21 de mayo de 2011     Número 44

Directora General: CARMEN LIRA SAADE
Director Fundador: CARLOS PAYAN VELVER

Suplemento Informativo de La Jornada

De facto, la ley de protección del maíz
de Tlaxcala
frena los transgénicos

  • La legislación respeta los conceptos de la LBOGM, pero incorpora a nivel estatal
    candados que protegen el derecho a una alimentación sana

ILUSTRACIÓN: Hernán García Crespo

Lourdes Edith Rudiño

Si bien la Ley de Fomento y Protección al Maíz del Estado de Tlaxcala no prohíbe expresamente la siembra de maíz transgénico –pues no podría ponerse por encima de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM), que es federal y que establece las regulaciones sobre tal siembra a escala nacional—“ sí fue trabajada de tal manera que no permitirá que llegue al territorio del estado la semilla transgénica ni siquiera en su fase experimental, como ya ha llegado a otras entidades de la República; tiene una serie de candados con los que le da la vuelta a la LBOGM”.

Quien afirma esto es Ana Lilia Rivera –quien en 2008-11 fue la legisladora local (del PRD) que impulsó la aprobación de esa ley en el Congreso de Tlaxcala–. Explica: “Nuestra ley dice que los maíces transgénicos podrán ser almacenados, distribuidos y comercializados en Tlaxcala siempre y cuando cuenten con las autorizaciones federales y estatales correspondientes”; con ello asume conceptos de la LBOGM. “Pero agrega que la Secretaría de Salud estará facultada para ejercer todas las disposiciones de control sanitario. Ésta resolverá respetando en todo momento el derecho a una alimentación sana, libre de transgénicos”, derecho éste que fue involucrado en la propia ley como un derecho humano fundamental.

“Estas palabras de la ley de Tlaxcala lo que dicen es ‘te estoy tomando en cuenta, ley federal, pero te estoy dando la vuelta, porque cuando alguien diga vamos a almacenar semilla transgénica, nosotros le diremos que ‘no, porque no me has entregado este y este certificado’ y a lo mejor el peticionario presentarán certificados que autoricen, pero nosotros estaremos presentando los que dicen que no (…) Lo que hicimos fue entrar en el juego de la ley federal para tener la posibilidad de frenarla en nuestro estado”.

Ante las denostaciones que la ley de Tlaxcala ha recibido de parte de la Red en Defensa del Maíz y de algunos periodistas, quienes entre otras cosas arguyen que no implica una prohibición a los transgénicos, la ex legisladora y abogada dice que si la ley hubiera declarado al estado libre de transgénicos, “nos la hubieran inhabilitado federalmente, la hubiera tirado con un amparo”, pues hubiera incurrido en violación de la Constitución y de la LBOGM.

La ley de Tlaxcala, afirma, no fue hecha al vapor; su proceso legislativo tardó tres años: “es la más cabildeada de la historia del estado” y su redacción es muy cuidadosa.

El primer objetivo de la ley –“y es algo que no han entendido quienes la critican”—es declarar al maíz criollo como patrimonio de Tlaxcala. Tendríamos que contar con una ley federal que hubiera declarado al maíz como patrimonio de la nación. Acá lo declaramos como parte del patrimonio alimentario. Queremos fomentar el desarrollo sustentable del maíz criollo, promover su productividad, competitividad y biodiversidad del criollo, pues ello impulsará a los productores y de las comunidades que descienden de los que cultivaron originariamente el maíz, esto es los pocos grupos indígenas identificados en Tlaxcala que todavía sobreviven. Esto contará con recursos públicos, por ley”.

Subraya que quienes critican a la ley deberían enfocar sus baterías a enfrentar a la LBOGM, la cual ha establecido condiciones tales para que el territorio entero del país sea ya en este momento candidato a la siembra experimental de maíces transgénicos.

“Nosotros lo que decimos es ‘espérate, ley federal; aquí en Tlaxcala no puedes aplicarte, pues antes tienes que cumplir con absolutamente todos los requisitos de esta ley local’, cuyo primer obstáculo es que exige que se asegure y se demuestre científicamente que no se corre el riesgo de contaminar los maíces criollos. Para que esto pueda ser efectivo, entonces diseñamos un Consejo Estatal del Maíz, algo que no existe en ninguna otra parte del país y que permite a las representaciones civiles y a los representantes campesinos y de grupos indígenas tener un integrante.

“Por supuesto, al estar en un estado de derecho, donde queremos tener influencia en la entidad, el gobernador y el secretario de Fomento Agropecuario son parte de este Consejo. Si no tuviéramos en esta ley la posibilidad de esta cercanía con el gobierno, estaríamos mintiendo, no estaríamos haciendo nada. Desgraciadamente hay quienes creen que no tener ningún contacto con el gobierno es lo más sano, pero eso es lo peor que se le puede hacer a los campesinos mexicanos; es abrir la puerta para que entren los transgénicos sin la resistencia oficial de nadie. Ninguna lucha social sirve si no estás dentro, donde se toman decisiones”.

Comenta que fue una odisea lograr la aprobación de la ley pues ella era parte de un partido minoritario de oposición, el PRD, y además el PAN y el PRI no tenían interés en la ley; “al final fue un trabajo de conciencia porque “los legisladores vieron el arrastre social que la ley traía”. En el ínter de los tres años de cabildeo, se generaron foros, asambleas, etcétera. “Es el primer estado que declara asambleas anuales para informar a los productores qué es una semilla híbrida, qué es una semilla criolla, que es un transgénico”, y con esta información ya 27 ejidos se auto-declararon libres de transgénicos por medio de sus asambleas ejidales, y la Ley Agraria les permite tal atribución. Los ejidos están buscando actualmente que el Registro Agrario Nacional valide su decisión.

Críticas y respuestas

En las páginas de La Jornada articulistas como Silvia Ribeiro y Ana de Ita publicaron en marzo y abril varias críticas a la Ley de Fomento y Protección al Maíz para el Estado de Tlaxcala y a una similar de Michoacán; con ello apoyaron la posición expresada al respecto por la Red en Defensa del Maíz (RDM); aquí transcribimos algunos de sus planteamientos y, en paralelo, expresiones del Grupo Vicente Guerrero (GVG) y del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA) que emitieron un comunicado en mayo para refrendar el valor de la legislación.

Silvia Ribeiro (SR): “La RDM denunció leyes estatales aprobadas en Tlaxcala y Michoacán, que supuestamente son para proteger el maíz criollo, pero en realidad no impiden la siembra de transgénicos y sí promueven el registro, patentes y otras formas de propiedad intelectual sobre el maíz campesino. Establecen además nuevos mecanismos de control gubernamental (…) para ilegalizar la libre circulación e intercambio de semillas”.

Ana de Ita (AI): “La Ley de protección al maíz de Tlaxcala se promocionó ante la opinión pública nacional y extranjera como una norma que prohíbe el cultivo del maíz transgénico en el estado y lo declara libre de transgénicos”.

GVG-PIDAASSA: “La ley estatal no prohíbe expresamente la entrada de transgénicos porque no es de su competencia. Esto tendría que hacerse a través de una ley federal. Sin embargo lo positivo de la ley es que restringe y regula una mercancía (los transgénicos) que fomenta la federación. La ley tlaxcalteca representa por ello un obstáculo muy difícil de vencer para las empresas que pretenden introducir en nuestro país al maíz transgénico. Preguntamos: ¿acaso esto no signifi ca en la práctica impedir la entrada de los transgénicos, aunque la ley no lo diga expresamente?

”En materia de registros e inventarios, lo que hace esta norma es fomentar y proteger a los pequeños productores campesinos e indígenas, no a los grandes productores. Es por tanto la primera ley que toma partido a favor de los pequeños productores”.

SR: “Los consejos estatales del maíz, que se presentan como la nueva panacea, tienen una integración mayoritaria de funcionarios ofi ciales, con algunos académicos y ONG. En Tlaxcala aceptan también un indígena y un campesino (…) en cualquier caso, son solamente consultivos. Las decisiones quedan en manos de las secretarías de Agricultura de cada estado”.

GVG-PIDAASSA: “(…) El Consejo Ciudadano en defensa del maíz (que participará dentro del Consejo Estatal del Maíz) será un organismo autónomo que estará vigilante para garantizar que la ley se aplique de manera favorable a las comunidades y ejidos y a la defensa del patrimonio alimentario del estado”.

AI: “La Ley de maíz de Tlaxcala le llama autorización comunitaria a la autorización que da el municipio. Los intereses municipales no son siempre los de las comunidades, de ahí que llamarle autorización comunitaria es sólo mercadotecnia. La autorización estatal para las mismas acciones la da la Secretaría de Agricultura del estado (Sefoa)”.

GVG-PIDAASSA: La RDM dice no creer en el Estado ni en las leyes ni en las posibilidades de la acción e incidencia política; sin embargo, trabajan con diputados y con gobiernos estatales como el de Oaxaca (…)

“(…) El aspecto más importante de la ley es haber declarado al maíz nativo como patrimonio originario, lo que implica en la práctica y en la aplicación de la política pública que el estado está obligado a hacer todo lo necesario para que este patrimonio se preserve y se fomente. Para hacerlo, tiene entonces que resguardarlo de toda amenaza y la más importante son los transgénicos.

“(…) Hay que saber lo que para Tlaxcala signifi ca en términos históricos, políticos y de administración pública el concepto de autoridad municipal comunitaria (…)

“(…) el Estado y los gobiernos tienen la obligación de proteger los derechos de la sociedad rural y urbana y el patrimonio alimentario, y nosotros de exigirle que lo hagan y promover instrumentos que ayuden a ese fin; sabemos de las limitaciones de las leyes de un Estado neoliberal (…) La ley aprobada entonces es sólo un instrumento más.

Lo básico de la legislación

La cronología

La Ley de Fomento y Protección al Maíz del Estado de Tlaxcala –aprobada en la madrugada del 13 de enero de 2011— comenzó a escribirse desde 1997, cuando el Grupo Vicente Guerrero (GVG), uno de los grupos campesinos agroecológicos más antiguos de México, del municipio Españita, de Tlaxcala, comenzó un trabajo de promoción de las prácticas agroecológicas y de rechazo al uso de agroquímicos contaminantes.

En ese marco los campesinos del GVG generaron una discusión sobre la necesidad de rescatar y proteger sus semillas de maíz nativo y otras especies.

El Grupo decidió desde entonces actuar ante el riesgo real y vigente de que México, centro de origen del maíz, sea contaminado con variedades transgénicas.

Así, en 1998 el GVG echó a andar sus ferias anuales del maíz –cuya edición 14 se realizó en marzo pasado— con el objetivo de revalorar los maíces nativos y el intercambio de saberes y creó fondos de semillas de maíces y otros cultivos en más de una docena de comunidades y municipios del estado, práctica que fue infl uyendo a otras organizaciones dentro y fuera de Tlaxcala.

En 2004, el GVG y otras organizaciones campesinas hablaron con el gobierno de Tlaxcala y con legisladores locales para buscar mecanismos de protección a los maíces nativos, sobre todo por la presencia masiva de importaciones de maíces transgénicos procedentes de Estados Unidos. En ese entonces el diálogo con los políticos no logró nada.

En enero de 2008 inició una nueva legislatura. El GVG, aliado con investigadores de Tlaxcala y con el apoyo del Programa de Intercambio, Diálogo y Asesoría en Agricultura Sostenible y Soberanía Alimentaria (PIDAASSA), comenzó a promover con la entonces diputada Ana Lilia Rivera, del PRD, la nueva ley de fomento, y su aprobación tardó tres años. Fue votada en los últimos minutos de la legislatura; los diputados de los diversos partidos habían sido indiferentes a esta iniciativa, pero la presión social (múltiples cartas de las organizaciones y presencia campesina en el Congreso) logró que al fi nal fuera votada favorablemente.

Una de las formas ideadas por las organizaciones para impulsar que se aprobara la ley fue la creación de una asociación para coordinar la defensa del maíz, una ARIC –resultado de la Primera Asamblea por la Defensa del Maíz, realizada en diciembre de 2009–. La secretaria general de esta ARIC es la hoy ex diputada Ana Lilia Rivera, quien está hoy enfocada a preparar la propuesta de reglamento de la ley.

Liza Covantes* y René Sánchez Galindo**

La Constitución establece qué corresponde legislar a la federación y qué a los estados. Tlaxcala –igual que otras entidades federativas y municipios—tienen, entre otras, la facultad para regular la sanidad o salubridad, derechos y cultura indígena y derecho a la alimentación. Así, la Ley de Fomento y Protección al Maíz para el Estado de Tlaxcala se basa en estos tres derechos para proteger los maíces nativos o criollos.

En su Artículo Primero, la ley declara su objeto: I. Declarar al maíz criollo tlaxcalteca, como Patrimonio Alimentario del Estado de Tlaxcala; (…) IV. Promover las actividades de los productores, así como de las comunidades que descienden de aquellos que originariamente han cultivado el maíz; V. Establecer los mecanismos de protección al maíz criollo, en cuanto a su producción, comercialización, consumo y diversificación constante como Patrimonio Alimentario del Estado de Tlaxcala; VI. Regular el almacenamiento, distribución y comercialización del maíz criollo en cualquiera de sus etapas en materia de Sanidad Estatal, así como en materia de conservación, mejoramiento y preservación del hábitat y de las tierras; VII. Establecer las instituciones y procedimientos necesarios para que las autoridades estatales y municipales (…), y VIII. Establecer las bases de coordinación de las autoridades estatales y municipales con la Federación, y entre sí, para el mejor cumplimiento del objeto de esta Ley y de la Ley de Bioseguridad y Organismos Genéticamente Modificados (LBOGM) en el ámbito de las respectivas competencias”.

La ley toma partido por los que cultivan maíces nativos (en su mayoría pequeños productores) y faculta a las autoridades estatales para ser gestores de ellos y para obtener las poquísimas protecciones que la legislación federal permite, por ejemplo, con la fracción VII, para que la autoridad estatal o municipal solicite a la federación la definición de zona libre de organismos genéticamente modificados (OGM)” en una parte o el total del estado.

La protección de los maíces nativos implica que ningún transgénico podrá liberarse si afecta los tres derechos mencionados. En México la regulación de transgénicos, llamados con imprecisión OGM, se da vía la LBOGM y es facultad de la federación, y el Artículo 117 de la Constitución, en su fracción V dice que los estados no pueden prohibir la entrada o salida de mercancía nacional o extranjera. Tlaxcala entonces no puede prohibir los productos transgénicos o sus derivados, ni cualquier otra mercancía legal. Sin embargo, la ley de Tlaxcala representa un obstáculo normativo para estos organismos en aras de la protección del maíz.

El Artículo 4 de la ley dice: “Se reconoce a Tlaxcala como estado de origen y en diversificación constante de maíz”. La ley considera la diversificación del maíz, resultado de la selección del grano por el hombre, en un proceso constante y milenario de por lo menos ocho mil años, por lo que no hay posibilidad de exclusión de ninguna semilla campesina, salvo de las transgénicas o de laboratorio y contribuye al reconocimiento de México como centro de origen del cultivo.

En México la resistencia civil a la liberación del maíz transgénico para proteger al maíz en su centro de origen suma más de 12 años. Se han realizado acciones diversas: de difusión sobre los riesgos, de estrategia legal, incluso de participación en los espacios creados por la LBOGM, entre otras. El gobierno ha otorgado autorizaciones para experimentar con maíz transgénico, pero la acción civil ha evidenciado que éstas son violatorias de la propia LBOGM.

En este contexto, la ley tlaxcalteca es el primer ordenamiento jurídico concreto para proteger al cereal que sustenta la alimentación de la población mexicana.

Otros artículos claves de la ley tlaxcalteca son el 9 y el 10. El 9 dice: Se consideran como centros de abasto aquellos lugares destinados al almacenamiento, distribución y comercialización del maíz tanto originario y diversificado, como los OGMs del maíz. Los OGMs del maíz sólo podrán ser almacenados, distribuidos y comercializados, siempre y cuando cuenten con las autorizaciones federales y estatales correspondientes”. El 10: “La Secretaría de Salud (de Tlaxcala), en el ámbito de su competencia, resolverá sobre las autorizaciones de almacenamiento, distribución y comercialización de OGMs del maíz, en materia de Sanidad Estatal”.

Ambos facultan a la autoridad estatal para el control de transgénicos que impliquen riesgo para los maíces nativos, con disposiciones en materia de salubridad pública para vigilar, por ejemplo, al maíz transgénico que entre al estado para consumo humano y que, además de implicar un riesgo para la salud, signifique contaminación transgénica, por el desvío hacía la siembra de semillas concebidas para consumo, lo que ocurrió en Oaxaca en 2000 y está ampliamente documentado.

El Artículo 12 dice: “El Consejo Estatal del Maíz es un órgano de consulta del Poder Ejecutivo del Estado en la coordinación, planeación formulación, ejecución y evaluación de programas que se establezcan” en materia de protección al maíz criollo. Se crea espacio para la participación civil. La composición del Consejo dependerá de la continuación de la lucha de los impulsores de la ley y otros tlaxcaltecas interesados. Se le denomina órgano de consulta, pero está facultado ampliamente para proteger al maíz nativo desde el ámbito estatal.

El Artículo 49 dice: “La Secretaría de Fomento Agropecuario establecerá Fondos de Semillas de maíz criollo para proteger el Patrimonio Originario y de Diversificación Constante, así como el Patrimonio Alimentario. Los Fondos deberán garantizar a los productores la posibilidad de acceder al maíz criollo diversificado y libre de OGMs”. El Artículo 50 dice: “Los ejidos y municipios tendrán derecho a establecer y constituir Fondos de Semillas de maíz criollo, con el objeto de protegerlo y fomentarlo”. El Artículo 51 dice: “Cada fondo ejidal o municipal será administrado por un Comité que se designe, ya sea en consulta pública, por usos y costumbres o en asamblea ejidal, según corresponda”.

Estos artículos legalizan lo que campesinos del Grupo Vicente Guerrero hacen desde el 2000 y por lo cual han logrado rescatar maíces en vías de extinción, activar el intercambio de semillas y ahondar en el conocimiento de éstas. Los fondos serán un elemento de la política del estado para el fomento y protección de maíces nativos; no significa que las comunidades dejen de crear los propios. Pero la autoridad es la responsable de que los creados tanto por el gobierno como por los campesinos (actuales y futuros) no se contaminen con transgénicos, y contará con apoyo del Consejo Estatal del Maíz con participación civil (sea poca o mucha esta participación civil y bajo el riesgo inicial de su manipulación, mientras avanza el proceso civil en defensa del maíz).

Por último, enfatizamos que la ley prohíbe la discriminación que menoscabe los derechos de campesinos e indígenas. En cambio, establece acciones a su favor, igual que hacen los tratados internacionales de derechos humanos.

*Asesora de PIDAASSA **Abogado redactor de la Ley de Tlaxcala La ley y otros documentos relacionados pueden ser consultados en: www.vicenteguerrero.org.mx



FOTO: Agenda Veracruz

Huasteca

Ponerle límite a la extracción petrolera

Mauricio González González

La Huasteca está marcada por una epopeya campesina de mediados de los 70s del siglo XX. En un principio espontáneas y más tarde organizadas, innumerables tomas de tierra acaecieron por todos sus rincones. Los cálculos oficialistas de 1980 consignaban alrededor de 25 mil hectáreas ocupadas. La violencia imperante, arraigada en cacicazgos cobijados por discursos postrevolucionarios, se acrecentó. El reparto agrario había esperado mucho, la voz de los de abajo asumió la responsabilidad y, como era de esperarse, tuvo por táctica y estrategia la siembra de todo terreno recuperado, primero con frijol y luego con maíz, para más tarde, no sin cruentas represalias, consolidar nuevos centros de población.

El rastro de esa gesta prolongada hasta mediados de los 90 es legible, tanto por el dolor de los que a la fecha no tienen noticia de sus desaparecidos, como también por el hecho de que el objetivo que les arrojó a las tomas hoy es fehaciente: en estos momentos millones de matas de maíz crecen y espigan, a pesar de las escasas lluvias. El tonalmilli es la primera cosecha del año, con la que se reanudan las numerosas costumbres o rituales en honor a las “sombras de las semillas”, manifiestas una a una de milpa en milpa. Un proyecto campesino de raigambre indígena tomó tierras, se objetivó en numerosos ejidos y se potenció con cooperativas de cepa productiva, de autoabasto y comercialización.

No ha sido un camino fácil, la marginación a pequeños productores junto a las políticas neoliberales minaron muchos esfuerzos, y sin embargo siguen en rumbo.

Pero las amenazas no cesan y otra más actualmente toma rostro con capital extranjero. Un proyecto petrolero abandonado en los años 80s por falible e improcedente ha sido resucitado: el Paleocanal de Chicontepec, oficialmente llamado Aceite Terciario del Golfo. Ubicado en la cuenca Tampico-Misantla, contempla la extracción de petróleo en una superficie de tres mil 815 kilómetros cuadrados, donde se pretende perforar 16 mil pozos con los que se espera obtener más del 20 por ciento del volumen nacional para 2015. Para ello Pemex incluyó a diversas corporaciones trasnacionales en actividades de exploración e instalación de infraestructura, y anunció que este año pretende implementar contratos incentivados para que dichas empresas participen en la explotación. Para algunos legisladores promotores de este proyecto, sus detractores sólo tienen “posturas políticas en contra del gobierno federal” que desinforman e impiden que se vean los “beneficios que les traería esta actividad económica”. Si bien aciertan en que hay un argumento político, evaden algunas otras objeciones.

Desde 2006, numerosas asambleas comunitarias y ejidales han manifestado preocupación por las afectaciones a parcelas y cuerpos de agua. Los proyectos petroleros no son nuevos en la región, buena parte de la historia del petróleo en México se escribió en la Huasteca y cuando los pobladores hablan de riesgos saben a qué se refieren, ejemplificados por los nocivos efectos del método de fractura hidráulica.

Por otro lado, algunas organizaciones campesinas, como el Comité de Derechos Humanos de las Huastecas y la Sierra Oriental (Codhhso), han expresado su preocupación por los potenciales desalojos que se pueden sufrir. Ven en este proyecto un embate más de los numerosos despojos territoriales que se implementan en todo el país y que, en materia petrolera, han afectado buena parte de la costa del Golfo de México. Junto a ellos diferentes promotores culturales, profesores e investigadores del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) y de diversas universidades señalan los riesgos de imponer un proyecto así en una región pluricultural.

La dinámica del petróleo no es sólo productiva, golpea los cimientos organizativos y culturales de toda la sociedad, borrando el rastro de lo que subyace. Lo hemos constatado en Ciudad del Carmen, Minatitlán y Poza Rica, por mencionar sólo algunos casos.

Más aún, los argumentos productivos de los proyectos son frágiles. A pesar de la multimillonaria inversión hacia empresas trasnacionales, actualmente el Paleocanal sólo ofrece el uno por ciento de la producción nacional. El problema no es de inversión sino, tal como lo ha denunciado en innumerables ocasiones Antonio Gershenson, es de cálculos basados en reservas probables, no probadas. Si la resistencia a ese proyecto tiene un cariz político, lo es en tanto que defiende la soberanía nacional, pero ello está imbricado con la defensa ambiental, económica, social, cultural y de mundos de vida milenarios en riesgo bajo un proyecto extractivo guiado por intereses económicos transnacionales. La resistencia ya suma a diversos, y diversas son también sus acciones. Quedan todos convocados.

UAM-X / CEDICAR / MNA-INAH

Puebla

Defensa del territorio:
Macehuales y coyomes de Cuetzalan

Alejandra Meza Velarde

El 24 de noviembre pasado el Cabildo municipal en sesión abierta y pobladores de Cuetzalan rechazaron por unanimidad la instalación de una tienda de Wal Mart que ofrece crear 60 empleos pero impactaría en la economía local de 300 establecimientos comerciales y dejaría sin trabajo a mil 600 personas que dependen de estos negocios.

Según informó doña Rufina Villa, secretaría del Comité del Ordenamiento Ecológico, recientemente organizado en el municipio, la tienda de la trasnacional afectaría también al tianguis semanal en el que se comercializan los productos campesinos del “jardín del café”.

Unos días antes, el 27 de septiembre, una asamblea de la comunidad de San Miguel Tzinacapan prohibió a Televisa filmar la fiesta de San Miguel Arcángel; la empresa había ofrecido a cambio pintar el templo. La consigna de los pobladores fue: “nuestra cultura no se vende”.

Estos hechos simbolizan la respuesta social que desde hace un año han venido construyendo los habitantes y las organizaciones sociales de este municipio de la Sierra Norte de Puebla, el cual es mayoritariamente indígena (macehual) y ha conseguido hilvanar su proceso organizativo con la población mestiza (coyome), con el propósito de defender su territorio.

Ante el riesgo de verse despojados de su cultura y de las riquezas naturales de Cuetzalan, así como del control del comercio, las organizaciones sociales, productivas y comunitarias cuetzaltecas agrupadas en la Colectivo Regional para el Desarrollo con Identidad (Cordesi) –que cuenta con la participación de Tosepan Titataniske, Cadem, Masehual Sihuamej y otras muy importantes organizaciones de larga trayectoria en el municipio— se han movilizado y, junto con autoridades del municipio, tuvieron la iniciativa de convocar al Centro Universitario para la Preservación de Desastres Regionales de la Universidad Autónoma de Puebla (Cupreder/ UAP), por su experiencia en ordenamientos territoriales.

La motivación de las organizaciones sociales y autoridades municipales para que realizar el Programa de Ordenamiento Ecológico Territorial de Cuetzalan, surgió al conocerse el interés de la Comisión para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas (CDI) de establecer un proyecto turístico denominado Atequiza Cuauhtinchan, que se apropiaría de manantiales y contaminaría el agua potable que abastece con dificultad al municipio.

Entre octubre de 2009 y febrero de 2010, el Cupreder, la Facultad de Economía de la UAP y la asociación civil Altépetl, realizaron dos rondas de talleres con la participación de más de mil 300 personas: campesinos, autoridades locales, comités, escuelas, cooperativas, organizaciones, jueces de paz, mayordomos, prestadores de servicios, productores y grupos culturales, entre otros. La primera fase fue para analizar la problemática en cada una de las ocho juntas auxiliares. En la segunda el Cupreder presentó los resultados de un diagnóstico y el modelo de un instrumento que les permitirá gestionar su territorio para detener el avance del deterioro ambiental, pero sin vulnerar los usos, costumbres y derechos de la población de Cuetzalan, uno de los lugares de enorme relevancia socio-ambiental, con mayor índice pluvial en el mundo y que gracias a la cultura de producción en la diversidad ha logrado conservar los bosques y las selvas.

La emotiva aprobación del ordenamiento realizada en octubre pasado, luego de 14 meses de trabajo cuenta con un Comité del Ordenamiento Ecológico de Cuetzalan (COEC). Sus miembros mencionaron en esa ocasión: “apenas estamos empezando”. El primer reto que han enfrentado, conjuntamente con la Presidencia Municipal y la UAP, fue el rechazo a la tienda de la trasnacional estadounidense, un hecho histórico en el que una comunidad indígena actúa en defensa de su territorio y de su cultura.