Buenos Aires, 8 de junio. El subsecretario de Desarrollo Urbano, Luis Alberto Bontempo, dijo este miércoles que no hay un certificado en la Fundación Madres de Plaza de Mayo que no esté invertido en ladrillos, al declarar ante la Comisión de Vivienda de la Cámara de Diputados sobre el uso de fondos públicos en una presunta estafa cometida por el ex administrador de Sueños Compartidos, iniciativa de la asociación presidida por Hebe de Bonafini, que ha construido más de mil viviendas en zonas pobres.

Se está mezclando un financiamiento con una estafa, advirtió Bontempo, acompañado del secretario de Obras Públicas, Abel Fatala. El subsecretario respondió preguntas sobre la investigación en torno a la presunta estafa y lavado de dinero cometida por Sergio Schoklender y su hermano Pablo, administradores de esos proyectos, y deslindó de la situación a la Asociación Madres de Plaza de Mayo.

Estos hechos están fuera del sistema de convenios para la construcción de viviendas acordado entre el estado y la entidad que preside Bonafini, explicó el funcionario.

Por su parte Fatala, quien respondió durante tres horas a diversas preguntas de la Comisión, aseguró que el gobierno nacional no otorga subsidios a la Fundación Madres de Plaza de Mayo, sino que se son transferencias de recursos para realizar obra pública como factor de inclusión social.

El pasado 8 de mayo Hebe de Bonafini, una de las dirigentes históricas de Madres, separó a Schoklender de la Fundación por divergencias serias y debido a denuncias de diputados de la opositora Coalición Cívica, pero también de la gubernamental Unidad de Información Financiera (UIF) que cuestionaron las cantidades de dinero que manejaba el acusado.

Bonafini está el frente de la Asociación de Madres de Plaza de Mayo, que en 1986 se separó del otro grupo que se constituyó como Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora.

Estas últimas salieron a advertir que están fuera del caso investigado, pero también reaccionaron ante una escalada de ataques contra esas organizaciones, por parte de personajes y grupos de derecha, que acusan a las madres de beneficiarse económicamente.

El pasado 2 de junio, miles de personas se congregaron en Plaza de Mayo para apoyar a las Madres ante esta campaña, que se considera una venganza ante el avance de los juicios y las condenas contra los responsables de crímenes de lesa humanidad perpetrados durante la pasada dictadura militar. Dicha campaña también va dirigida contra el gobierno de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Los Schoklender son estafadores y traidores. Pero una cosa son ellos y otras son las Madres, que pusimos el cuerpo 34 años para reivindicar a nuestros hijos, dijo Bonafini, y reiteró que el proyecto Sueños Compartidos continuará y este año entregará otras 800 viviendas de más de tres mil previstas.

Además de viviendas que ya están ocupadas se construyeron jardines de niños, centros de salud y talleres para capacitar a trabajadores, en una serie de obras que fueron ejemplo en la región.

Bonafini denunció la intención de usar esta situación para deteriorar la imagen del gobierno. No quiero que toquen a la presidenta porque no tiene nada que ver con esto, advirtió.

Los funcionarios dieron detalles y cifras de todos los programas que se realizan en el campo social resaltando que en la construcción de este tipo de viviendas no se paga un solo peso que no esté colocado en obra y explicaron los programas con otras organizaciones como Cáritas, de la Iglesia Católica, y la seguridad y efectividad de los proyectos que se auditan en forma permanente.

Advirtieron que la justicia está trabajando activamente para establecer cómo se realizó el desfalco. Los fiscales avanzan en la investigación sobre si Schoklender es dueño de una de las empresas contratadas para la construcción y de propiedades, yates y hasta un avión, en lo que estarían implicados otros de sus asociados, que no pertenecen a la Fundación de las Madres.

Paro y movilización de un sector de la CTA

Hoy se realizó una marcha desde el Congreso a Plaza de Mayo y hubo bloqueos de calles y de algunas entradas a la ciudad durante el paro nacional y movilización convocado por un sector de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) que dirige Pablo Michel.

Aunque hubo una serie de reclamos al gobierno también detrás estaba la lucha interna que se vive en esa organización sindical que agrupa a empleados estatales, de salud, docentes, municipales y otros, pero que está dividida.

El otro sector encabezado por Hugo Yasky de docentes no participó.

El alcance de este paro nacional, acompañado políticamente por algunos opositores al gobierno como Proyecto Sur y movimientos radicalizados fue muy limitado. Los gremios poderosos del país están alineados detrás de la Confederación General del Trabajo.

En el interior, la movilización con bloqueos fue más visible en Rosario, pero también sin mayor impacto. No se reportaron incidentes.