Opinión
Ver día anteriorMartes 3 de mayo de 2011Ver día siguienteEdiciones anteriores
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Un remedo de ley migratoria
Ana María Aragonés
P

or lo visto nuestros políticos siempre se quedan a medias cuando se trata de llevar a cabo cambios importantes bajo la idea, expresada por muchos de ellos, de que no se puede el todo o nada, por tanto es mejor tantito. Y con este tantito, siempre hacen las cosas mal tratando de tapar el ojo al macho, pues ahora los migrantes centroamericanos con la Policía Fronteriza saldrán de Guatemala para entrar en guatepeor.

La Cámara de Diputados aprobó la minuta del Senado por la cual se expidió la nueva Ley de Migración, con lo que se busca frenar agresiones en contra de migrantes, y obliga a las instituciones del Estado a respetar los derechos humanos de los indocumentados. Son propuestas intachables, y es justamente lo que se pretendía desde el principio por parte de un conjunto de organizaciones no gubernamentales, académicos, personas que defienden de diversas maneras a los migrantes, etcétera.

Pero resulta que, en absoluta contradicción con lo señalado precedentemente, los legisladores federales aprobaron crear nada menos que la Policía Fronteriza, que para mayor escarnio estará bajo la dirección del Ministerio Público y tendrá facultades para prevenir delitos y realizar vigilancia de puertos, aeropuertos y zonas fronterizas.

¿Cuáles son los problemas que representará esta Policía Fronteriza? En primer lugar, depender del Ministerio Público, y no es necesario hacer demasiadas descripciones, sólo habría que enfatizar que es una institución que ha demostrado ser de las más corruptas del país. Pero además, va a estar supeditada a los recursos de la Policía Federal, vinculación que nos pone a temblar, pues tampoco ha probado cabal honestidad ni honradez en muchos de sus cuerpos policiacos. Recordemos al padre Alejandro Solalinde y sus expresiones en relación con que no sabía de qué parte estaba la Policía Federal.

Creemos que es una forma de disfrazar la realidad al señalar que este grupo se especializará en el combate al tráfico de armas, explosivos, insumos para el fomento de la adulteración de medicinas, bebidas alcohólicas o cualquier otra sustancia de consumo humano, así como vigilar los procedimientos en materia aduanal, puesto que no puede dejarse de lado el hecho de que por ahí también pasan los migrantes. De modo que lo que los legisladores han logrado es establecer un filtro contra estas personas, a los que se les puede achacar cualquier cantidad de delitos que se les ocurra a los policías. No hay que olvidar que se trata de policías que no están educados para respetar a los derechos humanos, y esto es una labor que ni siquiera se plantea.

Por otro lado, combatir la corrupción del Instituto Nacional de Migración, con la creación del sistema de profesionalización y certificación de personal, a través de un Centro de Evaluación y Control de Confianza suena muy bien, pero genera dudas pues no siempre son controles lo suficientemente eficientes que uno esperaría, además de que, nuevamente, se deja de lado un requisito fundamental, que es calificar al personal en relación con el respeto de los derechos humanos.

Resulta muy preocupante que los migrantes irregulares serán detenidos, si bien sólo podrán ser presentados por el INM y la detención no podrá exceder de 36 horas. De tal manera que la idea que se tenía en relación con el irrestricto respeto a los derechos humanos de los migrantes nacionales y extranjeros, sea cual fuere su origen, nacionalidad, género, etnia, edad y situación migratoria queda en el limbo, pues la ley no otorgará la visa de migrante, que evitaría su criminalización y sería la prueba fehaciente de que se respeta su derecho humano a migrar.

Las únicas calidades migratorias que se aprobaron fueron la de visitante, que se otorgará a los extranjeros que van a permanecer por estancias cortas en el país, ya sea como turistas o personas de negocios; la de visitantes con permiso para recibir una remuneración en el país, por estancias menores a 180 días, y otra para visitantes o trabajadores de las regiones fronterizas. La residencia temporal se podrá otorgar a los extranjeros que deseen permanecer en el país menos de cuatro años, y en esta categoría se incluye a los estudiantes, que podrán radicar en México por el tiempo que duren sus estudios. Los migrantes no son ni turistas ni hombres de negocios, ni estudiantes. De tal manera que suponer que con esta legislación el Estado mexicano refuerza su compromiso inquebrantable con el respeto de los derechos humanos de las personas, independientemente de su situación migratoria, es una falacia.

La realidad es que gracias a los legisladores se logró un remedo de ley ligratoria, sin superarse la criminalización de los migrantes en los hechos, para felicidad de Estados Unidos y de la Secretaría de Gobernación, que dijo estar muy satisfecha.