El ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Juan N. Silva Meza, advirtió que en el combate al crimen organizado hay un falso dilema sobre seguridad o derechos; combate a la inseguridad o vigencia de la Constitución; convivencia pacífica o libertades, y que la existencia de fenómenos extraordinarios no deslegitima el pacto social por el que se establecen límites al poder del Estado en el respeto de las garantías constitucionales previstas para la protección de los individuos.

Al participar en la Conferencia internacional sobre seguridad y justicia en democracia, que organiza la UNAM, Silva Meza agregó: es urgente lograr en el país un balance armónico entre consolidación de un régimen democrático que conduzca paulatinamente al desarrollo económico y a la superación de las desigualdades sociales y a la recuperación de la tranquilidad en la vida social, pues la confianza en las instituciones del Estado se está deteriorando.

Ante el rector de la UNAM, José Narro, y especialistas nacionales e internacionales que analizarán durante cinco días temas de seguridad, el ministro presidente sostuvo que democracia sin derechos es simple regla de mayoría, aritmética vacía de sentido.

En nuestros días, dijo, se hace más necesario insistir en que la democracia se articula fundamentalmente sobre los derechos de participación en los asuntos públicos y tiene como límites infranqueables a su poder de decisión los derechos humanos, consagrados en la Constitución y en instrumentos internacionales firmados por México.

Reconoció, sin embargo, que el Poder Judicial de la Federación no sólo llama a dar el servicio público de impartición de justicia con certeza y seguridad jurídica, sino también debe juzgar los ilícitos, sancionar desviaciones del orden constitucional, abatir la impunidad y erradicar la corrupción en su seno.

Por su parte, la ex ministra de Defensa de Colombia Marta Lucía Ramírez de Rincón señaló que para combatir eficientemente al crimen organizado se deben fortalecer las instituciones públicas, como la policía y el Ejército, las cuales deben actuar bajo el control civil y sobre la base del respeto pleno a los derechos humanos.

Ramírez de Rincón señaló que la lucha contra la delincuencia organizada no puede estar sujeta a intereses políticos ni individuales de algunos, sino que se debe aplicar una política de Estado a largo plazo, como hizo su país a partir de 2002, lo que ha permitido que en menos de diez años haya bajado el indíce de asesinatos, secuestros y de producción de drogas.

La ex funcionaria dijo que los gobiernos deben entender que la seguridad rebasa la protección de la ciudadanía ante posibles hechos delictivos; la seguridad que se necesita para reducir la criminalidad y el crimen organizado, dijo, tiene que ver con la seguridad alimentaria, educativa, laboral, la reducción de la desigualdad social y económica y el fomento de de oportunidades desarrollo, particularmente para los jóvenes.

Coincidió con Silva Meza en que el combate a la delincuencia debe estar acompañado del respeto a los derechos humanos.

El moderador del panel, José Woldenberg, afirmó que la seguridad es más una aspiración que una realidad, por lo que es urgente construir una política de Estado a largo plazo para enfrentar la inseguridad, pero que tenga como fundamento el respeto a los derechos humanos.