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El 28 de junio de 1995 la policía estatal mató a 17 campesinos

Demandan seguimiento a la masacre ocurrida en Aguas Blancas, Guerrero
Héctor Briseño
Corresponsal
Periódico La Jornada
Domingo 26 de junio de 2011, p. 19

Acapulco, Gro., 25 de junio. Julio Mata Montiel, secretario ejecutivo de la Asociación de familiares de detenidos, desaparecidos y víctimas de violaciones de derechos humanos en México (Afadem), demandó la creación de una comisión de seguimiento para el crimen de lesa humanidad cometido contra 17 campesinos en el vado Aguas Blancas, municipio de Coyuca de Benítez, el 28 de junio de 1995.

Mata Montiel sostuvo que la comisión daría seguimiento a las recomendaciones emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por los hechos ocurridos en Aguas Blancas hace ya casi 16 años, pues pese al tiempo transcurrido, el crimen sigue en la impunidad.

Recordó que ese día elementos del agrupamiento motorizado de la policía estatal dispararon, por órdenes del entonces gobernador Rubén Figueroa Alcocer, en contra de los integrantes de la Organización Campesina de la Sierra del Sur que se dirigían a una concentración para exigir la presentación con vida de Gilberto Romero Vázquez, desaparecido el 24 de mayo de 1995, después de participar en un mitin en Atoyac de Álvarez, en la región de la Costa Grande.

Rubén Figueroa sigue impune, junto con todos los jefes policiacos y muchas otras personas que participaron en esta masacre, ya sea por la misma acción, por omisión o por la aquiescencia en ese sentido.

Sentenció que la masacre no es un crimen del pasado, es un crimen actual solapado por el gobierno federal y estatal, es un crimen de estado cometido por la policía de Guerrero.

Consideró que no hay condiciones políticas para crear una comisión de la verdad, pues actualmente el gobierno federal está gobernando con el Ejército Mexicano, que tiene a la población en estado de sitio en toda la República, son más de 40 mil asesinados y 10 mil desaparecidos, el Estado no va a permitir que se cite a los militares.

Propuso, en cambio, que se finquen las bases para crear un proceso abierto en el que se abran expedientes militares y de las diferentes policías, y se digitalicen para que la población pueda tener acceso a ellos.

Señaló que es más importante dar continuidad a la fiscalía especial para crímenes del pasado, que las investigaciones se lleven hasta las últimas consecuencias, que se cite a los militares a declarar y que las leyes mexicanas se adecuen a las normas internacionales de derechos humanos.

En el caso de Guerrero, expresó que el gobernador Ángel Aguirre Rivero tiene la obligación constitucional de dar seguimiento a los crímenes cometidos en la entidad, como la matanza de El Charco y Aguas Blancas.

Anunció que el martes próximo se efectuará una marcha por la avenida Costera de Acapulco, desde el asta bandera hasta el zócalo.