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Amenazas de muerte a congresista que investigaba a Álvaro Uribe

Avance histórico en Colombia, la ley para resarcir a víctimas del conflicto armado: ONU
Dpa, Afp y Notimex
 
Periódico La Jornada
Jueves 26 de mayo de 2011, p. 27

Bogotá, 25 de mayo. El representante en Colombia del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Christian Salazar, calificó este miércoles como un avance histórico la aprobación anoche en el Congreso de una ley para resarcir a las víctimas del conflicto armado y restituirles sus tierras, que podrían ser hasta 4 millones de personas a partir de 1985.

La ley fue aprobada la noche del martes en su último debate y ahora tendrá que ser examinada por una comisión formada por delegados del Senado y la Cámara de Representantes para conciliar un texto único, pues ambas instancias la avalaron con diferencias.

Los alcances de esta legislación, sus objetivos, todo eso lo hace una ley que realmente va a cambiar en muchos aspectos la historia del país, declaró el presidente colombiano, Juan Manuel Santos, que la considera una bandera de su gobierno. El gran desafío ahora es crear los mecanismos, la institucionalidad, para que esta ley y sus objetivos se puedan convertir en una realidad.

Con la aplicación de la legislación, que estará vigente 10 años, las víctimas del conflicto armado desde enero de 1985 podrán recibir una reparación económica del Estado, mientras que las personas que sufrieron el despojo de sus tierras desde el mismo mes de 1991 podrán recuperarlas en rápidos procesos administrativos.

El ministro de Agricultura, Juan Camilo Restrepo, dijo que en el caso de la restitución de tierras se busca que 6 millones de hectáreas vuelvan a las manos de sus dueños originales.

Al menos 2 millones de hectáreas han sido robadas por paramilitares y guerrilleros, mientras que 4 millones fueron abandonadas por sus dueños y usurpadas por miembros de los grupos armados a raíz de problemas de seguridad en diversas regiones del país.

En otro orden, el congresista Camilo Andrés Abril, designado por la Cámara baja para investigar al ex presidente Álvaro Uribe por un escándalo de espionaje, renunció este miércoles después de recibir amenazas de muerte.

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