la ansiedad de cambio del pueblo también; pero el intento de modernizar a un país tan problemático y contradictorio, con tantos rezagos en todos los órdenes, en lo social, económico y político, tocaría forzosamente intereses muy arraigados en la sociedad española, en las jerarquías eclesiásticas, del ejército y de los grandes propietarios, así como de las clases subalternas con las que se interrelacionan.

Estos importantes sectores de la sociedad española respondieron violentamente ante la posibilidad de perder los excesivos privilegios de que gozaban, y que tendrían que ir dejando ante preceptos constitucionales y leyes como las que se estaban promulgando.

Era fundamental plantear en lo político, en lo económico y en lo social que “todos los españoles son iguales ante la ley”, y que “no podrán ser fundamento de privilegio jurídico: la naturaleza, la filiación, el sexo, la clase social, la riqueza, las ideas políticas ni las creencias religiosas”.

“Toda la riqueza del país, sea quien fuere su dueño, está subordinada a los intereses de la economía nacional y afecta al sostenimiento de las cargas públicas, con arreglo a la Constitución y a las leyes.”

Se establecía el derecho de expropiación como facultad del Estado, y la socialización de las riquezas naturales y de las empresas económicas, delimitándose por la legislación, la propiedad y las facultades del Estado y las regiones.

Se incorporaba a las mujeres a la vida social y se establecía que: “Los ciudadanos de uno y otro sexo, mayores de veintitrés años, tendrán los mimos derechos electorales conforme determinen las leyes.” A partir de entonces la mujer podía votar y se establecía la ley del divorcio, adelanto del que muchos países europeos carecían. En definitiva se integraba a las mujeres a la vida social del país, al trabajo.

Para los republicanos fue claro y prioritario que, sin empeñarse en una tarea educativa que elevara el nivel cultural de los españoles, no podría democratizarse al país, ni cumplir con la esperada justicia social: “La República legislará en el sentido de facilitar a los españoles económicamente necesitados el acceso a todos los grados de enseñanza, a fin de que no se halle condicionado más que por la aptitud y la vocación.” “La enseñanza primaria será gratuita y obligatoria... y será laica –al igual que el Estado Español, Art. 48– y hará del trabajo el eje de su actividad metodológica y se inspirará en ideales de humanidad.”

Así, la República se ocupa a fondo en la reestructuración de todo el sistema educativo oficial y en tareas de alfabetización extraordinarias, como fue el programa de las Misiones Pedagógicas y del apoyo extraordinario a la cultura: “El servicio de la cultura es atribución esencial del Estado, y lo prestará mediante instituciones educativas enlazadas por el sistema de la escuela unificada.”

Incluso en plena guerra civil, la República sorprende al mundo con la vitalidad del Pabellón español en la Feria Internacional de París.

La firme creencia de que la educación era la única salida para España fue tan fuerte que aun en plena guerra civil se crearon escuelas para los niños desplazados, se alfabetizó a los soldados en el frente y todavía en los campos de concentración en Francia, y luego, en el exilio, en los distintos países de acogida, como en México, la República continúo con la tarea cultural que se había propuesto.

Al intentar llevar a la práctica estas leyes que habían sido amplia y acaloradamente discutidas en las Cortes, los republicanos se enfrentaron también al analfabetismo. La ignorancia y la miseria de extensas zonas rurales, donde los campesinos trabajaban de sol a sol para el gran terrateniente, hacía casi imposible introducir cambios en el orden establecido. Fue así como se contrapusieron a fondo las dos Españas del poeta Antonio Machado y aún está por llegar la que ofrecía un mañana de libertad, de igualdad y de progreso.

Sería muy ambicioso pretender hacer aquí un análisis de la Constitución Española y de la obra y los avances de la República en su corta vida. Joven república que se vio abruptamente cortada por la violencia del alzamiento militar que, uniendo a terratenientes con la alta burguesía, la iglesia oscurantista y los regímenes nazifascistas de Alemania e Italia, llevaron al país a una cruenta y desigual guerra civil, con cientos de miles de muertos, la brutal y despiadada represión interna y el largo exilio para muchos. El castigo era por haberse comprometido con el orden legal institucional que el pueblo español había elegido con su voto y defendido con su vida.

Hoy, a ochenta años de la promulgación de la II República Española, es necesario refrendar su vigencia, recordarla, hacerle un homenaje a todo un pueblo que en su pretensión de libertad y democracia dictó un ejemplo difícil de seguir, y decirle al mundo y a la España actual que no es posible olvidar.

¡Viva la ii República Española!.

* Presidente de Asociación de Descendientes del Exilio Español