La Procuraduría General de la República (PGR) negocia con autoridades de Estados Unidos que agentes del Departamento de Alcohol, Tabaco y Armas (ATF, por sus siglas en inglés) sean enjuiciados por haber participado en el tráfico ilegal de al menos dos mil armas de grueso calibre a territorio mexicano, como parte del operativo Rápido y furioso, revelaron funcionarios mexicanos que participan en el gabinete de seguridad nacional.

Desde mediados de marzo, la Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales inició la petición de información al gobierno de Estados Unidos y la identificación de todos los que participaron en el operativo, al tiempo que la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) comenzó una averiguación previa.

Los funcionarios consultados señalaron que, durante la gestión de Arturo Chávez Chávez, el Ministerio Público Federal impulsó que las autoridades de Estados Unidos revelaran a la PGR los nombres de los agentes y funcionarios de ATF involucrados en el trasiego de más de dos mil armas hacia México.

De acuerdo con la información recabada, funcionarios mexicanos que participan en los grupos de intercambio y colaboración con los estadunidenses siguen las negociaciones para que los agentes de ATF sean sancionados penalmente en aquel país.

Supuestamente, de las dos mil armas que ingresaron ilegalmente a México, unas 750 fueron recuperadas, y en al menos dos casos ese equipo fue utilizado para asesinar a agentes estadunidenses; el primero de ellos en diciembre de 2010, Brian Terry, integrante de la Patrulla Fronteriza, quien fue ultimado en Arizona por presuntos delincuentes mexicanos, y en febrero de este año, en San Luis Potosí, integrantes de Los Zetas mataron a Jaime Zapata, agente del Departamento de Migración y Aduanas (ICE).

Por esos asesinatos el agente de ATF John Dodson reveló a la cadena CBS News el operativo Rápido y furioso y con ello se iniciaron las investigaciones en México y Estados Unidos.

Por otra parte, el gobierno mexicano buscará llevar ante tribunales de Estados Unidos a fabricantes y distribuidores de armas que han sido vendidas a grupos criminales mexicanos, según un reporte de la cadena de televisión CBS News.