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Fue el periodo de más allanamientos ilegales, señala dirigente de comisión ciudadana

Torturas y violación de derechos, en supuesta pacificación de Tijuana hecha por Leyzaola
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No hubo purga real de las policías de Baja California, sino que se despidió y detuvo a gran número de agentes, en una estrategia para afianzar la militarización de la entidad, señala Raúl Ramírez Baena. La imagen, en TijuanaFoto Xinhua
Blanche Petrich
 
Periódico La Jornada
Jueves 19 de mayo de 2011, p. 4

El periodo en que el actual jefe de Seguridad Pública de Ciudad Juárez, teniente coronel Julián Leyzaola, encabezó la policía municipal de Tijuana se reconoce en medios oficiales como el periodo de pacificación de la ciudad fronteriza.

En realidad, explica Raúl Ramírez Baena, dirigente de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste, fue una pacificación aparente; fue también el periodo en el que recibimos más denuncias de allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias y, sobre todo, torturas. Y fue el periodo en el que aumentó escandalosamente el número de policías asesinados. Sólo en 2009 fueron más de 40 (tres o cuatro cada mes).

La clave del supuesto éxito de Leyzaola radicó en lo que fue presentado como una purga de elementos corruptos en el cuerpo policiaco local. “En efecto –dice Ramírez a La Jornada–, en 2009 hubo en Tijuana un número muy alto de agentes municipales despedidos e incluso detenidos y procesados, pero no se trató de una depuración real de la corporación. Fue una maniobra aplicada por Leyzaola y otros, no de manera aislada, sino como parte de una estrategia de mayor alcance para presentar estadísticas y afianzar el modelo de militarización en el estado”.

El método para determinar qué agentes habían caído en las redes de la corrupción se parecía más a un dominó que a una investigación seria, dice. “Nos dimos cuenta, en el proceso de integrar las denuncias y reconstruir los hechos, que el arresto de un policía –que derivaba en un nuevo caso de violación a sus derechos humanos– producía un efecto dominó. El agente detenido era trasladado y arraigado en la prisión militar de Aguaje de la Tuna; ahí era torturado en sesiones que en ocasiones dirigía el propio Leyzaola. Como consecuencia de la tortura, no de una indagatoria profesional, el policía daba nombres de otros presuntos agentes, y esto daba lugar a más arrestos, más torturas y más nombres.

Enormes inconsistencias en procedimientos judiciales

La mayoría de los policías detenidos ya están libres por la mala integración de sus expedientes, incluidos los 13 que fueron recluidos en el Real Inn. En otros casos, los detenidos siguen presos, con enormes inconsistencias en los procedimientos judiciales. Es la situación de 25 que están recluídos en México desde 2008, esperando un fallo tres años después.

Cada expediente se armaba con errores garrafales. La impartición de justicia fue nula. Esta brutalidad policiaca, documentada y denunciada a escalas nacional e internacional (hay un reporte de Amnistía Internacional sobre esto) fue justificada como un proceso de limpieza de la corporación policiaca, pero no hay tal. Ha sido un proceso fallido que a la larga resultó desastroso para Baja California, concluye.

Con el cambio de gobierno –en noviembre de 2010– y la llegada del empresario priísta Carlos Bustamante a la presidencia municipal, las cosas no han cambiado gran cosa y el método del efecto dominó continúa. Más aún, el capitán Gustavo Huerta, que era el segundo de Leyzaola y ahora ocupa su cargo, aplica la misma estrategia: detención arbitraria, delaciones basadas en declaraciones bajo tortura en lugar de investigaciones judiciales, más detenciones, más tortura. Aquí la tortura es la reina de las pruebas y es nuestro mayor problema, del que no se habla demasiado, lamenta.

Apenas el mes pasado, la SIEDO detuvo a tres policías en Mexicali. Ramírez Baena señala que al menos uno de ellos, arraigado en México, comprobó que fue torturado. Y soltó más nombres. La semana pasada ocho más fueron capturados. En Tecate fueron aprehendidas 21 personas, entre ellas cuatro policías. A todos les fue muy mal. Hemos podido comprobar torturas muy severas en todos los casos. Lo mismo con cuatro civiles detenidos en Playas de Rosarito. Amnistía Internacional comprobó y denunció la tortura en esos casos.

El activista asegura que el consulado de Estados Unidos, y el cónsul Kashkett concretamente, tienen conocimiento de todo esto. Distintas organizaciones de derechos humanos le informamos constantemente de esta situación y ellos se mantienen muy pendientes, ya que incluso algunas víctimas de tortura han sido ciudadanos estadunidenses.

Enlaces:

Los cables sobre México en WikiLeaks

Sitio especial de La Jornada sobre WikiLeaks