Morelia, Mich. Luisa María Calderón Hinojosa tiene derecho a recibir protección de elementos federales porque es hermana del Presidente de la República, pero como aspirante a la candidatura del Partido Acción Nacional a la gubernatura, tiene la obligación de sujetarse a las reglas que la ley electoral estipula; debería desprenderse de esa seguridad, como todos los precandidatos. Ninguno trae a su servicio agentes, bienes y recursos federales, afirmó el gobernador Leonel Godoy Rangel, quien se sumó a las denuncias del Partido de la Revolución Democrática por el bombardeo propagandístico del gobierno de la República en radio y televisión sobre los presuntos resultados de programas federales, que se suman a los anuncios espectaculares de Luisa María Cocoa Calderón, calcomanías gigantes en microbuses y otros anuncios de la panista. Interrogado acerca de las denuncias sobre gastos excesivos en la precampaña de Silvano Aureoles, ganador de candidatura del PRD al gobierno estatal, Godoy Rangel respondió que hubo un uso ostentoso de recursos públicos y nadie dice nada. Saben a quién me refiero. Sin embargo, confió en que el PRD saldrá fortalecido de la contienda interna, en la que participaron más de 300 mil militantes. Por algo hemos ganado siete veces consecutivas las elecciones constitucionales, dijo.

El Foro Permanente por la Comisión de la Verdad de San Juan Copala, Oaxaca, informó que Nicolás Merino, Aurelio Martínez y Leberano Martínez, integrantes del Movimiento de Unificación de la Lucha Triqui (MULT), irrumpieron ayer en el domicilio de Casimiro Martínez, vocero en la ciudad de México del municipio autónomo de San Juan Copala. Martínez, al igual que 134 indígenas triquis, fue amenazado de muerte por integrantes del MULT a finales de 2006, luego que el municipio se declaró autónomo. El foro exigió a Saúl Bolaños, subdirector de Políticas Públicas y Monitoreo de los Derechos Humanos de la Unidad para la Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, que aplique las medidas cautelares de protección solicitadas en octubre pasado por la Comisión Internacional de Derechos Humanos para familias que respaldan al municipio autónomo, e investigue el asalto a la morada de Martínez Aguilar.

La Central Campesina Cardenista (CCC) pidió a la Secretaría de la Reforma Agraria dialogar para evitar el desalojo de 116 familias que desde hace 15 años ocupan un predio de 870 hectáreas en Las Choapas, Veracruz. Max Correa, dirigente de la CCC, dijo que el desalojo más reciente ocurrió la madrugada de ayer, cuando 22 familias fueron expulsadas del ejido Otilio Montaño.