Después de la explosión en la mina Pasta de Conchos, ocurrida el 19 de febrero de 2006, se han repetido tragedias en varios yacimientos de la zona carbonífera del país. Desde esa fecha se han documentado siniestros en un yacimiento de la Siderúrgica de Coahuila; los pocitos Ferber; Vertical 4, El Boker, El Tesoro y otros, a los cuales se suma el de este martes en Sabinas, Coahuila.

En los 10 años recientes han fallecido 135 trabajadores –incluidos los 65 mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos–; de este total, 47 muertes ocurrieron de 2006 a la fecha.

Esta cifra de sangre se elevará con los cinco trabajadores que han muerto hasta el momento en la mina de Sabinas, mientras otros nueve siguen atrapados.

En un recuento de los siniestros ocurridos desde 2006, información de la organización Familia Pasta de Conchos da cuenta de que desde el periodo en que iniciaron la lucha por la recuperación de los cuerpos de sus parientes, lejos de ver atendida su demanda han documentado que continúan muriendo trabajadores por la misma situación, ya que las empresas no cubren los mínimos de seguridad.

Hasta la fecha hay más de mil 100 familiares directos afectados, incluidos más de 285 huérfanos, y ninguna de las empresas responsables ha reparado el daño.

Sólo pagan el funeral, y las autoridades nunca han fincado responsabilidades contra los propietarios por tantas muertes.

Socavones inseguros

La situación en materia de seguridad es grave. En la mina Lulú, propiedad de Minera Siderúrgica de Coahuila, fallecieron los trabajadores Juan Manuel Gómez y Daniel Vaquera, pero cuando se presentaron los inspectores de la Secretaría del Trabajo para investigar las muertes, la empresa aparentó el cierre del socavón y despidió a todo el personal sin pagar indemnización alguna.

Cristina Auerbach, abogada de Familia Pasta de Conchos, quien elaboró el recuento de los siniestros en la región carbonífera de Coahuila, detalló que otra tragedia ocurrió en el pocito Ferber, donde murió un trabajador, y a su esposa, Oralia Martínez, ni siquiera le pagaron los gastos del funeral, mucho menos una indemnización. No se hizo justicia a pesar de que existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos.

Recordó que en mayo de 2010, en el pocito Vertical 4 murió el trabajador Jesús Anaya y quedó incapacitado otro minero de nombre Víctor, quien ha laborado en ese yacimiento desde que era menor de edad.

En este caso tampoco se ha reparado el daño económico a los familiares del fallecido ni al trabajador que quedó incapacitado.

En cuanto al pocito El Boker, propiedad de la empresa Refacciones y Materiales de Sabinas, el 30 de julio de 2010 ocurrió un siniestro y quedaron atrapados dos mineros; uno de ellos, de nombre Plutarco, fue rescatado, mientras Ramón falleció en su primer día de trabajo. Hasta la fecha, ese pozo sigue en operación.

En agosto de 2010 falleció otro minero en el pocito Tesoro. El encargado del yacimiento dijo a los inspectores que no se trató de un accidente de trabajo, sino que el minero fue ejecutado por Los Zetas, que lo tiraron ahí.

El primero de mayo de 2010 murió José Luis Rivera Garza, tras un siniestro en la mina de carbón San Juan, ubicada en el municipio de Escobedo, Coahuila.

La abogada señaló que se solicitó una audiencia pública del Capítulo México de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción, ya que se considera que si las empresas actúan en forma tan impune es porque la autoridad lo permite. Además, se han denunciado otros casos ante instancias internacionales.